Uno de los graves problemas que enfrenta Oaxaca es el asunto del transporte. La anarquía, la falta de control y orden en el otorgamiento de concesiones y permisos, así como la presión que ejercen sindicatos, organizaciones sociales y grupos, han incidido para tener un transporte concesionado fatal. Miles de unidades circulan por las ocho regiones del estado sin control alguno y de manera ilegal. Muchas comunidades tienen sobresaturación de moto-taxis, como Juchitán de Zaragoza, por ejemplo, en donde los mismos operadores afirman que circulan al menos 4 mil mototaxis. La competencia desleal con el transporte concesionado de taxis ha creado un ambiente de tensión, habida cuenta de que mientras aquellos son usados para actividades criminales, los taxistas han estado en la mira de los homicidios dolosos. Varios han muerto de manera violenta en Salina Cruz y Tehuantepec en las dos últimas semanas. Sin embargo, no obstante los operativos montados para acotar o terminar con el transporte ilegal, ha sido parcial y no ha contribuido más que a exacerbar los ánimos y despertar los afanes violentos en el transporte.
Lo anterior viene a cuento por el bloqueo carretero que impusieron el pasado jueves taxista de Asunción Nochixtlán, que sin el menor recato cerraron la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de dicha comunidad, para protestar por la falta de operativos. Ya es común que cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI), en coordinación con la de Seguridad Pública (SSPO), disponen los citados operativos y detienen unidades ilegales, al día siguiente con los famosos bloqueos las autoridades tienen que dar marcha atrás y a veces, entregar las unidades aseguradas. Insistimos: la falta de vigencia en la aplicación de la ley es la que ha originado este tipo de acciones. Es importante subrayar que dichos grupos de unidades que circulan en la ilegalidad están protegidos y hasta blindados por conocidos dirigentes sociales que tienen ahí sus intereses. Ello ha contribuido asimismo a que el transporte sea hoy en día un serio asunto de seguridad estatal. Ahí se han incubado los peores vicios y corrupción. No son fortuitos los enfrentamientos y violencia que a menudo se presentan entre los sindicatos y organismos que controlan este segmento. Urge pues meter orden sin más instrumentos que aquellos que la ley pone en manos del gobierno, como representante legítimo del Estado.
¿Cuál austeridad?
El pasado viernes publicamos en nuestra edición diaria, una nota realmente preocupante, habida cuenta de que tal parece que en Oaxaca, aunque se argumentan medidas de austeridad por doquier, ésas no aplican en el equipo cercano del ejecutivo estatal. Sin ánimo de cuestionar la labor que desempeña el gobernador Alejandro Murat, significa una exageración que sólo en giras se hayan desembolsado durante 2018, más de 156 millones de pesos y que en gastos sólo de vuelos, el monto llegue a más de 93 millones. Si bien es cierto que las medidas de austeridad han prevalecido durante lo que lleva esta administración, es decir, 2 años y 6 meses, también es cierto que la queja de que no hay dinero contrasta con los excesos que se cometen en el círculo cercano al ejecutivo estatal. Mucho hemos dicho que dicha política está plagada de ambigüedades, habida cuenta de que se racionaliza el gasto en rubros elementales, pero en otros prevalece la frivolidad y el exceso. Es el caso de los funcionarios foráneos que viajan a la Ciudad de México una o dos veces por semana, para ver a su familia, erogando cantidades considerables del erario.
Otro de los excesos que aquí mismo hemos denunciado es la cantidad de elementos policiales que cuidan no sólo a los funcionarios de primer nivel, sino incluso a directores generales, esposas e hijos, cuando el cargo no justifica dicho exceso. Es sabido que tanto el Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública, el Comisionado de la Policía Estatal y por supuesto el ejecutivo estatal, serían los únicos autorizados para traer escoltas. Pero no. Funcionarios mayores y menores que nada tienen que ver con tareas de seguridad o procuración de justicia, se benefician de elementos policiales que, en otras circunstancias, deberían estar salvaguardando la seguridad ciudadana. Es más, ciertas personas del círculo cercano al ejecutivo estatal utilizan hasta camionetas blindadas, cuyo mantenimiento es demasiado costoso, al igual que el equipo aéreo. De querer mantenerse en la dinámica del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobernador debe instruir a sus cercanos a hacer lado sus frivolidades y excesos y actuar en congruencia con las medidas de austeridad. Que no se diga que las mismas son sólo un ardid discursivo plagado de demagogia. O que se tome a chunga cuando a la vista de todos, se siguen cometiendo una serie de abusos que contrastan con la pobreza de los oaxaqueños.
