•Contingencia económica enciende luces rojas
•Prensa buena, periodistas malos
•La Estafa Maestra una realidad
El inicio de semana ha quedado marcado por el anuncio de un plan de 485 mil mdp para enfrentar la desaceleración económica. En medio de señalamientos por distintos especialistas y analistas en materia económica en el sentido de que México está a punto de entrar en recesión económica, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “otros datos”, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció medidas que buscan tener un impacto inmediato en la economía.
Los ejes del plan son: la inversión en infraestructura, adelantar licitaciones para 2020, y brindar financiamiento a las micro y pequeñas empresas; así como el otorgar créditos hipotecarios a través de la banca de desarrollo.
“El capital ya existe pero no estaba siendo utilizado” precisó el Secretario Herrera. El Gobierno de la República espera que este plan tenga efectos inmediatos en la actividad económica, porque está dirigido a proyectos concretos.
En medio del debate entre autoridades y distintas calificadoras como JP Morgan y Citi Group, así como tras los recientes recortes en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, Arturo Herrera destacó que la preocupación principal es el estado de desaceleración de la economía.
Este plan, nos trae a la mente los acuerdos o pactos económicos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; medias extremas que en otros tiempos han tenido que implementar las administraciones, para evitar caer en recesión económica, lo que en este momento podría generar la salida de Fondos de Inversión de nuestro país, que en realidad sostienen nuestra economía en el contexto internacional. Y es que si bien ninguno de estos grupos de inversionistas ha querido dar el primer paso, es claro que una vez que alguno decida hacerlo, ninguno será el que quiera ser el último en retirar sus inversiones de nuestro país.
Tómelo con preocupación.-En este espacio, hemos destacado desde hace más de dos años que la estrategia de comunicación electoral hacia 2018, se fundamentó en el discurso del miedo; el objetivo fue dividir y polarizar a la sociedad. Una vez que Morena concreto el objetivo y triunfo en la contienda electoral, la política de comunicación fue la misma, continuar polarizando y enfrentando.
En las acciones y en el discurso el presiente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que el debate y la discusión enriquecen la gestión gubernamental, hace unos meses destacaba que mientras más se discutiera sobre los temas relevantes del acontecer nacional, mayores elementos tendría él a la hora de tomar decisiones; sin embrago, a siete meses de gobierno todo indica que Andrés Manuel ya se cansa de no siempre escuchar lo que le agrada, y ahora ha decidido confrontarse con los periodistas y los medios de comunicación. Así, el pasado fin de semana comenzó a señalar a medios y comunicadores, como mal portados o desobedientes, cuando lanzan alguna crítica u opinión adversa a la Cuarta Transformación.
El presidente llegó al extremo el lunes pasado de señalar: “Los políticos liberales que están a favor de inmovilidad que se dediquen a hacer periodismo”.
En este escenario, el debate y la crítica queda claro que ya no le son un elemento para tomar mejores decisiones; así, las determinaciones ya están tomadas o siempre han estado definidas y de aquí en adelante, el debate y la discusión ya no ayudan al Gobierno en la toma de decisiones.
Tómelo con interés.-Este lunes la Fiscalía General de la República, confirmó que se ha iniciado un procedimiento legal contra Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñara en la administración de Enrique Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social, y posteriormente como secretaria de Desarrollo Territorial. En ambas dependencias y no necesariamente ella, su administración fue propensa a triangular la contratación de bienes y servicios a través de universidades o entidades Públicas, para eludir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones; es decir que mediante asignaciones directas con universidades o entidades públicas de gobiernos estatales, se contrataban servicios.
De los muchos millones que se desviaron hacia organismos públicos, no existe comprobación del ejercicio de los recursos; muchos de los servicios se contrataron con empresas fantasmas localizadas en otras entidades federativas, lo que generó que en su momento se fuera perdiendo el seguimiento de los recursos. Así, los Sistemas de Radio y Televisión de los Estados de Hidalgo, Sonora y Quintana Roo, al igual que varias Universidades como la del Estado de México, recibieron miles de millones que fueron mal gastados.
Robles Berlanga ha señalado que promoverá un amparo, toda vez que se han violado sus derechos fundamentales, señala que la “Estafa Maestra” es una fantasía, y que ella no es responsable del mal ejercicio de la Función Pública. Sin embrago, varios servidores públicos ya han sido juzgados y sentenciados o sancionados, por lo que sí es una realidad que ahora se convierte en un reto para la Fiscalía General de la República en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
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