Desde que ocurrieron los hechos desafortunados en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, quienes capitalizaron este hecho fueron partidos y personajes de izquierda, con el viejo ardid de que “el responsable fue el Estado”. Las pesquisas de la entonces Fiscalía General de la República (PGR), al mando de Jesús Murillo Karam, dejó claro que en la desaparición de los jóvenes estaban involucrados grupos criminales que mantienen asolada las diversas regiones del estado sureño. Es más, se procedió penalmente en contra del presidente municipal de Iguala y de su esposa, a quienes se responsabilizó de manera directa de la desaparición.
Conforme devinieron las cosas y con una habilidad inaudita, quienes capitalizaron políticamente la situación se la endosaron al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y empezaron las protestas y las verdades a medias; la verdad histórica y la verdad jurídica. El gobierno de la República prácticamente asumió la responsabilidad de los hechos, dejando fuera de ella a la delincuencia organizada, a los grupos criminales llamados “Los Rojos” y sus adversarios en el negocio del trasiego de droga. Es más, ante le tesis oficial de la muerte e incineración de los cadáveres de los jóvenes en el basurero de Cocula, participó un grupo de expertos de otros países, tratando de dar luz a los hechos en sí mismos contradictorios y complejos. Se detuvo a decenas de personas: policías municipales y supuestos operadores de los grupos criminales en pugna, que hace menos de dos meses fueron liberados por un juez, dejando de nueva cuenta las cosas en la impunidad.
En poco, en muy poco contribuye la declaración apresurada e irresponsable del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado fin de semana, al reconocer que no fue el Estado el responsable de la desaparición de los 43. Ello representa no sólo un duro revés a los familiares de los desaparecidos, sino que echa por tierra las investigaciones que se han hecho al respecto, al poner una vez más en tela de juicio que las acusaciones hechas a la administración pasada carecieron de fundamento. Los padres y madres de familia que han ido de la Seca a la Meca en busca de justicia, deben sentirse una vez más defraudados ante estasdeclaraciones, cuando creían haber encontrado un aliciente en su cruzada por la aparición de sus hijos.
Ejecuciones al alza
La prudencia, que es también instrumento del buen gobierno, enseña que no hay que considerar a los gobernados seres irracionales o tontos. Y nos referimos a la insistencia del ejecutivo estatal a que Oaxaca es una de las diez entidades más seguras del país. Fue más allá. Lo mencionó en su III Informe de Gobierno, teniendo como telón de fondo el cruel asesinato de cinco elementos de la Policía Estatal en la comunidad de San Vicente Coatlán que, al menos durante los últimos cincuenta años, se ha perfilado como una población violenta y terreno propicio para el cultivo de amapola y marihuana. Este crimen, por cierto, en lugar de ser investigado y los responsables castigados, se ha sumergido en una nube de discrecionalidad y silencio.
Hacemos mención de lo anterior en virtud de que la ola criminal no ha cedido en territorio oaxaqueño. Por ejemplo, sólo el fin de semana anterior se registraron varios ilícitos, calificados como ejecuciones. Una persona del sexo masculino fue ejecutada en Tuxtepec, mientras caminaba por una calle transitada. Ello ocurrió a plena luz del día. El sábado 24 de noviembre por la tarde, un operador de moto-taxi corrió igual suerte en Juchitán de Zaragoza, mientras se encontraba en una peluquería. Como ya es usual en esta población, llega la familia, rebasa el cerco de seguridad y recoge el cadáver sin más para llevarlo a su domicilio, borrando las evidencias que pueden servir para las pesquisas que realiza la autoridad. Cuando los agentes de investigación arriban para realizar las primeras diligencias, ya no hay mucho qué hacer.
El domingo por la tarde, luego de que los vecinos de Santa Cruz Tagolaba, perteneciente a Santo Domingo Tehuantepec, reportaran a las corporaciones haber escuchado disparos de armas de fuego, fue encontrado el cadáver de un masculino. Se trató, sin duda alguna de un fin de semana caliente que ubica, de nueva cuenta, a Tuxtepec y a Juchitán, como las ciudades más violentas del estado y la primera, ya catalogada, como una de las más mortales en el país. Se trata pues sólo de ejemplos de que nuestra entidad no es, para nada, el remanso de paz que quisieran aparentar las autoridades. Y no se trata sólo de criticar o denostar, sino de que el ejecutivo debe exigirles a los responsables de las áreas de seguridad, mejores resultados y no que salgan con la cantaleta de siempre de que somos una entidad de las más seguras de México.
