Hoy se cumplen 13 años de aquel fallido desalojo de quienes habían copado el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, dispuesto por el ex gobernador Ulises Ruiz, lo cual habría de detonar el infierno que de esta fecha hasta el 25 de noviembre, cuando las Fuerzas Federales de Apoyo pusieron orden, vivió el pueblo oaxaqueño. No ha sido fortuita nuestra crítica reciente a la supuesta demanda que el ex ombudsman, Arturo Peimbert, puso en la Corte Penal Internacional de La Haya, pues sólo se vio una parte de la realidad y no lo que padeció en sí el pueblo oaxaqueño. Fueron meses de terror, de barricadas, asaltos a autobuses de pasajeros, entrada de los grupos criminales, enfrentamientos entre manifestantes y policías, entre otros, de los que no hubo más víctimas que la sociedad civil. Ni maestros, ni miembros de la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), mucho menos los instigadores desde las esferas del poder, pueden llamarse a sí mismos fustigados por un movimiento que jamás permeó a nivel nacional, sino que fue localista, azuzado por maoístas, radicales, presuntos enclaves de la guerrilla urbana, entre otros.
Fue el magisterio, entonces afiliado al Cártel 22, permeado ya por los expulsados del paraíso presupuestal en el gobierno de Ulises Ruiz, quienes emprendieron esta asonada. De ninguna manera fue un movimiento genuino, por una verdadera reivindicación social. No. Fue sólo un ajuste de cuentas entre las mafias de poder priista, que buscaron venganza entre sí. No fue ni mucho menos la primera insurrección del Siglo XXI, como algunos despistados la calificaron. Fue un movimiento que tomó como rehén a los alumnos del sistema educativo estatal que perdieron clases durante seis meses. No obstante las probadas faltas de los maestros, se les pagó puntualmente. El fallido desalojo, que con certeza festinará hoy con marchas y manifestaciones el Cártel 22, pues ya no tiene más elementos para celebrar, fue un parteaguas con el que se quiso imponer autoridad ante un gobierno temeroso, siempre acotado por radicales y enfermos de izquierda, como les llamó el marxismo. Hubo miles de ingenuos que creyeron, de manera torpe, que estaban haciendo la revolución, cuando sólo le hacían el caldo gordo a unos cuantos que fueron, en efecto, los que cobraron las rentas políticas.
Ajustes controvertidos
Si lo que el gobernador Alejandro Murat quiso con las recientes designaciones que hizo en su gabinete legal y ampliado fue fortalecer su equipo de trabajo y sumar a su proyecto político a diversos actores dispersos, la crítica ciudadana opina que en algunos casos resultó peor el remedio que la enfermedad. En efecto, hay quienes fueron nombrados sin contar con el perfil y la capacidad para el cargo, es el caso del nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), Samuel Gurrión Matías, que sustituyó a José Luis Calvo Ziga, perfilado desde hace mucho para que renunciara, luego del escándalo que se desató por la presunta contratación de una empresa fantasma para que operara el relleno sanitario de la capital oaxaqueña. Pues bien, ni éste ni el nuevo titular cuentan con el perfil para ocupar el citado cargo, por lo que su designación obedece más al compromiso político que a la necesidad de hacer de esta administración un gobierno eficaz y ligado a las necesidades de la ciudadanía. Tal parece que la brecha entre gobernante y gobernados se amplía cada vez más, pues el ciudadano común ve las ocurrencia y dislates que se cometen en la cúpula gubernamental.
Lo preocupante es que ningún funcionario (a) puede dormir tranquilo en el cargo para el que fue designado. Amanece con el Jesús en la boca, sólo pensando en que puede ser relevado de un momento a otro, sin motivo aparente. Los hay, claro, que tienen certificado de inamovilidad. Se trata de los llamados yupies que arribaron con Murat Hinojosa, provenientes del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). Es decir, el gabinete, en los niveles de mando, está copado por extraños, fuereños, perfectos desconocidos en Oaxaca y que, además, ni les interesa éste terruño que ven como ajeno. Este fenómeno ha existido siempre, pero al parecer se ha exacerbado en la actual administración. Los cargos de primer nivel son ocupados por muchos funcionarios menores de dicha dependencia federal, que llegaron a ocupar otros sin el perfil para ello. En los cambios y designaciones que realizó el ejecutivo estatal, hay áreas en las que urgen ajustes sin que ellos lleguen no obstante los pésimos resultados que han tenido sus titulares. Nos referimos al área de seguridad pública, cuyo tema no parece estar entre las prioridades del actual gobierno.
