El 26 de septiembre ha sido una fecha que pasó a la historia de México y el mundo, tras la muerte de seis jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, Guerrero. Hoy se cumplen pues, cinco años de esos hechos, durante los cuales se ha tejido una serie de hipótesis, verdades a medias y otra más considerada como la verdad histórica. En la opinión pública nacional se han construido asimismo una serie de conjeturas, desde aquellas que se preguntan, qué hacía un grupo tan numeroso de jóvenes fuera de su escuela y realizando actividades fuera de la ley, hasta quienes afirman que el responsable fue el Estado, no obstante que los presuntos criminales –casi todos hoy en libertad- pertenecían a grupos criminales bien identificados como “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”. Hace un par de semanas un juez liberó a más de veinte presuntos implicados, dejando de nueva cuenta el asunto en ceros, ante la serie de contradicciones e hipótesis que se han construido al respecto. Hoy en día los padres de los 43 desaparecidos, presuntamente asesinados e incinerados en terrenos baldíos cercanos a Iguala, los siguen buscando, convirtiéndose el hecho en un factor político, que durante cuatro años descalificó al antiguo régimen.
Sobre el affaire Ayotzinapa han corrido ríos de tinta. El expediente al respecto debe estar integrado por muchas miles de hojas y los presuntos responsables materiales e intelectuales, salvo ciertos personajes, gozan de libertad. Han surgido recientemente señalamientos en contra de un exprocurador General de la República y de otros funcionarios que, se presume, habrían cambiado dolosamente las pruebas. Durante este lustro se han dado asimismo palos de ciego, minimizando las pruebas y análisis de la Comisión de Expertos Independientes. Nada se ha avanzado. Insistimos, no obstante la insistencia del gobierno de la Cuarta Transformación de llegar al fondo del asunto, lo cierto es que estamos como al principio. Se buscan culpables, en un caso que se politizó desde el principio, dejando las descalificaciones como pruebas de cargo y no los estudios periciales que llevaran a encontrar la verdad de los hechos. Un caso tan triste y doloroso, que nos puso a los ojos del mundo como un país de salvajes, sólo ha servido para que maestros, normalistas y diversas organizaciones lo tomen como bandera para desafiar a las instituciones, no para encontrar la verdad y a los culpables.
Y los infames bloqueos
Es increíble la excesiva tolerancia que las autoridades otorgan a aquellos que por temas particulares afectan a miles de ciudadanos, trastocando el derecho a la libre circulación y en abierta afrenta a las garantías constitucionales. Nos referimos a quienes por asuntos de carácter estrictamente privado, local o particular, cierran vialidades, bloquean carreteras y afectan a miles sin recato alguno. Por ejemplo, la semana pasada, pistola en mano, el regidor de Obras del municipio de San Sebastián Tutla, Alberto Navarro Cruz, por presuntas diferencias con el edil de dicha comunidad conurbada, dispuso montar bloqueos en diversas vialidades desde las seis de la mañana, afectando a padres de familia que traen a sus hijos (as) a la escuela, empleados de gobierno, de empresas privadas, transportistas y pasajeros, entre otros. Es decir, un asunto personal –insistimos- que puede resolverse en otros ámbitos, es motivo para desafiar la ley, la gobernabilidad y causar daños graves a terceros, que nada, absolutamente nada tienen que ver en el asunto. No son sindicatos, maestros, estudiantes, organizaciones sociales, comuneros u otros. Son rencillas y desavenencias personales. Por ello, no eran ni cincuenta las personas que se apostaron en los bloqueos.
Ya es tiempo de que las autoridades dejen a un lado la modorra y la pusilanimidad; el miedo y la torpeza, y actúen conforme lo dispone la Constitución vigente. Que hagan realidad el juramento que hacen cuando asumen el cargo. No es justo que se encojan de hombros con el falaz argumento de que no quieren pasar a la historia como el Carnicero de Antequera. Ese síndrome no ha afectado a todos como ciudadanos. Y es el miedo de los gobernantes a actuar conforme lo dispone la ley y hacerla cumplir para salvaguardar la paz social y la gobernabilidad. Es la estabilidad de más de cuatro millones de oaxaqueños, que a menudo padecemos esos embates, gracias a funcionarios pusilánimes y cobardes, que están como pavos encogidos en sus oficinas. Las pérdidas en horas de trabajo, en la economía, son cuantiosas. Pero nadie quiere asumir su papel: proteger a las mayorías de los abusos de cofradías y grupos, con intereses bien definidos. Los oaxaqueños, en diversos foros hemos dicho ¡basta!, pero a nuestros gobernantes, por un lado les entra y por otro les sale. Y es justamente ese temor y pusilanimidad que los mantiene inmóviles y atados por la cobardía.
