En sexenios pasados, aún con las críticas a los mismos titulares del ejecutivo, la industria de la construcción tuvo un período de bonanza. Su repercusión en el manejo de la economía era notable. La generación de empleos directos e indirectos era evidente. Los empresarios locales de la construcción mostraban a todas luces el boom de dicho rubro. Sin embargo, desde el gobierno de Gabino Cué dicha industria se ha venido abajo. Ya lo hemos comentado en este mismo espacio editorial. Los empresarios locales de la construcción fueron discriminados para dar entrada a empresas de Puebla y Guadalajara, que fueron quienes se chuparon la mayor parte del presupuesto.
Una y otra vez los dirigentes de las cámaras respectivas, en especial la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), han pedido reactivar las empresas y los proyectos carreteros y de infraestructura, a fin de poder sobrevivir y generar empleos. Una y otra vez se han topado con pared. En la actual administración no hay obras dignas de mención. Según informes oficiales, hoy se pondría en marcha una obra de varios millones de pesos en la región de la Costa. Se espera que así sea y que se le otorgue a empresarios locales. Es una afrenta a todo principio de equidad y justicia, que los capitales locales fincados en empresas tengan que buscar otros destinos ante la parálisis de obra pública. Ya se ha dicho que decenas de empresas locales han cerrado o suspendido operaciones, pero además, el empleo en la industria de la construcción se ha desplomado.
Estamos enterados que la autorización del préstamo que por 3 mil 500 millones de pesos solicitó el gobierno de Alejandro Murat, ante la LXIV Legislatura del Estado, es para reactivar varios proyectos encaminados a mejorar la infraestructura. La cuestión es si las obras que se pretende llevar a cabo serán sometidas a concurso y licitación para reactivar la devastada industria oaxaqueña de la construcción que, insistimos, hoy vive la peor crisis de su historia. Es necesario subrayar que estamos a escasos dos meses de que se cumpla el tercer año de gobierno y no se atisban por ningún lado obras de relevancia, dignas de destacar. El ejecutivo estatal debe imprimirle a su gobierno una nueva dinámica, para que no pase a la historia como uno más, sin obras ni programas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños.
Protestas y vandalismo
Hoy se celebran 51 años del movimiento estudiantil popular de 1968. Hay que recordar que México no fue la excepción, sino que sólo reprodujo en sus calles un cambio de paradigma respecto a la visión de los jóvenes rebeldes, en torno a las imposiciones gubernamentales. El 2 de octubre de 1968, en vísperas de las Olimpíadas de ese año, el país completo se cimbró ante la fuerza con la que el régimen del presidente de México en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, arremetió en contra de la manifestación que jóvenes de diversas instituciones llevaban a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de jóvenes murieron por las balas disparadas por soldados del Batallón Olimpia o fueron detenidos, desparecidos y torturados, por mostrar inconformidad ante el régimen en turno.
La represión al movimiento estudiantil sigue a más de medio siglo, como una de las heridas abiertas más nocivas para el pueblo mexicano. Dejó en millones una huella indeleble que no termina de sanar. Sin embargo, como lo vimos el pasado 26 de septiembre, en ocasión del quinto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, una exigencia de justicia, se ha convertido en pretexto para desatar el vandalismo y la destrucción. En un desafío a la paz social, la tolerancia y la gobernabilidad. Lo vimos en la capital oaxaqueña el sábado pasado, cuando grupos y colectivos feministas, para hacerse notar, luego de aprobarse en lo general la ley que despenaliza el aborto, vandalizaron edificios públicos y monumentos coloniales. Hasta una bandera nacional quemaron.
Se entiende que ningún llamado será suficiente para detener a turbas de viciosos que bajo una bandera cuyo origen desconocen, habrán de marchar o manifestarse con afán de provocación. En Oaxaca, dichas acciones se han vuelto parte de la cotidianeidad. Infiltrados en las marchas, armados con palos y hasta con armas de fuego, arremeten en contra de todo lo que encuentran a su paso. El daño a comercios, casas habitación, vehículos particulares y otros, no son castigados como en cualquier país civilizado, sino que quedan en la impunidad. El vandalismo no tiene acciones punitivas. Simplemente se documenta. Y ello ha permitido que aquellos que recurren a dichos métodos sigan actuando con cinismo infame. Ojalá que las autoridades actúen conforme a derecho y hagan a un lado el temor cerval que padecen, de que hacer uso de la fuerza ante hechos tan aberrantes, siempre será represión. La sociedad oaxaqueña exige ya que se castiguen dichas conductas y valida la acción del gobierno.
