La semana pasada fue liberado por un juez de control federal, el edil de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez, quien fue detenido unos días antes, luego de al menos seis cateos que instrumentó la Fiscalía General del Estado (FGEO), en dicha comunidad, en donde –afirma la dependencia- se descubrieron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Junto con el edil fueron detenidas siete personas más: dos comandantes de la Policía Municipal y otros cinco elementos. Los cargos no fueron nada simples: desaparición de personas y posesión de armas, que propiciaron los referidos cateos a varios domicilios.
García Velásquez fue privado de la libertad hasta en tanto se desahogaba el expediente. Si bien es cierto que él libró el cargo de desaparición de personas y sólo se le acreditó el de posesión de armas, no ocurrió lo mismo con sus colaboradores que fueron vinculados a proceso. La falta de pruebas, de los elementos necesarios para poder continuar con las indagatorias y demás, llevaron al juzgador a decretarle auto de libertad. No obstante que correspondió al agente del ministerio público de la Federación acreditar los elementos necesarios para vincularlo a proceso, es importante reconocer que no es la primera vez que la Fiscalía estatal pisa en falso en torno a casos graves.
Hace sólo unos días un sujeto que fue vinculado a proceso por presunto feminicidio, y pese a habérsele probado la culpabilidad, fue liberado por un juez de control del fuero común. La cuestión es similar: la parte acusatoria no realizó las investigaciones prudentes ni, mucho menos pudo sostener ante el juzgado, la responsabilidad del inculpado. La pregunta es: ¿existe tan escasa formación profesional o nula capacitación en los representantes de la sociedad, a favor de la justicia, que a menudo son exhibidos por no respetar el debido proceso o menos acreditar ante el juez los elementos para el juicio?
Se trata de un tema delicado. Nada existe en la democracia con una carga tan nociva que culpar sin pruebas; consignar a inocentes o detener a personas y luego soltarlas con el clásico: “Usted disculpe, nos equivocamos”. La FGEO está emplazada a poner bajo escrutinio a sus agentes del ministerio público a fin de detectar corruptelas, tráfico de influencias o conflicto de intereses, en los casos en que los jueces han liberado a los presuntos responsables de haber cometido ilícitos.
Lucha anti-corrupción: ¿Sin recursos?
La semana anterior, en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, se publicó una amplia entrevista con el titular de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, en donde afirma que pese a las restricciones presupuestales que ha tenido su área y la falta de autonomía, se han logrado dar pasos en la tarea de combatir la corrupción. En efecto, mucho hemos criticado que luego de los golpes –más bien mediáticos- respecto a los presuntos corruptos del gobierno anterior, no se hayan dado más consignaciones. Como si la maquinaria se hubiera detenido, manteniéndose sólo uno de quienes se dice saquearon el erario estatal en la pasada administración, privado de la libertad, pues el resto o fue liberado sin más o lleva su proceso en casa.
En días previos trascendió que para 2020, la citada Fiscalía tiene asignado un presupuesto de 10 millones de pesos, una cantidad irrisoria para un área que, se presume, tiene una gran responsabilidad con una de las tareas de gobierno: la lucha anti-corrupción. En el ínterin, se ha convertido en un secreto a voces el enfrentamiento que existe entre Iruegas y el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez. Es evidente pues que esta situación en nada contribuye a la buena marcha ni de una ni de otra. Los presuntos responsables de peculado, uso ilegal de los recursos públicos y otros ilícitos vinculados, pueden estar tranquilos sin que el poderoso brazo de la justicia los alcance.
Mientras los aludidos terminan con sus diferencias, el combate a los corruptos puede seguir esperando. Sin embargo, pesa sobre los legisladores (as), acreditados en el Congreso local, la responsabilidad de no asignar los recursos pertinentes a un área tan importante como la que mencionamos líneas arriba. Se habla de más de dos mil asuntos radicados ahí que no pueden ser desahogados y resueltos, justamente porque no existe ni el personal suficiente ni, mucho menos, los recursos que permitan responder con eficiencia a las expectativas que la sociedad oaxaqueña tiene en sus instituciones. Es aberrante que se pretenda que en la mendicidad un área de gobierno puede responder a temas tan escabrosos como es la lucha anti-corrupción. Se requiere ser muy ingenuo para pensar siquiera que con diez millones de pesos de presupuesto, haya siquiera una sola consignación.
