En este espacio editorial hemos manifestado rechazo a formas de manifestación que rayan en el chantaje. Nos referimos a los bloqueos carreteros como forma sui generis de grupos, sindicatos u organizaciones para presionar al gobierno y obtener dádivas y prebendas. Una de las regiones que a menudo está acorralada por este tipo de acciones es el Istmo de Tehuantepec. En los últimos días, padres de familia y maestros de algunas escuelas que fueron dañadas por los sismos de septiembre de 2017 y que a la fecha no pueden ser utilizadas porque no han sido motivo de atención por parte de las autoridades, han utilizado dicho método. La exigencia no es fortuita. Estamos a dos años de la tragedia natural y aún los alumnos y maestros no pueden estar en sus aulas, de manera digna y decorosa, sino en covachas y espacios habilitados cubiertos con lona. Ante la imposibilidad de que los atiendan en cualquier oficina de gobierno, los afectados han optado por medidas extremas como el chantaje. Los medios de comunicación han difundido notas y fotografías de esta situación preocupante, sin que ello haya tenido una respuesta positiva del gobierno estatal.
La semana pasada, durante la realización de foros y comparecencias respecto a la situación de la reconstrucción, salió a flote la presunta responsabilidad de los ex titulares del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), por haber licitado la rehabilitación de edificios escolares sin hacer responsables a los contratistas, muchos de los cuales cobraron, pero nunca cumplieron con la terminación de las obras. Ello requiere con urgencia la participación de algunas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para fincar responsabilidades a quienes las tengan. La cuestión va más al fondo, dado que se trata de verdaderos buitres de la tragedia. Hacer uso ilícito de los recursos públicos destinados a salvaguardar la vida y el patrimonio de afectados por desastres naturales, es poco ético e infame. Que no haya impunidad para nadie que haya recibido el pago y no haya concluido las obras asignadas, así fuera sin cumplir con la normatividad vigente. El gobierno de Alejandro Murat, a través de las instancias referidas, debe sentar un precedente para corregir esas prácticascorruptas e infames. Una investigación a fondo hace falta para deslindar responsabilidad y sancionar a quien se deba. Urgen acciones al respecto.
Instituciones y membretes
Según se desprende de la comparecencia de la semana pasada ante diputados y diputadas locales, la Fiscalía Especial para Delitos de Corrupción, que encabeza el abogado Jorge Emilio Iruegas Álvarez, a dos años de haberse creado, no ha cumplido con las expectativas que se fijaron con su creación. Si bien es cierto que, como lo publicamos el pasado viernes, tiene más de mil carpetas de investigación, una cantidad mínima han sido consignadas. No hay pues ninguna consignación hasta el momento, lo que implica que malos manejos, corruptelas y demás del pasado o en la actual administración, siguen en la impunidad. Desde el inicio de su encargo, el Fiscal aludido se dedicó a dar declaraciones a diestra y siniestra. Hizo recordar en su momento a la ex titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich, en los tiempos de Gabino Cué, cuando pregonaba a los cuatro vientos que 32 ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz, pisarían la cárcel. Nada ocurrió. Todo fue un jarabe de pico. Los ex funcionarios que saquearon al erario gozan de los millones que se llevaron y punto.
Algunos de los argumentos que ha puesto sobre la mesa Iruegas es que no tiene personal y carece de presupuesto para operar, en lo que no le hace falta razón. Se han creado oficinas y unidades administrativas sin tener el techo financiero obligado para pagar nómina y gasto corriente. Ha arremetido en contra del Fiscal General del Estado, con el argumento de que es quien le impone restricciones. Ha buscado tener autonomía, lo que ha sido desechado por el Congreso del Estado. En fin, hay pues varios factores que han hecho de esta Fiscalía un simple “elefante blanco”, sin resultados dignos de poder destacar. Compete pues a los y las legisladoras no solamente cuestionar sino además proponer iniciativas para que dicha Fiscalía cumpla con su misión. Hay pendientes del pasado que se reflejan en el hoyo financiero que padecen los Servicios de Salud en la entidad, para darse cuenta de que los responsables directos –más allá de quien está privado de la libertad- están libres y gozando de cabal salud. Para ello se requiere que se le asigne personal y presupuesto; atribuciones y responsabilidades para que no sea sólo un membrete, que no opera ni cumple con su responsabilidad. Ya es tiempo de castigar a quienes le han robado a los más pobres del país y con ello cometido un delito de lesa humanidad.
