Sin que ello sea privativo de este gobierno, los escándalos se han vuelto una tendencia ascendente en esta administración. Se han dado en todas partes y niveles. Hace poco más de una semana trascendió en redes sociales que un elemento policial, asignado a proteger a la esposa del director del Registro Civil, habría encañonado a un empleado de dicha dependencia, cuando le negó el espacio para estacionarse. En principio, se trata de la esposa de un funcionario que no tiene tareas relativas a seguridad para darse esos excesos. Sin embargo, es la tendencia actual y en plena etapa de lo que llaman austeridad. En este gobierno, cualquier baba de perico trae guardaespaldas tanto el funcionario como su familia. ¿Los problemas de seguridad? Con que los servidores del gobierno anden protegidos lo demás poco importa. Es evidente que las tareas de seguridad tienen que ver con la cantidad mermada de efectivos que hacen dicha tarea, pero que por esos excesos del momento político, ahora cuidan a mujeres de maridos celosos o hijos. Por más que hemos insistido en el tema, en las altas esferas del poder estatal simplemente fingen demencia o se hacen los desentendidos.
Aclaraciones o malos entendidos aparte, el sábado pasado en la portada de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, publicamos una nota de la agencia Reforma sobre la posible contratación de una empresa fantasma para operar el relleno sanitario, asunto en el que estaría involucrado el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), José Luis Calvo Ziga. Luego de trascender en redes sociales, de inmediato vino la nota aclaratoria de parte del gobierno estatal, desmintiendo la especie, lo cual, como ya es común, pocos le dieron crédito. No se trata de acusaciones o señalamientos personales. No somos jueces ni fiscales, sino un medio de comunicación que trata de llevar la verdad a los lectores, por lo cual, deben ser las instancias competentes las que diluciden la realidad de los hechos. Lo que sí hay que reconocer es que hay datos disponibles respecto a una danza millonaria que se da en el manejo de la basura y sus operadores que, por si ello tiene que ver, compete a la SEMAEDESO y al ayuntamiento de la capital. En estos tiempos, cuando se está viendo la persecución desatada en contra de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que debe prevalecer en Oaxaca es la prudencia.
Sin miedo a la autoridad
El 2006 sentó en Oaxaca y tal vez en todo el país un pésimo precedente en torno a la relación ciudadano-autoridad. A partir de ahí, cualquier hijo de vecino arremete en contra de la policía o, inclusive, en contra de elementos del Ejército Mexicano y la Marina/Armada de México, que por el uniforme y el arma de cargo imprimían respeto. Y es justamente la cacareada política del respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos lo que ha creado este caldo de cultivo, en el que se van formando las generaciones del mañana. En ninguna parte del mundo civiles someten a militares, los desarman y les exigen que entreguen “al pueblo” las armas decomisadas, así sea una Barret 50, capaz de derribar helicópteros. Nunca en la historia de este país, comunidades enteras se oponían a los operativos policiales o militares, asumiendo la defensa de delincuentes, como ha ocurrido en Puebla u otras entidades, en que abuelos, padres e hijos se dedican al robo de gasolina. Si vivimos bajo la dictadura de la multitud, cuyos derechos humanos están más que protegidos por el Estado, ya podremos darnos cuenta que la parte vulnerable somos todos.
La semana anterior se dieron hechos en verdad preocupantes. Un primer episodio se dio en La Huacana, Michoacán, en donde un grupo de habitantes violentos y con certeza colaboradores de algún cartel criminal, desarmaron a un pelotón de militares y les exigieron entregar las armas decomisadas. El segundo se dio en la comunidad de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, en donde un destacamento de al menos 40 elementos militares fueron retenidos, porque los campesinos de la zona exigen fertilizante. Y el lector se preguntará: ¿y qué carajo tienen que ver los militares con que no les hayan surtido? La actitud es sospechosa, por supuesto. La evidencia de que ello responde a los intereses de los grupos criminales que operan en la región es sintomático. Lo que el gobierno debe promover a la brevedad posible es una reforma constitucional en la que se restablezca el principio de autoridad y deslindar el mantenimiento del Estado de Derecho de la política de derechos humanos. Porque ha sido ésta la que ha alentado posturas de desorden y desafío a la ley, sin que los responsables tengan el castigo que impone la ley. En cualquier parte del mundo agredir a las fuerzas del orden tienen penas severas.
