Desde hace más de 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para brindar protección a los desplazados de la región Triqui, cuyos dirigentes han convertido la ayuda oficial en un negocio.
De manera mensual y en cheque nominativo, autoridades del Gobierno del Estado erogan más de 324 mil pesos a cuatro dirigentes de igual número de grupos de desplazados triquis de San Juan Copala.
El recurso se distribuye para la alimentación, insumos personales, renta de albergues, locales comerciales y diversos servicios, cuyos montos varían de acuerdo al número de integrantes de cada grupo y las exigencias de los mismos.
Apenas en este sexenio inició la entrega de apoyo por medio de cheques, cuando en la anterior administración era en especie y se registró un gasto de más de 51 millones de pesos.
La Secretaría General de Gobierno (Segego) eroga los apoyos de forma mensual y de manera directa a los dirigentes: Braulio Hernández, Reyna y Jesús Martínez, mientras que al grupo que encabeza Lorena Merino, los cheques y despensas se mantienen en resguardo desde 2017, ante la negativa de la lideresa por recibirlos.
“El argumento que ha dado para no aceptarlos, es que es muy poco dinero de los cheques e insuficientes los productos de las despensas”, según las autoridades de la dependencia estatal.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, la presente administración estatal ha erogado a la fecha más de 13 millones de pesos en apoyo a los desplazados de San Juan Copala.
De manera mensual, los apoyos con cheques son de 89 mil, 120 mil, 78 mil y 36 mil pesos para Braulio, Reyna, Lorena y Jesús, respectivamente, para beneficio de sus agremiados.
“Las medidas cautelares emitidas por la CIDH han servido para que tanto los desplazados de San Juan Copala como las personas que no vivieron el conflicto obtengan beneficios”, aseguró el director de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.
Por su parte, el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos, dijo que este organismo estatal se ha mantenido al margen de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, cuya competencia directa es del Gobierno del Estado por medio de la Secretaría General de Gobierno.
