Desde muy temprano, incluso, antes de que inicien labores en restaurantes y otros negocios, empiezan arribar al Centro Histórico de la capital, como su fueran hormigas, comerciantes en la vía pública que han logrado permiso oficial o cuentan con el apoyo de algunas de las decenas de organizaciones y sindicatos. Montan la mesa, los tubos en donde habrán de amarrar los cables, mecates, lonas. Algunos (as) llegan con sus “diablitos” en donde llevan cajas de plástico en cuyo interior van los productos que venderán en el transcurso del día. La mayoría es de otras partes del país y aunque suene contradictorio, no faltan los extranjeros.
Los aseadores de calzado que llevan no menos de cuarenta años de trabajar en el zócalo se lamentan de esta invasión silenciosa y a veces, hasta ruidosa. Nada pueden hacer ante la baja en sus percepciones, ante la falta de trabajo, pues ya nadie quiere ir al centro, ante este espectáculo tan deprimente. Las jardineras del corazón citadino lucen como paisajes lunares, sin plantas, sin flores. Y hay razón en ello. ¿Cómo plantarlas en lugares que a veces son utilizados como baños públicos para defecar, orinar y hasta para bañarse?
Mucho se dice que los nuevos gobiernos ya no le apuestan a los medios impresos sino a las redes sociales. Extraña pues que con los miles de datos que se difunden tanto en Twitter como el Facebook o Instagram, la autoridad local no se percate de la indignación ciudadana ante el secuestro de nuestro Centro Histórico. El paso frente al Palacio de Gobierno luce como una zahúrda, como un estercolero. Pero ya se apropiaron del mismo, grupos, organizaciones e indígenas, de esos que viven con la mano extendida, esperando como siempre la limosna oficial.
Nos referimos a los grupos de la etnia triqui, que tienen secuestrado el zócalo y calles aledañas. Lo que indigna es el por qué, a sabiendas de que no hay razón lógica para seguirles manteniendo sus medidas cautelares, el gobierno estatal no haya hecho su parte para desvirtuar los supuestos agravios. Ello podría ser el principio del fin de la impunidad que cubre a estos hampones de la etnia citada. En lo que respecta a los comerciantes que se han adueñado de nuestros espacios públicos, hay que subrayar que muchos, muchos de ellos, son originarios de otros estados del país: Estado de México, Puebla, Chiapas, la ciudad de México, etc., pero han venido a Oaxaca a tratar de imponer su ley.
¿Qué hacer vs grupos violentos?
La semana pasada, empleados de la Ciudad Judicial fueron materialmente atacados con machetes y palos por parte de integrantes del membrete denominado Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), cuyo dirigente es Omar Esparza, aquel viudo que ha vivido de la memoria de su esposa, Betty Cariño, sacrificada en la zona triqui en 2017. Dicha organización tiene presencia en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, distrito de Huajuapan de León, que libra un conflicto postelectoral que ha fracturado por completo a la población.
Pues bien, los vecinos de dicha comunidad llegaron en camiones y arremetieron en contra de empleados (as). Se reportaron varios golpeados, cuando intentaban salir del complejo de oficinas. ¿Por qué de esta agresión a modestos trabajadores del gobierno estatal que sólo cumplen con su deber, sin dañar a nadie, pero también sin capacidad de resolver algún asunto? Es simple: el espíritu animal que anima a las personas en multitud, puede hacer de éstas verdaderos criminales. Más aún, cuando tienen consciencia plena de que no habrá castigo a sus acciones, no importa cuán aberrantes sean las mismas.
Sin embargo, parece haber en esta administración, igual que al menos dos pasadas, un miedo terrible a aplicar la ley. Queda claro que los vecinos de Tezoatlán llegaron con afán de provocación, no a resolver un tema que debe canalizarse a los canales jurisdiccionales. El año pasado, ya lo hemos comentado, arribaron a Ciudad Judicial un grupo de enardecidos vecinos de Santo Domingo Teojomulco. Cerraron los accesos y en su afán de ganar notoriedad agredieron a pedradas a hombres y mujeres por igual, sólo trabajadores del gobierno estatal que exigían salir del complejo de oficinas. Se reportaron varios lesionados.
Cuando algunas empleadas, que tenían que dar a sus hijos, recogerlos en las escuelas, llevarlos al doctor, etc., trataron de escapar por las alcantarillas, varios cobardes incendiaron el pasto seco para asfixiarlas. Ese tipo de acciones distan mucho de ser hacer uso de la libertad de expresión. Son acciones criminales que deben ser vistas como tales y no con demasiada indulgencia. Hay muchas voces en Oaxaca que exigen al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa hacer uso de la fuerza y detener a los violentos. No es así como se gobierna. Hay que salvaguardar la institucionalidad del gobierno. Lo demás es ficción.
