La respiración de Javier aumenta mientras sus paisanos y la gente del pueblo vecino hablan, “no estoy de acuerdo”, dicen unos, mientras los otros refutan “hay que sentarnos a dialogar”. Mil 200 hectáreas de tierra es el motivo de la disputa.
Frente a frente al menos 200 pobladores de las comunidades de San Pedro Totomachápam y San Sebastián Río Dulce, agencias pertenecientes al municipio de Zimatlán de Álvarez, esperan con ansias; machetes, palos y piedras son lo que menos preocupan.
La presencia de personas con armas largas y cortas es más que evidente, escondidos detrás de la valla que hacen los pinos, el peligro es real. La tensión en el paraje La Carbonera crece con el pasar de los minutos.
Una resolución presidencial de 1986, que debería poner fin al conflicto agrario entre las dos comunidades y que busca ser ejecutada, ahora los pone en jaque… Así es como se solucionan los conflictos agrarios en Oaxaca.
Una eterna espera
A las siete de la mañana los pobladores de San Pedro Totomachápam, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, ubicada justo en la frontera de las regiones Sierra Sur, Valles Centrales y Mixteca emprenden el camino rumbo a La Carbonera, a tres horas a pie y a dos horas en vehículo en una brecha en la que se avanza a vuelta de rueda.
Después de dos horas de avanzar en tortuoso camino entre sembradíos, terrenos de ganado y un espeso bosque, llegan al lugar indicado, son decenas que se preparan para la batalla. La hora de la cita es a las 10 de la mañana del 30 de mayo del 2019.
En lo más alto de la loma los pobladores esperaban a sus vecinos de San Sebastián Río Dulce, comunidad vecina ubicada a no más de 10 minutos de San Pedro Totochápam, y quienes desde hace más de un siglo decidieron seguir otro camino para conformar dos pueblos.
“Mientras, nos comemos un taco”, se escucha de uno de los pobladores, acto seguido sus compañeros se burlan de él cuando saca una bolsa de tostadas procesadas industrialmente. Desde la estratégica zona se observa cualquier acercamiento no deseado.
“Ya vienen, ya vienen”, grita un vigía de San Pedro Totomachápam, las decenas de hombres se alistan y observan con impaciencia, “son traicioneros se escucha decir” en el fondo. Pero la alarma es falsa, los que llegan son los pobladores de San Pedro El Alto.
Pasados las 12:00 horas, algunas voces de los de Totomachápam pedían la retirada, “no podemos irnos, porque si llegan van a ejecutar la resolución presidencial”, protestaban los de mayor edad.
Perdidos entre los árboles, figuras humanas aparecen, son los de San Sebastián Río Dulce, quienes a paso lento escalan el cerro. Mientras, los que habían llegado desde horas antes, sin mencionar palabra, se levantan y se ven a los ojos.
Las pláticas
Los bandos se hacen uno, pues las similitudes físicas entre los habitantes de ambas poblaciones, como los lazos sanguíneos, no desaparecen ni en un siglo.
Con los de San Sebastián llega un dictaminador jurídico, quien se identifica como Eldeberto, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y responsable de ejecutar la resolución presidencial de 1986.
Dicha resolución favorece al pueblo de San Sebastián Río Dulce, pero que los de San Pedro Totomochápam nunca aceptaron y con sus ojos de furia reafirman su decisión.
Ningún representante de las fuerzas de seguridad ni federales ni estatales, acompañan a Eldeberto, solo dos ingenieros topógrafos, “si pedimos fuerza pública sí nos lo dan, pero por experiencia sabemos que eso altera más a los comuneros”, dice uno de ellos.
Mientras el representante de la Sedatu lee el oficio por el cual citaba a las comunidades de San Sebastián Río Dulce, San Pedro Totomochápam y San Pedro el Alto para ejecutar la resolución presidencial de hace más de tres décadas, los ánimos se encienden.
“Esa resolución no toma en cuenta los acuerdos firmados en 1908”, señala Herminio Vásquez Martínez, el presidente del comisariado de bienes comunales de San Pedro Totomachápam, “no vamos a permitir que se ejecute; por su lado “no tenemos más que dialogar, ya tenemos la resolución, ya hubo un juicio”, afirma la contraparte de San Sebastián Río Dulce.
Los dos bandos y el dictaminador jurídico saben que a estas alturas todo puede pasar, tan es así que sudaba a chorros. Mientras tanto, los representantes de San Pedro el Alto, los menos, sólo observan.
“Son décadas que tenemos estos pleitos y si seguimos así, nos podemos llevar otro siglo”, opina un poblador de Totomachápam, “nosotros no tenemos prisa”, dice casi a gritos uno de los vecinos de San Sebastián.
En medio, el dictaminador de la Sedatu se mordía los labios y llamaba tímidamente al diálogo, “si ustedes no quieren no se hará nada”, habla con la voz ahogada…
Para la próxima
Los de atrás, los que no se vieron, no entran en acción, aquellos que con armas esperaron impacientes que alguno hiciera un movimiento inesperado. Solos, en lo espeso del bosque, todo termina con una risa fingida y sin llegar a ningún acuerdo.
A tres horas del poblado más cercano, en caso de contingencia, las fuerzas de seguridad y de atención médica no llegarían en al menos seis horas.
¿Y el Gobierno del Estado?
Epifanio Celis Juárez es un vecino de Totomachápam que ha vivido en carne propia la tensión que ha vivido a lo largo de los años por el conflicto que tiene su comunidad con San Sebastián, y sobre todo, la falta de atención del Gobierno del Estado.
“Si algo llega a pasar, un enfrentamiento o que haya personas asesinadas, culpamos directamente al Gobierno del Estado, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, esto por la falta de atención en este conflicto que cada vez es más intenso”, señala Celis Juárez.
Ningún representante del gobierno estatal hace acto de presencia en el intento de ejecución de la resolución presidencial de 1986. Ni la Policía Estatal, ni la Secretaría General de Gobierno ni siquiera representantes del municipio de Zimatlán de Álvarez llegaron.
“Desde hace ocho meses no hay ninguna mesa de diálogo con los de San Sebastián, este conflicto está estacando, no hay manera de cómo avanzar y todo parece que seguirá así”, opina el poblador.
Las dos comunidades de no más de 500 habitantes y ubicados a una altitud de más de mil 700 metros sobre el nivel del mar advierten un probable enfrentamiento entre ambas. Lo han hecho desde hace años y temen que se haga realidad ante la mirada pasiva de las autoridades.
