“Los políticos corruptos hacen que el otro diez por ciento se vea mal”
Henry Kissinger
De acuerdo a Transparencia Internacional, México ocupa el lugar número 138 de una lista de 180 países que el organismo mundial analiza para determinar el índice de percepción de la corrupción.
Con base en los estudios realizados en 2018, en el continente americano, Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala y México, son los cinco países que tienen las calificaciones más bajas en el combate a la corrupción, muy por detrás de países como El Salvador, Cuba, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Canadá, éste último se ubica en el lugar número nueve a nivel mundial, es decir, de los mejor calificados.
¿Y a qué se deberá este fenómeno? ¿Por qué México no puede dejar de ser un país corrupto? ¿Somos un país corrupto?
Académicos, periodistas, catedráticos, sociedad civil organizada, cualquier persona en algún momento se ha preguntado, si es posible cambiar como nación, pero todo ha quedado ahí, en un cuestionamiento.
El organismo internacional, en su estudio de 2018, hizo una serie de recomendaciones para que nuestro país avanzara en el combate a la corrupción, pero luego de ver las denuncias que pesan sobre las super delegaciones del gobierno federal en las entidades federativas, pareciera que esas propuestas sólo fueron recibidas, pero no leídas, ni revisadas, analizadas y mucho menos, implementadas.
Pero, ¿es la corrupción una característica sólo de las cúpulas políticas?
Mauricio Merino, investigador del CIDE, señala que “robar o hacer negocios privados con recursos públicos es la forma más común de concebir la corrupción del servicio público en México”, pero además identifica otros dos aspectos, que son el uso del dinero público a favor de un grupo o proyecto político y la privatización patrimonialista del empleo público.
Estas dos últimas características las hemos llegado a aceptar porque por más de 70 años el statu quo político nos indicaba que un funcionario o una funcionaria honesta era la persona que no se llevaba el dinero a su casa, la que no robaba del presupuesto.
Sin embargo, hoy nos topamos con una realidad que no habíamos visto o no queremos reconocer, que es, ese uso discrecional del presupuesto público para beneficio de la persona en el poder, de una autoridad, una dirección o dependencia gubernamental.
Es decir, no roban, pero utilizan el presupuesto para su beneficio.
O también hemos conocido historias de cómo los puestos o posiciones de toma de decisiones en el ámbito de la función pública, son para los apellidos de las figuras políticas, los hijos, nietos, amigos… hijas, nietas, amigas sin considerar si cumplen o no con los conocimientos o experiencias para los encargos, lo importante es hacer o pagar el favor.
Hagamos el ejercicio, revisemos nuestro entorno y podremos ver cómo esas burbujas de poder en las esferas de la administración pública, también son una forma de corrupción.
El dar empleo al hijo de mi amigo, también es corrupción.
El usar los recursos públicos para pagarme unas entrevistas, portadas y espectaculares en el estado o país, también es corrupción.
Como mencioné anteriormente, Transparencia Internacional, realizó algunas recomendaciones a México para poder avanzar en el combate a la corrupción y en consecuencia obtener mejores calificaciones en futuras evaluaciones.
Entre otras cosas, pedía, fortalecer a las instituciones responsables de mantener el control y equilibrio sobre el poder político, garantizando su capacidad para operar sin intimidación.
Y si bien hoy escuchamos de manera recurrente sobre la secretaría de la función pública, la mayoría de las veces por reclamos de su nula acción o de manera institucional para que la titular de la dependencia a nivel federal promueva su imagen y acuse a quienes piensan contrario a ella.
En las entidades, nos seguimos preguntando si existe una secretaría de la contraloría y ¿qué carajos hace?
En el documento, el organismo pedía también garantizar la libertad de prensa, y hoy vemos que en las mañaneras siguen siendo fifís. Sí ya sé que los empresarios de los medios responden a una agenda que le dictan sus acuerdos económicos, pero no corresponde al gobierno o al funcionariado público calificar lo que esos medios digan.
Otras instituciones, han pugnado por la educación, por un cambio en la cultura política, en la cultura cívica, acercándose a las nuevas generaciones, en las escuelas, en las familias, en las relaciones sociales, cambiar la percepción de corrupción e impulsar el respeto a las leyes, pero para ello se requiere de un cambio en el paradigma de quienes se han formado en la cultura del “no me des, ponme donde hay” y es ahí, donde se nos “hace bolas el engrudo”.
Ahí queda pues la tarea, ¿a quién corresponde entonces, el combate a la corrupción?
