Ya se ha vuelto algo común, que la dependencia responsable de apoyar el deporte y la cultura física en el gobierno estatal, haga caso omiso de sus responsabilidades. El año pasado, la triatleta juvenil Cecilia Ramírez Alavés llegó al Aeropuerto de Oaxaca, luego de haber conseguido la medalla de oro en el Campeonato Juvenil de Triatlón que se llevó a cabo en Australia, sin que nadie en el gobierno se diera por enterado. La mayor parte de atletas de alto rendimiento son simple y sencillamente ignorados. Las redes sociales se dieron vuelo el fin de semana pasado para reproducir una grabación de un cronista deportivo que cubrió la competencia del joven pedalista oaxaqueño, Diego Martínez, en Aguascalientes, a quien dijo: su gobierno no lo apoya, tanto que hasta la camiseta y los tenis tuvo que comprar de su bolsa. Lo más grave fue cuando mencionó que llegó a dicha ciudad, en donde se celebró la competencia, por sus propios medios. Ahí recibió apoyo de hospedaje del Instituto del Deporte de dicha entidad. Esta situación es penosa porque exhibe la incompetencia que existe en diversas áreas del gobierno estatal, en donde los funcionarios ni asumen ni cumplen con las responsabilidades que les han sido encomendadas.
El sábado pasado, muy temprano vinieron las consabidas justificaciones de la titular Montserrat Aragón Heinze. Sin embargo, se ha sentado un mal precedente en lo que respecta a la falta de apoyo a los deportistas, lo cual suena contradictorio a la afición del titular del ejecutivo estatal a encabezar cada año, las competencias de triatlón en Huatulco. No es pues fortuito que los golpes mediáticos que deberían ser más dirigidos a los responsables den de lleno al gobernador sin que ello se justifique, habida cuenta de que los funcionarios a cargo de las diversas áreas deben responder con creces a la confianza otorgada. No esperemos que sea Murat Hinojosa quien tenga que aclarar u ofrecer disculpas. En estos tiempos, cuando se trata de ponderar los beneficios del deporte y la cultura física en los jóvenes, es cuando la CECUDE debe aplicarse en reconocer las capacidades, talento y creatividad de aquellos que en sus respectivas disciplinas han puesto en alto el nombre de Oaxaca. No se trata de justificarse tardíamente o dar un informe respecto a lo que dicha área ha realizado, sino de cumplir con la encomienda que tiene entre las manos.
Fiscalía Anticorrupción: ¿Qué hace?
Desde su creación, hace poco más de dos años, la llamada Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ha sido no más que un membrete. Tiene en su haber la liberación de algunos personajes que estuvieron en prisión, como presuntos responsables de delitos como peculado, desvío de recursos y otros, en el pasado régimen, de los cuales sólo queda uno privado de la libertad, pues el resto o ha salido libre o enfrentan su proceso en libertad. Todo ello gracias a carpetas de investigación mal integradas o hechas con celeridad y sin los elementos necesarios para sostener la acusación ante los jueces. El último fracaso de la referida Fiscalía fue la libertad de quien fuera titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA), Carlos Alberto Moreno Alcántara, que salió exonerado de cualquier ilícito, al igual que dos de sus cercanos colaboradores. El citado ex funcionario, él mismo abogado, le dio la vuelta a un proceso politizado y viciado. De los demás casos mejor ni hablar. Es penoso que se sigan utilizando los instrumentos de la justicia como acicate para poner contra la pared a enemigos o detractores políticos.
En los últimos meses se ha sabido de algunos casos de corrupción al interior del gabinete de Alejandro Murat. De inmediato los responsables se deslindan y asunto terminado. No hay una investigación a fondo que permita dilucidar ante la opinión pública, la certeza de que no hay tales corruptelas. El pasado sábado primero de junio, en la primera plana de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, se publicó una nota de la agencia Reforma, sobre la virtual corrupción propiciada por una empresa fantasma, que estaría operando en relleno sanitario. Si bien es cierto que dicha nota provocó reacciones en contrario, en el mismo gobierno, también es cierto que dejó la duda de los posibles negocios que podrían estar detrás del manejo de los residuos sólidos. El gobierno desmintió la existencia de la famosa empresa fantasma, pero sin más elementos admitió que hay denuncias anónimas en torno a cierto funcionario, que es el señalado de haber invitado a la empresa a participar, pero sin licitación alguna, más aún, que ni siquiera está en el padrón de proveedores del Sistema de Administración Tributaria (SAT). A todo ello, habría que preguntarse: ¿Y qué hace la Fiscalía Anticorrupción para inhibir este tipo de acciones? Es un acertijo.
