- Falta de ética y formación profesional del servicio público
El pasado martes y como parte de los trabajos de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, se destacó la necesidad de que las entidades federativas agilicen la conformación de fiscalías especializadas o unidades, que se aboquen a la investigación a los ataques a periodistas y medios de comunicación; una obligación que contempla la Constitución Política y un compromiso que en la Conferencia Nacional de Gobernadores establecieron los mandatarios estatales y el secretario de Gobernación, sin embargo, poco se habla de las acciones que llevan a cabo las fiscalías generales en materia de prevención, no sólo de los delitos o ataques a periodistas; sino de la prevención del delito en general.
En este espacio hemos expuesto las deficiencias de la autoridad, en la protección y prevención de delitos contra periodistas, pero al revisar los presupuestos en materia de prevención del delito en general, encontramos que este rubro ha sufrido grandes recortes hasta llegar al punto de que en 2017, no se contemplaron recursos para acciones preventivas, lo que en mucho representa la situación que vivimos en la actualidad en el país, donde la violencia y el delito se han apoderado de muchos sectores de la sociedad.
Estamos cercanos a que el Congreso de la Unión reciba del Poder Ejecutivo, la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018, por lo que es el momento de señalar la urgente necesidad de contemplar recursos para la prevención; no se trata sólo de combatir la impunidad, la corrupción, y el actuar de la delincuencia organizada.
Se trata de recuperar aspectos esenciales en el desarrollo de nuestra sociedad como la formación cívica, la convivencia, y el que cada uno se preocupe por la seguridad no sólo de la familia y de nuestro núcleo cercano de amigos y conocidos, se trata de establecer las bases de recuperación, y conformación del tejido social, esencial para recuperar espacios de convivencia, que permitan que los vecinos de comunidades y colonias se conozcan y socialicen.
Se trata de prevenir los factores que dividen a la sociedad desde su esencia, y partir de recuperar el respeto por la jerarquía familiar, para así lograr que los niños y jóvenes tengan respeto por la autoridad, entre muchos otros principios esenciales, que se han perdido en las últimas décadas. Es necesario controlar los delitos y el actuar de la delincuencia organizada desde su origen, para así lograr tener un crecimiento y desarrollo como sociedad.
Tómelo con atención
En las últimas dos semanas y tras el socavón en la Vía Exprés de Cuernavaca, quedó en evidencia la falta de ética en el ejercicio profesional, y de vocación y convicción para el servicio público, de los funcionarios de diversas instancias de gobierno. Así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó en claro la carencia de un servicio profesional de carrera, para la selección de sus cuadros directivos, la falla se da en distintas instancias de la administración pública.
Si revisáramos los perfiles de los delegados federales en cada una de las secretarías y entidad por entidad, nos daríamos cuenta de cómo el compadrazgo y las cuotas de pago de favores, cubren la plantilla de los principales puestos en el sector público.
Así, un director de escuelas de idiomas, llegó a ocupar la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Morelos. De igual forma podemos encontrar que administradores llevan las acciones en dependencias del sector salud, o que ingenieros y arquitectos se encargan del medio ambiente o la seguridad, o que muchos otros profesionistas sin contar con título y cédula profesional, están al frente de instancias que requerirían de verdaderos profesionales, con compromiso y vocación de servicio público, para asumir las responsabilidades que implica ser funcionario en una dependencia.
Quizás, el mal parte de una mala planeación de erróneas políticas públicas, que llevaron a la necesidad de que todo individuo cursara estudios de “licenciatura”, cuando la vocación de muchos podía dar mejores resultados en una carrera técnica o en un oficio. En fin que el mal parte no sólo del servicio público, sino de muchos “profesionistas” que se ostentan como tales, y cometen el grave delito de usurpación que en pocas ocasiones es sancionado en nuestro país.
Tómelo con Interés
Hace una semana se anunció en la academia del Sistema Nacional de Seguridad en San Luis Potosí, el inicio del proceso de capacitación y formación de personal especializado para la integración de fiscalías o unidades especializadas en materia de delitos de Libertad de Expresión o Ejercicio Periodístico, en las 32 entidades federativas.
A lo largo de los últimos meses y ante la muerte de 10 periodistas en la primera mitad de 2017, las autoridades luego de reconocer que habían sido rebasadas en el tema de Protección a Periodistas, se abocaron a exigir la participación de todas las instancias del Estado mexicano (los tres niveles de Gobierno), en la conformación de unidades especializadas que desde 2012 debieron entrar en operación. Si bien la creación exprés de las unidades investigadoras no refleja de inmediato una disminución en los ataques a la Libertad de Expresión, sí va sumando acciones que en el mediano y largo plazo, se traducirán en ir construyendo un sistema de prevención y protección a Periodistas.
Está semana, la diputada Cristina Gaytán Hernández, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, alzó la voz para señalar que en dos meses las acciones y resultados comprometidos por el gobierno federal y los gobernadores de las entidades federativas no son suficientes. En efecto, lo que ha sido una lucha de más de una década del gremio periodístico, no se puede alcanzar en dos meses. Aunado a lo anterior, en los trabajos que lleva a cabo la Comisión Especial de Seguimiento a los Ataques a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, la legisladora Gaytán y los representantes del PRD, han brillado por su ausencia, por lo que no entendemos con qué cinismo pretenden ahora tomar la bandera y salir a reclamar acciones de la autoridad.
La diputada Cristina Gaytán y los legisladores del PRD, deberían tomar la agenda legislativa planteada por las organizaciones gremiales de periodistas desde hace más de una década, en la que se contempla entre otras iniciativas, una Ley de Protección a Periodistas, una iniciativa de Periodismo de Alto Riesgo y una legislación de Equidad Publicitaria, para entonces sí abanderar el respeto a la Libertad de Expresión y al Ejercicio Periodístico, y entonces, tener argumentos suficientes para poder tanto alzar la voz, como reclamar a las autoridades; de otra forma, no deja de observarse oportunista la postura de los legisladores del PRD, en cuya plataforma política no se contempla ni la protección a periodistas, ni la defensa de la Libertad de Expresión.
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Facebook: Fernando Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.
