Desconfianza ciudadana

Continúan las discusiones en diferentes espacios sobre una inminente Reforma Electoral en el país que vendría a modificar sustancialmente a las instituciones del sistema político mexicano.
El discurso de la fracción morenista en la Cámara de Diputados a nivel federal tiene muchas voces, desde el promotor de la desaparición de los OPLES, Sergio Gutiérrez Luna, hasta Ricardo Monreal que argumenta que la desaparición de los órganos locales no es la solución a los conflictos del tema electoral, pasando por Pablo Gómez que propone desaparecer al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Estas lecturas sólo en la fracción morenista, pues por su parte el PAN, PRI, PRD y MC diseñan una propuesta alternativa a la presentada por Morena para que no se apruebe un sistema electoral a modo, pero no han mencionado nada sobre el recorte a prerrogativas a los partidos políticos o han hecho pública su contra reforma.
Las instituciones electorales por su cuenta —desde sus espacios— han señalado que desaparecer a los OPLES no son la opción para reducir costos, que es el gran argumento impulsado por Gutiérrez Luna. Por el contrario, han puesto el dedo en la llaga al decir que el exagerado gasto en los órganos electorales se debe a las prerrogativas a partidos políticos que representa cerca del 70% del presupuesto de los institutos locales.
Los académicos también han dado su opinión ante este tema que será crucial para la vida democrática del país.
Y en este tenor, rescato lo publicado recientemente por el Doctor César Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM y autor del libro Estudios Electorales, que pide una reforma para que se faculten al INE y a los OPLES a implementar el voto a través de urnas electrónicas o de internet.
Ello, representaría un ahorro exponencial pues se dejaría de gastar en la impresión de boletas, en tinta indeleble, en mamparas, urnas, en gastos de operación como en vehículos, además de que se tendrían resultados rápidos y seguros, ahorrando el costo de los conteos rápidos y en la implementación del programa de resultados electorales preliminares. Quieren saber más de sus opiniones, les recomiendo seguirlo en @CesarAstudilloR
El voto electrónico podría ser una solución al tema presupuestal, lo cierto es que el sistema político mexicano tiene su origen en la desconfianza y ese elemento es un muro difícil de tirar.
En un trabajo publicado por www.strategiaelectoral.mx señala que para un grupo de investigadores, el voto electrónico tiene desventajas como lo son los costos para su implementación y mantenimiento; falta de garantías para la privacidad y secrecía del sufragio; dependencia del proveedor y/o de la tecnología por parte del organismo electoral; necesidad de campañas para educar a los votantes en el uso de la tecnología; riesgo de manipulación por parte de personal interno con acceso privilegiado al sistema o de crackers, la falta de credibilidad en los sistemas y procesos de votación electrónica por parte de algunos sectores de la sociedad, generando desconfianza en los resultado.
En el estudio “Democracia y Cultura Política en Oaxaca” publicado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), cerca del 70% de los habitantes del estado desconfía de sus gobiernos, señalándolo de privilegiar a unos pocos.
También más del 60% se manifiesta insatisfecho por la democracia en la entidad.
Es aquí donde se debería poner especial atención, en reforzar los proyectos sobre educación cívica y participación ciudadana, lo que redundaría en una sociedad exigente, participativa y que diera certeza a los procesos democráticos.
Y es que, de los 32 organismos electorales en el país, únicamente los estados de Campeche y Puebla no cuentan con una ley sobre participación ciudadana, y si revisamos los fines de los órganos electorales, todos coinciden en coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultura democrática.
Me parece que en este punto resalta uno de los valores principales de los OPLES en el país, el trabajo que deben y vienen realizando para fortalecer la vida democrática en sus entidades y el país.
Así como ir de la mano con algunos de las políticas públicas que mantiene el INE, como lo es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) que busca que la ciudadanía se apropie del espacio público y se sientan parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana e incidan en ella mediante tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia.
Entonces, la ruta de esta nueva reforma electoral, debe considerar revisar los mecanismos de participación ciudadana en el país, adecuar las leyes en las entidades federativas, promover la educación cívica y cultura política en los estados y la opción sería fortalecer a los organismos públicos locales electorales, esos que han señalado derrochan dinero, pero que con un poco del porcentaje destinado a partidos políticos impulsarían políticas públicas que fortalecerían el sistema democrático del país y podríamos pensar en ejercer el derecho al voto mediante herramientas que van acorde con nuestra realidad tecnológica.
Pidamos pues que el legislativo invierta en los estados, en la ciudadanía y las instituciones para fortalecer la democracia en México.