Uno de los rubros más preocupantes en el país y el estado es la inseguridad. Los grupos criminales andan desatados, sin control y en abierto desafío a las autoridades que, no obstante el despliegue de fuerzas del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, no han podido darle a los mexicanos la seguridad perdida desde hace mucho tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve una y otra vez sobre el desarrollo de los grupos criminales y la terrible matanza de los regímenes anteriores, sobre todo el de Felipe Calderón, a quien ha bautizado con ironía, como “El Comandante Borolas”, pero tal vez en la enfermedad del poder que padece, sólo ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio. La estadística de homicidios dolosos y ejecuciones supera en mucho a los niveles de gobiernos anteriores. Justificar la torpeza en el pasado, es algo que ya no cuaja en el ánimo ciudadano. El nivel de criminalidad en el país no era un rubro desconocido para el hoy presidente de México, por tanto, no vale la justificación acusando a los anteriores. Pero hay una diferencia sustancial: antes las cosas se veían como un serio riesgo para la seguridad nacional. Hoy no. Se ve sólo la parte sentimental. Las memorables expresiones de “fuchi” y “guácala”, forman parte ya del anecdotario mexicano.
En Oaxaca las cosas no han cambiado desde que el cuestionado ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón, dejó el cargo. Si bien con el relevo del mismo, por parte de Raúl Ernesto Salcedo, se especulaban cosas mejores en la materia, tal vez habrá que esperar resultados, pues hasta la fecha sólo hemos visto que las condiciones de inseguridad se siguen incrementando. La semana anterior se registraron además de los consabidos homicidios dolosos, asaltos bancarios. El pasado domingo, se dio un asalto a la una casa de empeño en la Colonia Reforma, a plena luz del día. El viernes anterior, los delincuentes en una especie de burla a las autoridades ministeriales pusieron candado por fuera a las puertas de la sucursal bancaria, para evitar que los empleados o cuenta-habientes salieran a pedir auxilio. A esos niveles hemos llegado. Se han detectado bandas que son originarias de otros estados del país, que vienen a delinquir aquí, justamente porque la vigilancia policial es deficiente. El miércoles dos homicidios en pleno centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Se apagó pues el manido discurso de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país. Por supuesto que no lo es.
Una medida torpe
Desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), para otorgarle los recursos directamente a padres de familia y maestros, no sólo representa una torpeza sino retroceder en el control que tenía el gobierno federal sobre el rubro destinado a construcción o reconstrucción de escuelas. Ni los maestros, ni mucho menos los padres de familia son expertos en el tema o que sepan al menos en cuestión de diseños arquitectónicos o estructuras. Burda medida populista que estará desde su aprobación encaminada al fracaso. La Legislatura federal la aprobó por una concepción torpe de la línea presidencial, que en el pasado tanto criticaron de la llamada Mafia del Poder. La CNTE/Cártel 22, en Oaxaca, siempre han querido manejar los recursos destinados a la reconstrucción de escuelas y nadie ignora el motivo: disponer a su arbitrio de los presupuestos y servirse con la cuchara grande. Desde que en 1992 ejercieron el control casi total del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con el 90 por ciento de los puestos bajo control sindical y la imposición de una política educativa sesgada y doctrinaria, siempre tuvieron entre sus demandas el manejo del presupuesto y la construcción de escuelas. En Oaxaca pues, esto no es nada nuevo.
Lo que el gobierno debe hacer es tomar sus providencias ante esta escalada de control que, al final, pretende agenciarse el presupuesto. Otorgarles los recursos destinados a la construcción y reconstrucción de escuelas es tanto como darles la potestad de imponer modelos y sobornos con constructoras a las que hoy pretenden cerrarles el paso. Un tropiezo será suficiente para que los capos del Cártel 22 se monten sobre el gobierno de Alejandro Murat, con bloqueos, plantones y movilizaciones, para exigir recursos para esos rubros que, todo mundo lo sabe, llegarán al bolsillo de los dirigentes seccionales o a los halcones que tienen diseminados en todo el estado. El apelativo de Cártel no ha sido fortuito: en realidad el magisterio opera como grupo criminal. Tiene diseminados por todo el estado jefes de sector, delegados, supervisores, directores y otros incondicionales que reproducen a pie juntillas sus vicios y excesos. He ahí la base de su empoderamiento y el temor del gobierno estatal a aplicarles la ley, pese a la quiebra de la economía o las afectaciones al ciclo escolar.
