Uno de los temas que más ha golpeado a la actual administración es el de la seguridad pública. Desde el arribo del gobierno de Alejandro Murat se han disparado algunos delitos, concretamente los homicidios dolosos y ejecuciones. Salvo en una ocasión cuando admitió la presencia del crimen organizado en dichos ilícitos, el ejecutivo estatal no ha reconocido plenamente la situación. No ha perdido acto público para reiterar que Oaxaca vive en paz, soslayando el nivel preocupante de violencia. Se entiende que no somos el único estado del país que esté golpeado por este flagelo sino todo México. Sin embargo, el asunto de la inseguridad se ha visto con soslayo y sin darle la atención debida. Durante al menos los dos años pasados, las denuncias se han hecho constantes. Empresarios, profesionistas, ciudadanos comunes y corrientes, han alertado sobre la violencia que se ha vivido en Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales y la Costa. Pero sus denuncias han topado con pared. Los responsables se mantenían inamovibles. Uno de ellos motivo de escándalos y líos de faldas. Nada hacía entender a la cúpula del poder público estatal que había un mal desempeño.
Por fortuna, en las dos últimas semanas el ejecutivo estatal decidió hacer cambios importantes en materia de seguridad. Relevó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, al Comisionado de la Policía Estatal y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Los sustitutos, al parecer, tienen experiencia en el ramo, lo que hace a los oaxaqueños advertir la posibilidad de que la seguridad ciudadana será fortalecida. A ello hay que agregar el desplazamiento de la Guardia Nacional en varios puntos de la entidad señalados para instalar los destacamentos. Todo ello concatenado hace presumir un viraje en torno a lo que hemos vivido. Es impresionante el nivel de criminalidad que ha alcanzado por ejemplo Tuxtepec, con decenas de ejecutados en lo que va del año. Los cambios que realizó el ejecutivo en su gabinete legal y ampliado eran necesarios ante la incapacidad mostrada por los anteriores titulares, que sólo se regodearon en las estadísticas benévolas que nos ubican como un estado en donde la violencia no se ha enquistado aún. Esperamos que sean para bien y que permitan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Lucha anticorrupción, ¿pero cuál?
Luego de las pifias de la Fiscalía Especial Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en la consignación de algunos de los peces gordos del pasado, de los cuales sólo uno permanece en prisión, pues los demás están librando su proceso en libertad y otros lograron ésta, ninguna declaración ha rendido el titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, muy dado a las entrevistas banqueteras y a realizar declaraciones triunfalistas. En efecto, si bien es cierto que el gobernador Alejandro Murat ha reiterado una y otra vez que no habrá impunidad para los corruptos, como lo dijo el pasado martes 2 de julio, durante la firma del convenio entre el gobierno estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), nada se ha logrado hasta el momento. Es más, hay quienes deben estar preocupados por las pesquisas de dicha Unidad en torno a los desvíos y faltantes que se registraron en los recursos asignados a la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. Es más, se sabe que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCyTG), ha sancionado a muchos servidores públicos del actual gobierno por prácticas ilícitas.
Por lo pronto, nada se sabe de acciones legales en contra de aquellos que en el pasado desviaron recursos e hicieron de la corrupción y la apropiación ilícita del dinero público un auto de fe. El saqueo del pasado tal parece que quedó, justamente en el pasado, no obstante haberse aprobado en la LXIII Legislatura la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría a los señalados de corrupción resarcir el daño patrimonial a través de la venta de sus bienes y propiedades. Pero nada hay en el horizonte. Es más, del Fiscal Anticorrupción sólo se sabe que se queja de que no tiene presupuesto y que anda protegido por al menos cuatro elementos policiales. Este derroche de poderío es el símbolo de la actual administración. No sólo titulares de dependencias sino directores generales, esposas e hijos, andan cubiertos por elementos que, en otras circunstancias, estarían salvaguardando la seguridad del pueblo oaxaqueño. Aprovechando que los y las legisladoras están en pleno ajuste de cuentas, nadie exige cuentas a los funcionarios del poder ejecutivo e incluso de algunos órganos que gozan de cierta autonomía como la Fiscalía Estatal y su apéndice la Anticorrupción. Así las cosas en este rubro, de las que parece no percatarse Murat Hinojosa.
