Estamos en vísperas de la tradicional ceremonia de “El Grito de Independencia” y a dos días del desfile anual en conmemoración de la Independencia de México. Sin embargo, el estado que guarda nuestro Centro Histórico es poco más que lamentable, secuestrado materialmente por comerciantes en la vía pública, alcohólicos e indigentes, además, por supuesto, por indígenas triquis que gozan de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), desde 2010. Dicho beneficio otorgado a quienes se asumieron desplazados sin serlo, ha sido utilizado para apropiarse prácticamente de los pasillos del Palacio de Gobierno, en donde unos pocos cautelados ocupan como tienda de artesanías, excusado, hotel, cocina, etc. El espectáculo que dan ante los mismos oaxaqueños y el turismo es deprimente y lamentable. Lo que ofende más es la apatía de las autoridades, tanto estatales como municipales, para darle a este asunto un tratamiento legal, es decir, aplicar la ley ante la demanda de bien público, pues nuestros espacios comunes pasaron a ser propiedad privada de facto.
Para celebrar los festejos patrios, como ha sido en los últimos años, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (Segego), harán labor de convencimiento con los “invasores” de estos espacios públicos, para que permitan desalojarlos y darle a las fiestas de estas fechas el lucimiento necesario. No es un secreto que ello representa asimismo un alto costo para el erario. Es decir, no se moverán en tanto los dirigentes y hampones que lucran con dichos espacios, reciban fuertes sumas de dinero. El comercio ilegal, contra derecho y de cualquier principio de orden constitucional, puestos sobre la mesa. Se ha convertido en una demanda ciudadana la limpieza del Centro Histórico. Es aberrante ver el zócalo convertido en un estercolero, en una zahúrda, mingitorio y hasta baño público. Sólo quien no quiere y ama el corazón de la ciudad, sitio de reunión de las familias oaxaqueñas en el pasado, es capaz de dañarlo. Nada justifica el argumento de los ambulantes en el sentido de que se ganan la vida decorosamente. Ahí hay de todo, desde droga hasta el cobro de derecho de piso. Algo tienen que hacer las autoridades estatales y municipales para limpiar esa podredumbre. Pero no más complacencias con dirigentes corruptos y mafias dedicadas a todo, menos a la simple venta de chucherías.
Cateos y operativos
Si bien es cierto que la delincuencia anda desatada en desde hace al menos un par de años, haciendo crecer el índice de homicidios dolosos de una forma inédita, de tal magnitud que Oaxaca ha ido escalando paulatinamente los lugares en materia de inseguridad, hay que reconocer los magros esfuerzos de las autoridades para poner freno a este flagelo socia. Es cierto, sería una labor titánica acotar la cadena de homicidios en Tuxtepec, que esta semana alcanzó sólo en dicha plaza, el ejecutado número 72 o acotar la danza de bandas delictivas que han tomado como centro de operaciones comunidades como Matías Romero, Santa María y Santiago Petapa, por no decir Juchitán de Zaragoza, una de las ciudades pequeñas más violentas del país. No obstante lo anterior, se sabe que la Fiscalía General del Estado (FGEO) ha llevado a cabo varios cateos en diversas poblaciones, dando golpes si bien modestos, a grupos de sicarios y delincuentes. Hace poco más de dos semanas cateó una vivienda en Tuxtepec, logrando asegurar a sujetos, armas, teléfonos celulares y cartuchos. El fin de semana pasado, a raíz de un cuádruple homicidio en una agencia municipal de Huautla de Jiménez, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con el apoyo de la Guardia Nacional, incursionaron en esta comunidad asegurando inclusive un hotel, en donde pernoctaban indocumentados.
Igualmente, la semana anterior, se realizaron operativos en sitios identificados como refugio de narcomenudistas y en Juchitán, en una guarida de delincuentes que recibieron a balazos a los agentes de la AEI, dando como resultado el aseguramiento de cuatro sicarios, armas, droga y teléfonos celulares. Es evidente que la violencia debe tener como respuesta una forma enérgica del gobierno. El apoyo de la Guardia Nacional, provista de mayores elementos, contribuye al éxito de los operativos. Es evidente que el incremento en el número de ejecuciones y crímenes dolosos en diversas regiones del estado, hace presumir que los operativos no han sido del todo exitosos; que hace falta coordinación y la consecuente integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público, de manera que los delincuentes sean vinculados a proceso. Aún con resultados limitados, es importante subrayar que así como hemos puesto en tela de juicio la falta de resultados en materia de seguridad, también es justo reconocer lo que se ha hecho a la fecha, aún con poco éxito.
