Los oaxaqueños en general, no nos mostramos tan sorprendidos del infierno que vivieron los habitantes de Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre. Aunque con sus especificidades, acá también vivimos de manera permanente acotados y secuestrados. Ora por maestros ora por organizaciones sociales o por cualquier hijo de vecino que forme un grupo de veinte personas o menos y paralice la economía con el argumento de que no le han resuelto tal o cual caso. La marcha de maestros del llamado Cártel 22, desató desde antes del viernes, una serie de atropellos a los derechos civiles. Fueron los maestros de secundarias generales quienes, con el pretexto de que nos les han hecho ciertos pagos, bloquearon un importante crucero.
El pasado viernes, con la irrisoria bandera de que no reciben atención digna y decorosa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), maestros y trabajadores de la educación marcharon por la ciudad, provocando un espantoso caos vial. Desde el inicio de clases, el pasado 26 de agosto, han realizado no menos de diez manifestaciones. Nada de educación, por supuesto. La costumbre de ganar la calle ya nadie se la quita. Así han vivido durante los últimos cuarenta años. Hay maestros que iniciaron sus labores con estos métodos y ahora jubilados los siguen usando. No cambian, pues.
En ese entorno de movilizaciones no faltaron los vándalos, mal llamados normalistas, que hicieron de las suyas: secuestrar autobuses del servicio urbano y bloquear cruceros. Un grupo de padres de familia de una secundaria y maestros hicieron lo propio en el lugar que ya tomaron como rehén: la Terminal de Autobuses de Primera Clase. Ahí, afectando a niños, ancianos y mujeres que tenían que viajar, obstruyeron las llegadas y salidas de las unidades, en una afrenta al derecho a la libre circulación y a las garantías individuales. Otros grupos también participaron, haciendo gala de dicho método abominable que, ante la pasividad de las autoridades, se ha convertido en una institución de presión y chantaje.
Quienes hemos padecido de manera constante esta forma tan ruin de presionar al gobierno estatal, estamos ciertos de que a éste poco le importa que grupos minoritarios lesionen los derechos colectivos. Simplemente se encogen de hombros y usan la llamada política del avestruz: esconder la cabeza. Insistimos: la ciudadanía oaxaqueña no sólo está harta de este tipo de acciones que bajo cualquier bandera vulneran los derechos colectivos, sino además, de funcionarios timoratos y torpes.
Desacuerdos y violencia
Desde hace al menos tres meses, el municipio de Tlacolula de Matamoros, distante a sólo 26 kilómetros de la capital, enfrenta una terrible polarización. Por una parte, existe un grupo de vecinos que –interés aparte- pretenden que las obras de reconstrucción de la antigua escuela Presidente Adolfo López Mateos, sean suspendidas, pues exigen que la misma sea reubicada en otro lugar. El argumento es que se necesita prolongar el espacio en el centro de la población y ampliar el parque municipal. Ése es el argumento usual y común. Vecinos de ahí informan que se pretende construir un centro comercial.
Por otro lado, están aquellos que defienden a capa y espada la permanencia de la escuela citada en el lugar que ya ocupa. Y se han aferrado a que así sea. Además, se trata de un terreno que es propiedad federal y que no puede pasar ni a la presidencia municipal ni, mucho menos, a particulares. El edil, Carlos León Monterrubio ha estado de un lado y de otro. Primero con unos y luego con otros. Pero a éste no le ayuda en nada su inconsistencia y poca seriedad con la que ha asumido el cargo. Hace sólo unos días le fue grabado un video en donde anuncia que va a renunciar, pese a que por ley no puede hacerlo. El único órgano que puede removerlo es el Congreso del Estado.
Lejos de paliar la situación en su municipio, se dedica a denostar a las mujeres que, dice, han vivido con él, tratándolas con calificativos inusuales. En otras circunstancias no da la cara. Da la espalda a los problemas, como fue el pasado viernes cuando los disturbios y la violencia amenazaron la estabilidad política de dicha población. Amén de todo ello, las autoridades estatales, particularmente la Secretaría General de Gobierno, han minimizado la situación. Enviaron a funcionarios sin la capacidad de resolver la situación de violencia y confrontación. La estrategia parece ser, prolongar la situación de los conflictos y mantenerlos vivos.
La crítica ciudadana se ha volcado, justamente, en la incapacidad institucional para resolver situaciones como las que mencionamos e inclusive, la falta de interlocución para evitar que se afecte la gobernabilidad y la paz social. Pero tal parece que ello no es lo que se privilegia en la actual administración, sino diferir la solución de los conflictos y más aún, dejar que crezcan y se desborden. Mientras tanto, que se friegue el ciudadano común.
