Uno de los factores del atraso en el desarrollo de la entidad, es la oposición de grupos y organizaciones; comunidades e incluso autoridades, a cualquier proyecto que implique el fomento a la inversión y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Con mil argumentos se trata de desacreditarlos, ya sea con el ardid de que se trata de capital trasnacional, de la privatización, de la defensa de la tierra y el territorio, etc. La oposición es ya una bandera desgastada, pero eficaz para meter ruido y hacer abortar proyectos. En los últimos tiempos se puso de moda la consulta comunitaria. Quienes manejan a los pobladores son los que se llevan las rentas. Así ocurrió en el Istmo para la puesta en marcha de los parques eólicos y de hecho sigue la oposición de parte de ciertas comunidades y sus titiriteros. El Proyecto del Tren Interoceánico que se ha propuesto la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha salvado de esa visión torcida y hay una férrea oposición de parte de grupos, organizaciones y dirigentes, que se han enquistado en ciertas zonas del Istmo, prestos a torpedear cualquier avance en ese sentido, no obstante tratarse de un plan que viene desde los tiempos del general Porfirio Díaz, es decir, no es ninguna novedad.
La idea de quienes mueven las aguas no es defender a las comunidades de la influencia de los capitales extranjeros, sino la perversa intención de obtener recursos vía sobornos o beneficios debajo de la mesa. Con contadas excepciones, la mayor parte de dichos dirigentes se mueven sólo por la conveniencia. Han medrado durante mucho tiempo llevando como bandera las causas sociales, las mismas de las que se olvidan cuando se impone el factor económico. Las consultas que llevó a cabo el gobierno de la República, todo mundo lo sabe, fueron un fracaso. Y ello ha permitido a los citados dirigentes aprovechar el vacío para poder seguir medrando con la oposición, contando con la complicidad de organismos de derechos humanos que asimismo se han sumado a cuestionar los grandes proyectos de que se trata. Insistimos, es evidente que el Transístimico no es un proyecto de manufactura reciente. Es un viejo anhelo de esa franja que habita el Istmo de Tehuantepec, de aprovechar la posición estratégica y geográfica para mejorar la calidad de vida de aquellos que menos tienen.
Ediles bajo la lupa
El triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el proceso electoral de julio de 2018, también trajo consigo sorpresas muy desagradables, como es el caso de presidentes municipales señalados de ser vulgares delincuentes. En su mismo pueblo o región han creado un ambiente de terror, justamente por sus ligas con organizaciones criminales tanto foráneas como locales. El caso del presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales, es uno de ellos. En el Istmo es un secreto a voces que se ha dedicado al robo de gasolina y que con recursos que logró de manera ilícita, habría financiado las campañas políticas de algunos de sus homólogos de la región. Hay evidencias de que ha caminado al filo de la ley, pero tal parece que era intocable hasta que se dio un hecho en realidad inédito: fue acusado del delito de despojo –que es algo menor- ante la Fiscalía General del Estado, institución que lo vinculó a proceso. Cuando apenas trascendió el hecho, movilizó a sus leales para bloquear carreteras y presionar para torcer la ley en su favor. La Fiscalía siguió la indagatoria hasta, finalmente, la semana pasada, vincularlo a proceso sólo por el delito de despojo.
Si bien es cierto que se trata de un caso inédito habida cuenta de que los presidentes y presidentas municipales tienen algo así como un blindaje de protección, en este caso hay más tela de dónde cortar. Lo dijimos antes: en el Istmo es un secreto a voces de la vocación delictiva del edil. Para protegerse de cualesquier investigación, desde enero se creó una especie de organización de presidentes municipales de la región para apoyar todas las iniciativas y proyectos del gobierno de la Cuarta Transformación, aunque en el fondo la idea era cubrir su pasado delictivo. Ojalá que la autoridad judicial no ceda a presiones y se proceda conforme a derecho en el proceso que se le ha instruido al edil referido. Que su pertenencia al partido en el poder no sea argumento para evitar que la justicia se haga. Por lo pronto, vale la pena reconocer el trabajo de la Fiscalía General del Estado, dispuesta a aplicar la norma sin filias ni fobias políticas, simplemente la ley a secas. Y que ello siente un precedente para aquellos presidentes o presidentas municipales que siguen caminando al filo de la ley, asumiendo que el voto que les otorgó la ciudadanía es una patente de corso o un certificado de impunidad.
