Tienen razón aquellos que comparten la idea de que los viejos vicios, las inercias y la corrupción están tan arraigadas, que ya forman parte de la propia identidad de ciertas dependencias. Éste es el caso del Registro Civil que, sabemos, tiene ya algún tiempo con prácticas viciadas particularmente en aquellas regiones del estado en donde los medios de comunicación antes no permeaban, pero que ahora, con “las benditas redes sociales”, se difunden las noticias en tiempo real, es decir, con una velocidad inaudita, casi en el momento en que se dan las cosas. Es más, como lo publicamos el pasado miércoles 6 de noviembre, hay denuncias de afectados que les han cobrado hasta diez mil pesos por una aclaración en su acta de nacimiento.
Mientras esto ocurre y motiva indignación ciudadana, el titular del Registro Civil, Cristian Hernández Fuentes, reviró a nuestra nota principal fingiendo demencia, en el sentido de que dicha área del gobierno no utiliza gestores que, según él, son los que abonan a la corrupción. El problema del funcionario es que no está en sus oficinas. Éstas se quedan acéfalas, mientras el señor anda en las famosas Caravanas que encabeza la Presidenta Honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif), Ivette Morán de Murat, en donde al menos cuatro o cinco directores andan de cola, desconociendo lo que ocurre realmente en su familia. Una cuestión similar ocurre con el titular del Monte de Piedad, Edgardo Aguilar Escobar.
La semana pasada se difundió en medios impresos y electrónicos que la Secretaría de la Contraloría tenía ya listas las inhabilitaciones, sanciones y suspensiones de empleados de base y funcionarios menores. Se les señala de haber exigido dinero a cambio de un servicio, acción que fue video-grabada por el afectado. Si bien es cierto que, como dijo el titular de la dependencia que sanciona este tipo de prácticas, la instrucción del ejecutivo estatal es ir a fondo, no se entiende el por qué los titulares omisos e irresponsables tengan que pasar limpios cuando en su área ignoran o hacen mutis, respecto a las prácticas ilegales y corruptelas que se dan. Es más, según le ley deben ser sancionados por omisión o presunta complicidad, pues en la actual administración una cosa se dice que se hará y otra, muy distinta la que hacen los servidores públicos.
Programas fantasmas
El arribo del nuevo gobierno federal, llamado de la Cuarta Transformación, trajo consigo no sólo recortes presupuestarios en áreas claves de la economía, sino la presunción de una supina ignorancia respecto al movimiento de la economía y los rubros que la mueven. Obsesionado con la construcción de una refinería y un tren; obnubilado por Petróleos
Mexicanos y culpar de todo el fracaso de su gestión a los gobiernos neoliberales, el régimen de Andrés Manuel López Obrador, olvidó cuestiones sustanciales como son el apoyo al campo y al sector productivo. Programas como “Procampo”, “Alianza para el Campo” y otros desaparecieron, al igual que el programa que nutría a las estancias infantiles o el apoyo a los institutos de Salud.
Esta situación no la han entendido las organizaciones sociales y uniones de productores. Incluso, los gobiernos municipales se quedaron con la película del pasado. No se han informado de los cambios tan radicales que se han dado y buscan resarcir dichos apoyos, fastidiando al gobierno estatal y de paso a la ciudadanía oaxaqueña, con los abominables bloqueos carreteros y secuestro de servidores públicos. Porque es con chantaje como quieren que los apoyos y recursos les lleguen a las manos. Hay que recordar asimismo, que la ignorancia que prevalece en el Congreso local, en la mayoría de los y las legisladoras, ha hecho que rubros prioritarios desde el punto de vista presupuestal, queden a la zaga. Y es cual si fueran expertos en econometría o macroeconomía, nuestras lumbreras que despachan en el edificio legislativo de San Raymundo Jalpan, pusieron y quietaron a placer.
He ahí el por qué operan con presupuestos limitadísimos áreas que en otros gobiernos eran una prioridad. El mejor ejemplo de ello es la Fiscalía Especial para Delitos de Corrupción que tiene para el año 2020, sólo 10 millones de pesos. Es evidente que si acaso dichos recursos alcanzarán para transporte o viáticos, pero no para cumplir cabalmente el papel que tiene encomendada dicha área de la Fiscalía General del Estado. Si a ello agregamos el manido argumento del gobierno estatal, de que no hay recursos porque hace tres años recibió una administración pública desfondada, ahora entendemos por qué se hacen compromisos que luego no se cumplen. Y eso es justamente lo que funcionarios y operadores políticos deben espetarle en la cara a los manipuladores de ediles y organizaciones sociales y no hacer compromisos que saben, no van a cumplir.
