La educación que imparte el Estado muestra en Oaxaca un rezago histórico, ello se le atribuye a la constante y permanente movilización de docentes y empleados administrativos afiliados a la Sección 22 del SNTE, también denominado Cártel 22, por sus formas mafiosas de operar. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les ha ofrecido el oro y el moro. Lo anterior ha motivado protestas de organismos públicos como “Mexicanos Primero”, que han seguido paso a paso el empoderamiento del Cártel aludido, con su fanatismo y exigencias descabelladas. En sus citas con el Jefe del Ejecutivo federal han logrado prebendas que anteriormente se les habían negado, justamente por su escasa o nula aportación a la educación de calidad. Sin embargo, lamentablemente, han prevalecido más los favores políticos y deudas de campaña que la educación de millones de niños y jóvenes, que se ubican en entidades que figuran como las más pobres del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, paraíso de impunidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde 1980 a la fecha, la educación ha ido a la zaga nacional y la ciudadanía presa del hartazgo con bloqueos carreteros y chantaje.
En el fondo de la protesta y los plantones del 30% de la membresía del Cártel 22, que sigue apostada en las afueras del edificio legislativo de San Lázaro, subyace la presión para que en todo el país –como dijimos hace unos días- se establezca como programa de estudios el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (Pteo), un instrumento de adoctrinamiento alejado del proceso enseñanza-aprendizaje; un factor de enajenación y fanatismo, anclado en viejos cartabones del pensamiento socialista, inexistentes en la era global. Los padres de familia, organismos que los aglutinan y diversas organizaciones de la sociedad civil tienen la palabra ante esta estupidez. Es evidente que la cuestión de ideologías o esquemas extranjeros debe estar por debajo de la prioridad de dar a los niños y jóvenes, educación de calidad, en la que se privilegien las ciencias básicas, la historia, el civismo y todo aquello que forme nuevos y buenos mexicanos, no extremistas y fanáticos, que sólo sirvan como rehenes de los dirigentes políticos y partidistas. La educación mucho se ha dicho, no puede estar al arbitrio de facciones o modas políticas; ni de personajes ni grupos de poder.
Triquis: ¿Quién los solapa?
Con todo respeto a nuestras comunidades indígenas y pueblos originarios. Desde hace al menos diez años, un reducido grupo de indígenas triquis, originarios de Copala y otras comunidades de la zona, en jurisdicción del distrito de Santiago Juxtlahuaca, salieron de sus comunidades asumiéndose desplazados por la violencia que ahí se había incubado. Para nadie es un secreto que dicha etnia –sin descalificar- ha vivido etapas de violencia, animadas por organismos externos que se empecinaron a calificar a Copala como municipio “autónomo”, término inexistente en nuestra Constitución local y en la ley que se aplica en nuestra atomizada estructura municipal. Era copia traída del estado de Chiapas, como remanente del movimiento zapatista, aparecido en 1994. Esta situación polarizó la convivencia entre las diversas organizaciones que controlan prácticamente la zona triqui: Mult, Multi Y Ubisort. En ese entorno se dieron una serie de hechos de sangre y otros, como los asesinatos de dos locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, la desaparición de dos hermanas y muchas acciones criminales. Nadie había hablado de desplazados, cuya figura es muy controvertida en nuestro medio.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), otorgó medidas cautelares al menos a 60 triquis, presuntamente desplazados. El Estado debe garantizar su seguridad e incluso manutención. Con ese ardid, no más de la mitad de dichos indígenas ya cautelados se apropió por la mala de los pasillos del palacio de gobierno. Ahí viven, comercializan sus productos y cohabitan. Cerca de cincuenta niños (as) han nacido ahí. Es decir, se apropiaron de un espacio público que no es ni del gobierno, sino de los citadinos. Con ese escudo se han vuelto intocables. A menudo actúan con violencia en contra de policías, medios de comunicación o comerciantes en la vía pública. Entre las demandas que han expuesto ante el gobierno estatal figura la dotación de cuarenta lotes en dónde se les edifique vivienda “digna”, incluyendo un templo. Dos o tres veces, desde el gobierno de Gabino Cué han recibido dinero para regresar a sus comunidades; dos o tres veces han vuelto por más. Se han convertido en un espectáculo deplorable para el Centro Histórico. Pero nadie se atreve a demandar ante la Corte Interamericana el fin de sus medidas cautelares, de las cuales han abusado.
