Por más de 24 horas, los días miércoles y jueves de la semana pasada, ciertas organizaciones caracterizadas por su beligerancia, como es el caso del Consejo para la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) y adláteres como el Consejo para la Defensa Ciudadana (Codeci) y Codep, mantuvieron bloqueado el crucero del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán. Los daños a pasajeros que llegaban o salían de Oaxaca fue brutal. Pero además, a ciudadanos que habitan en comunidades como Ánimas Trujano, San Bartolo y Santa María Coyotepec, eso sin tomar en cuenta todas las poblaciones que se ubican en la Carretera 175, Oaxaca-Puerto Ángel y la Carretera Oaxaca-Puerto Escondido.
Uno de los móviles de estos hampones disfrazados de luchadores, ha sido presionar al gobierno estatal para que deje sin efecto las órdenes de aprehensión en contra de los secuaces de Abraham Ramírez Vásquez, dirigente de Codedi, quienes estuvieron involucrados en el asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en Santiago Xanica, Miahuatlán, además del secuestro de dos efectivos de la Policía Estatal, que por fortuna fueron rescatados con vida, resultando con severos golpes que pusieron en peligro su vida. Es decir, lo que estos sujetos y aliados han buscado, además de extorsionar a las autoridades, ha sido impunidad.
Por fortuna, la Fiscalía General del Estado (FGEO), logro la aprehensión de uno de los presuntos criminales. La respuesta ha sido la movilización de dicha organización, pues sus dirigentes saben que con ello y emplazando al gobierno, crímenes como el que señalamos pasan sin recibir castigo. Ésa ha sido parte de la historia de Oaxaca. La impunidad disfrazada de lucha social y la aplicación de la ley, como represión. En efecto, esa ha sido la constante que, por supuesto, no debe ser más. El Estado, siempre lo hemos dicho, no debe dejar ningún resquicio de duda respecto a la vigencia de la ley y el derecho.
Nada, absolutamente nada justifica que un crimen como el del agente victimado en Xanica quede sin castigo, además porque fue golpeado y torturado hasta el cansancio, lo que significa que ahí se configuraron las agravantes de la ley, para considerarlo un homicidio doloso en toda la extensión de la palabra. No debe haber pues lugar para la impunidad. Es una lección que el gobierno debe dar para que todos sepan que nadie está por encima de la ley.
Hartazgo social y sus efectos
Hace unos meses, cuando pobladores de San Juan Mazatlán, Mixes, cerraron la Carretera Transístimica, por semanas, transportistas que circulan a menudo por dicha vía, acordaron cerrar por su parte la carretera e impedir que en las poblaciones de los rijosos y chantajistas, pudieran circular vehículos. Es decir, hicieron lo propio. No han faltado hechos que auguran violencia para desactivar los citados bloqueos carreteros. Y es que hay entre los diversos sectores sociales un justificado hartazgo que, por fortuna no han tenido efectos mortales. Pero no tarda en que una cosa parecida pueda ocurrir.
La semana anterior, cuando un grupo de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado Oaxaca (Ceneo), en apoyo a los maestros del nivel de secundarias que cerraron un conocido y concurrido crucero de la capital, pretendieron abordar un autobús urbano y bajar a los pasajeros, éstos respondieron y con insultos y apelativos, impidieron dicha maniobra. Un poco antes, mujeres de la tercera edad, incluso una mujer jubilada, los encaró con insultos. Es decir, lenta pero inexorablemente la ciudadanía va asumiendo la defensa del derecho a la libre circulación por su cuenta, pues saben que las autoridades no lo harán jamás. Esto es: se toma conciencia del daño que esta situación ha hecho a la paz social, la gobernabilidad y la economía.
Hay que subrayar que, como mucho lo hemos dicho en este mismo espacio editorial, conculcar los derechos civiles y atentar de manera constante en contra de ellos, más tarde que temprano tendrá efectos violentos. El fenómeno aún no se ha generalizado, pero ya estamos viendo brotes de inconformidad y respuesta. Estamos convencidos de que el gobierno jamás intervendrá en desalojos o abrir las vías, como ocurrió en la caseta de cobro en “Malpasito”, Tabasco, en donde fuerzas federales la rescataron a sangre y fuego. Y a la fecha nadie ha hecho olas, como ocurriría aquí, en donde la sobada lucha social, como ya hemos apuntado, se ha prostituido.
Esperamos que siempre prevalezca la razón y el buen juicio. Jamás podremos hacer apología de la violencia. Sin embargo, lo cierto es que ante la apatía, la irresponsabilidad del gobierno y la apatía de los funcionarios, no hay duda que el hilo pueda romperse por lo más delgado. Y hacia ahí nos encaminamos, por los hechos detallados al principio. Insistimos: el gobierno no debe ser omiso de su responsabilidad institucional y mantener el Estado de Derecho.
