Durante toda la semana anterior, un grupo reducido de supervisores y jefes de sector, perteneciente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), encabezados por el sempiterno ex dirigente del Cártel 22, Erangelio Mendoza González, se dedicó a fastidiar a la ciudadanía oaxaqueña, cerrando importantes cruceros y alterando la paz social. No han sido ni treinta personas las que han echado por la borda la tranquilidad ciudadana. Dichas acciones han generado repudio ciudadano y la exigencia al gobierno de Alejandro Murat a ponerle fin a esta política de chantaje y presión.
El IEEPO ha informado de manera oportuna de la apertura a las mesas de diálogo y la solución a las demandas de este reducido grupo de empleados del ramo educativo. Se han dado respuesta a las que están en su ámbito de competencia. Sin embargo, la cerrazón de Erangelio y seguidores se ha manifestado ante la negativa de las autoridades educativas a dotarlos de al menos 40 camionetas nuevas que, según el obstinado ex dirigente, servirán para que cada supervisor realice sus visitas a las zonas escolares a su cargo, con toda comodidad. Es decir, en tiempos de la austeridad republicana que ha dispuesto el gobierno federal, este sujeto sin escrúpulos pretende privilegios y onerosos desembolsos que, por supuesto, las autoridades educativas no pueden solventar, menos cuentan con el presupuesto autorizado para ello.
Otra de las demandas es dotarlos de oficinas confortables y decenas de peticiones más, muchas de las cuales no sólo están fuera de las atribuciones de las autoridades locales, sino incluso no están contempladas en ningún techo presupuestal o partida para tal efecto. Pese a ello, la cerrazón del personaje aludido raya en el absurdo. Se le ha manifestado apertura al diálogo, a plantear sus demandas de manera civilizada y apegadas a la realidad, a lo cual ha contestado con un: “no nos vamos a mover”. La movilización de estos servidores públicos ha tenido visos de violencia y agresión a la ciudadanía. Los oaxaqueños –tal vez no se ha entendido en las altas esferas del poder estatal- estamos hartos de este tipo de métodos de presión. Cualquier sujeto, grupo o comunidad, por las causas que tengan, justas, injustas o descabelladas, cierra carreteras o vialidades urbanas. Esto no puede seguir así. Es una aberración oficial permitir que se siga tomando a la ciudadanía como rehén.
Orden y legalidad en transporte
Organizaciones, sindicatos, confederaciones y grupos locales que regentean el transporte público concesionado siguen dando dolores de cabeza al gobierno. Los enfrentamientos ya son comunes. Taxistas contra moto-taxistas, en confrontación permanente por rutas; transportistas de materiales pétreos, pertenecientes a diversos sindicatos en lucha a muerte por el acarreo para tal o cual obra. Uno de los escenarios de estos zafarranchos y violencia ha sido la ciudad costeña de Pinotepa Nacional, con la consecuente ruptura del orden legal y el saldo de heridos y unidades incendiadas.
Uno de los factores de violencia permanente es la invasión de rutas por parte de moto-taxistas, en lugares en donde han sido rechazados tanto por la ciudadanía como por las mismas autoridades. Muchas unidades –como ya lo hemos comentado en este mismo espacio- operan en la ilegalidad, habida cuenta de que no tienen ni autorización ni cuentan con concesiones. Esto es: se han metido a la fuerza, exhibiendo favores políticos o padrinazgos que quieren llevar agua a su molino político. Los enfrentamientos como ya hemos dicho, se han convertido en algo común y cotidiano.
Ante este panorama llama la atención una reciente declaración de la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Mariana Nassar Piñeyro, en el sentido de que se aplicará la ley en materia de unidades irregulares, pues hay que recordar que no se han otorgado más concesiones. Y es que el problema de la saturación del transporte concesionado viene de lejos, incluso desde la creación de la Secretaría del Transporte (Setran), que lejos de regular y reordenarlo, convirtió a la dependencia en un tianguis de corrupción y otorgamiento ilegal. Luego vendría la creación de la Coordinación del Transporte (Cotran), en los tiempos del gobernador Ulises Ruiz, en cuyo último mes de gestión habría otorgado miles de permisos y concesiones, en una especie de venta nocturna.
Lo único que queda a las autoridades es meter orden y aplicar la ley vigente. Quienes estén fuera de norma deben ser sancionados, pero esta violencia y constantes conatos de zafarranchos deben terminar. En ello está asimismo, verificar que las unidades sean utilizadas para los fines para los cuales el gobierno les otorga la autorización y no ser vehículos del crimen organizado, para la distribución de droga, cobro de derecho de piso o secuestros.
