Ante los graves acontecimientos ocurridos en el país los últimos días, como dijimos el pasado lunes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo sometido a la crítica más severa del pueblo mexicano. Pareciera ser que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una concepción diferente de lo que implica el Estado de Derecho y la Constitución. Es evidente que el país atraviesa por una seria crisis de inseguridad. La pacificación del país al parecer, está concebida en el plano meramente discursivo y no de la aplicación de la ley.
Durante la entrevista mañanera llevada a cabo el viernes 18 de octubre en la Base Aérea de San Juan Bautista La Raya, en su intervención, el gobernador Alejandro Murat, insistió en que Oaxaca es de las diez entidades más seguras del país, según –dijo- del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). No es la primera vez que dicha instancia asegura tener los datos y las estadísticas que nos ubican como tal, pese a que en la percepción ciudadana no vamos bien y que la entidad se ha convertido en un matadero cotidiano.
Entendemos que ante lo que ocurre en ciertas entidades del país que, ciertamente atraviesan por situaciones de extrema violencia como son Guerrero, Michoacán, Guanajuato o Veracruz, el gobierno estatal tenga que echar las campanas al vuelo para festinar su estadística menor en la comisión de crímenes, ello no es garantía de que seamos una entidad pacífica. Hay que recordar las cuatro ejecuciones en Salina Cruz el pasado 13 de octubre o las cuatro ocurridas en el Valle de Etla, una semana antes. Tampoco se saludable omitir los homicidios dolosos diarios en Tuxtepec, como las tres ejecuciones el pasado fin de semana, lo cual la ha convertido en la capital del crimen para los oaxaqueños.
No conocemos los criterios del Sesnsp para considerar a Oaxaca como una entidad segura, si partimos de la premisa de que el país se está pudriendo en la inseguridad y el crimen. Es posible –insistimos- en que no estemos a la altura de Iguala, Guerrero o Aguililla, Michoacán, mucho menos como Culiacán, Sinaloa, sin embargo, tampoco estamos en paz absoluta. La inseguridad y la ingobernabilidad, ésta propiciada por organizaciones sociales permeadas por grupos violentos que mantienen a la ciudadanía aterrorizada con bloqueos carreteros y secuestro de empleados. Más allá pues de las declaraciones del ejecutivo estatal, hay que tomar en cuenta otros factores y que los funcionarios se pongan a trabajar y no se regodeen en la comodidad de los informes.
Recursos directos: Buena medida
Una de las medidas acertadas que ha impuesto el gobierno federal es la entrega de recursos directamente a los beneficiarios. Eso, por supuesto, no lo entienden aquellos dirigentes de organizaciones y gremios acostumbrados a medrar con los programas oficiales. Y lo vemos de manera constante en Oaxaca. O es Antorcha Campesina o las una y más de cuatrocientas organizaciones que han pervivido de las dádivas oficiales. Es común que lleguen a bloquear carreteras o las Ciudades Administrativa o Judicial, para pedir para obras de agua potable, escuelas, mercados, caminos, etc.
El gobierno estatal les otorga los recursos, los cuales muchas veces van a dar a las cuentas bancarias o bolsillos de los dirigentes. Pasa el tiempo y vuelven a las mismas. Esta situación se convierte en un suplicio ciudadano, habida cuenta de que los rehenes privilegiados de los líderes sin escrúpulos es, justamente, la ciudadanía inerme. O, en otros casos, secuestran a empleados (as) de las dependencias como medida de presión para obtener las prebendas a las que ya están acostumbrados. Por nombres y membretes no paramos. El erario estatal está materialmente a merced de las exigencias de grupos y organizaciones, sean cual sean sus tendencias ideológicas.
No obstante la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los recursos no tengan intermediarios, aquí la cuestión sigue igual. Por ello, no hay un solo día a la semana en que no tengamos noticia de bloqueos y presiones. Regiones completas, como el Istmo de Tehuantepec, son secuestradas por aquellos que han hecho de la política del chantaje un instrumento de riqueza y poder. Ante esta situación, el gobierno de Alejandro Murat debe seguir la línea marcada por la Cuarta Transformación: adiós a los intermediarios y vividores de los programas de gobierno.
En Cuicatlán, el pasado sábado, el presidente anunció la reactivación del programa “Alianza para el Campo”, aunque con otro nombre. E insistió en que está dirigido a productores, jornaleros y campesinos, pero que los apoyos serán entregados directamente. Hay que terminar pues con la política clientelar, con la cual unos cuantos se beneficiaban utilizando el nombre y las necesidades de las mayorías. El gobierno estatal debe copiar el modelo. Acabar con quienes medran con los apoyos que otorga el gobierno y con esa red de complicidades disfrazadas de política social.
