A lo largo de esta semana, los empleados de la Ciudad Administrativa tuvieron que suspender labores ante la toma de las instalaciones por parte de un membrete denominado Frente Único para la Defensa del Indígena (FUDI), que dirige un sujeto de nombre Nemorio Pérez Núñez, quien lleva por delante de su militancia a mujeres y niños. Con actitudes agresivas dicha organización bloqueó los accesos en el área de torniquetes, impidiendo con ello la entrada y salida de trabajadores y funcionarios. Pero, ¿cuáles son las exigencias de este sujeto y su grupo, que se traslada en camioneta último modelo, de un lugar a otro y se le conoce como alguien que lucra a placer con las demandas sociales? Con todo cinismo convocó a una rueda de prensa para afirmar que busca recursos para obras en ciertas comunidades. Sin embargo, tal como lo dispuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ningún apoyo económico a los pobres y necesitados se hará a través de intermediarios sino de manera directa. Dicha lección no la han aprendido en el gobierno estatal, pues a tipos como el tal Nemorio le han dado recursos y materiales a granel. Obvio, nunca están satisfechos y regresan a diario por más.
Ya es tiempo de que tanto el gobernador Alejandro Murat como el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, dejen a un lado el temor para aplicar la ley. Nada, absolutamente nada justifica el cierre de oficinas, el secuestro de servidores públicos o el bloqueo de carreteras, para exigir recursos u obras, sin tener ninguna representación legal o política. Se entiende que aquellos que tienen un cargo de elección popular, como es el caso de los presidentes municipales o los representantes populares pueden hacer este tipo de peticiones, pero ninguno más. No obstante ha sido ese temor, el miedo cerval a cargar el estigma de represor y demás, lo que ha hecho que luego de los abusos cometidos, salgan las autoridades con la barrabasada de instalar una mesa de diálogo. En ninguna parte del mundo se permiten bloqueos de calles y avenidas por parte de una decena de sujetos, o que se secuestren o golpeen funcionarios, solamente en Oaxaca, en donde grupos como el FUDI y dirigentes como el citado Nemorio Pérez Núñez hacen de la ley una ficción. Ni un peso más a esta casta de vividores y extorsionadores del erario público. Cuando esta medida se aplique, veremos que se acabó el chantaje y los bloqueos.
Zafarranchos impunes
Ya son parte del escenario común en Oaxaca, los enfrentamientos entre grupos y organizaciones de transportistas, algunos, incluso, con resultados mortales. Pero tal parece que no pasa nada. Todo marcha viento en popa en una entidad en paz, como se dice en los discursos oficiales. El sábado 30 de marzo, moto-taxistas y taxistas de Pinotepa Nacional se enfrentaron a golpes, dejando una estela de destrozos y daños. Unidades destruidas en ambos grupos. Desde hace al menos un par de meses, grupos de taxistas de dicha ciudad costeña insistieron en que no dejarían que se instalara la modalidad de moto-taxis. Y a pesar de las declaraciones de la Secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Mariana Nasar, de que habría una veda para todo tipo de concesiones, dicha modalidad se instaló en Pinotepa. El resultado, como vimos, fue brutal. Es más, se dieron agresiones en contra de un colega periodista, que ya referimos el miércoles. El martes pasado la dosis se repitió, esta vez en Asunción Nochixtlán, entre taxistas del Sitio Hidalgo y de nueva cuenta moto-taxistas. El pueblo vivió una vez más acciones de violencia e ingobernabilidad, habida cuenta de que grupos inconformes de ambas partes protestaron en el palacio de gobierno.
La pregunta que nos hacemos como ciudadanos es: ¿por qué permite el gobierno de Alejandro Murat acciones en contra de la ley como las que hemos descrito y cuáles con los móviles para seguir solapando estas actitudes violentas? No lo sabemos. Pero en el transporte concesionado se ha dejado entrever un afán perverso de beneficiar a unos en detrimento de otros. Se sabe –y ello no es un secreto- que son verdaderas mafias las que se han enquistado en los sindicatos que manejan el transporte concesionado, en cuyos territorios cada uno pretende imponer su ley. Por las amenazas que unos esgrimen en contra de otros, hay tendencias criminales y no precisamente de explotar el transporte concesionado de pasajeros y acarreo de materiales, sino otras cosas. El asunto es que nadie les pone un alto y los enfrentamientos siguen a diarios sin que nadie intervenga. El ejecutivo estatal dijo hace un par de semanas que a transportistas que bloquearan carreteras o cruceros se les habrían de retirar las concesiones, pero nada dijo de quienes convirtieran la vida de la sociedad en un pandemónium. Ahí, la ley debe aplicarse con mayor dureza. Insistimos, se han dado enfrentamientos en donde ha habido pérdida de vidas.
