En agosto de 2018, circuló un video en el cual se mostraba a una empleada del Registro Civil, en actos de corrupción con un ciudadano que requirió los servicios de dicha institución. Trascendió que la empleada citada había hecho un cobro adicional, que está sancionado por la Ley de Responsabilidades Administrativas. El citado video se hizo viral y despertó severas críticas a la actual administración gubernamental. Ello, desde luego, no es un evento de reciente, sino un vicio viejo y muy arraigado en dependencias que tienen servicio al público. Esto es, las acciones de corrupción para agilizar un trámite, suavizar cierto asunto complejo, etc., a cambio de un pago debajo de la mesa, es casi una institución en el país y, por supuesto, Oaxaca.
Sin embargo, por lo comentado por el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, esta situación ha traído consigo repercusiones, habida cuenta de que tomaron el video como una prueba de cargo para tomar medidas drásticas, como es la inhabilitación, suspensión y amonestación a funcionarios y empleados del Registro Civil. Insistimos: el fenómeno no es nada nuevo. Eso ha existido siempre. Más aún, hay casos de escandalosa corrupción en los cuales los empleados no sólo piden 279 pesos para agilizar un acta de nacimiento, sino millones de pesos para el otorgamiento de las pocas obras que se han emprendido en este régimen.
Hay dependencias en las cuales los empleados de confianza deben entregar una cuota mensual a sus superiores jerárquicos, para poder conservar su empleo. En caso de incumplir con ello, pueden darse por despedidos. Pese a la secrecía con la que se manejan, este caso existe en varias áreas o las cuotas se maquillan con cooperaciones voluntarias para tal o cual festejo, reuniones u obras altruistas, el caso es que de los salarios devengados se les quita un porcentaje. Otro caso de escándalo no es la venta de plazas como lo que ocurrió a fines del gobierno de Gabino Cué sino incluso los nombramientos de confianza. Es decir, la Secretaría de la Contraloría tiene un amplio espectro para echar mano y sancionar las corruptelas, para que sirvan de escarmiento a quienes persisten en su propósito de violentar la ley. Las sanciones que estimaron ejemplares para el Registro Civil deben ser una lección para funcionarios mayores y menores y no sólo una advertencia o amenaza velada.
Echar la culpa al de atrás
Se ha convertido en una especie de moda en la política del gobierno de la Cuarta Transformación y también a nivel estatal, justificar los errores, bandazos y retrocesos, a los regímenes del pasado. Si no hay obra pública, si se piden préstamos a la banca privada, si no hay medicinas, etc., los responsables son los que se fueron. La culpa ajena está en boca de quienesho y tienen el candelero. No es la primera vez que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, saca a tema la mafia del poder, los gobiernos neoliberales, los corruptos del pasado. En Oaxaca, no obstante que el gobernador Alejandro Murat ha sido mesurado en ello, ya es común que se responsabilice de los males de este régimen a los que se fueron.
En una semana, el ejecutivo estatal estará rindiendo o entregando su III Informe de Gobierno, en el que dará cuenta del movimiento de la administración pública a su cargo, durante el año. La situación que hemos visto y vivido los oaxaqueños en ciertos rubros, como obras de infraestructura, salud, educación y seguridad, no son del todo halagüeñas. En la entidad no percibimos obras de relevancia. Es más, hay rubros que siguen con grandes rezagos, como es el caso de la reconstrucción de las viviendas y escuelas en la zona del Istmo de Tehuantepec, desde hace dos años. No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha detectado cantidades millonarias que no han sido solventadas por las autoridades locales.
En el tema de la gobernabilidad el gobernador Murat tiene que apretar las tuercas a sus colaboradores. Muchos de los problemas que existen en la entidad y que se traducen en mecanismos de chantaje y presión, como son los bloqueos carreteros, es porque no existen los mecanismos de atención a las inconformidades de parte del gobierno estatal. Otras veces son las falsas promesas. La ausencia de negociadores oficiales que distiendan los problemas se refleja en verdaderas afrentas a la ciudadanía. El mejor ejemplo son los bloqueos a vías que pueden prolongarse días o semanas, como es el caso del que montaron vecinos de San Francisco del Mar entre Niltepec y Zanatepec. La justificación cotidiana es que alguien los mueve y peor si es grupo o dirigente vinculado con el antiguo régimen o con los adversarios actuales. Siempre hay pues, una justificación, echándole la culpa a otros.
