• Se acaba la paciencia ante inseguridad y violencia
• A tres meses, y tras siete asesinatos se reconoce deficiencia en la protección a periodistas
Éste inicio de semana Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, anunció la necesidad de llevar a cabo un nuevo recorte presupuestal a las dependencias del Gobierno Federal; así pasaremos de la Austeridad Republicana, a la Pobreza Franciscana, que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Romo destacó que se iniciará por disminuir y generar ahorros en las áreas de comunicación social; debemos recordar que desde el periodo de transición, López Obrador mostró su nulo interés hacia dichas áreas, señalando en un principio que desaparecerían, y aunque por debajo del agua los Secretarios y titulares de dependencias fueron dejando que las estructuras permanecieran, ahora que ya no alcanzan los recursos para los programas sociales, una vez más el Gobierno arremete contra la comunicación y los medios.
A tres meses de administración, la verdad es que los medios por temor, no han hecho su chamba. Nos preguntamos ¿dónde está la investigación y la documentación sobre los procesos de adquisición de bienes por adjudicación directa de la actual administración? ¿Por qué no se ha investigado el costo de tener un avión parado en California, y el exceso de pagar viajes comerciales a distintos puntos del territorio nacional? ¿En base a qué estudios, o bajo qué sustento se han cancelado otros programas sociales? ¿Por qué el campo está paralizado ante la falta de una estrategia y programas de apoyo?
En fin que los medios de comunicación no han hecho su trabajo, tal vez en espera de que el Gobierno comience a ejercer presupuestos de comunicación, o quizás ante la amenaza de ser auditados por el SAT o el IMSS; sin duda el Gobierno Federal aplicará recortes en rubros que aún no ha ejercido, y poco interés tiene en ejercer, cuando sin mucho esfuerzo ha logrado día a día, imponer agenda, y distraer a periodistas y comunicadores del trabajo que debieran llevar a cabo, para dar cuenta a la sociedad de lo que sucede en torno a la acciones de la nueva administración.
Tómelo con atención.-Éste lunes Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que nuestro país vive el momento más álgido desde tiempos revolucionarios; la paciencia de los ciudadanos se acaba, ante los elevados índices de inseguridad y la violencia, que de manera cotidiana se vive en el territorio nacional, por lo que es urgente hacer que bajen los índices delictivos.
Durazo Montaño, urgió a aprobar las leyes secundarias que den vida y operación a la Guardia Nacional, que si bien no es una varita mágica, será una herramienta que permita mejorar las condiciones y restablecer el orden.
Es preocupante lo señalado por el encargado de la Seguridad Nacional, cuando diferentes estudios, en efecto, indican el periodo Enero-Febrero, como el bimestre más violento en la historia de nuestro país. Independientemente de contar con una mayoría en el Congreso de la Unión, que permitió a Morena sacar adelante la creación de la Guardia Nacional, es de todos sabido que la estrategia aplicada en el primer trimestre de administración ha fallado, ya que por reforzar la seguridad en Tijuana y Acapulco, se desprotegió al sureste del país retirando a militares, marinos, y policía federal de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, entidades en las que se ha incrementado el actuar de la delincuencia organizada. No se puede pretender brindar seguridad y presumir la baja de delitos en dos o tres puntos protegidos, a costo de elevar los índices de delincuencia en el resto del país.
Tómelo con interés.- A tan sólo tres meses de administración de Andrés Manuel López Obrador, y ante los asesinatos de siete periodistas, el último Omar Iván Camacho -cronista deportivo en Culiacán, Sinaloa-, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció graves deficiencias en la operación del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La administración reconoce que deberá auditar a las empresas prestadoras de los servicios de seguridad privada, y de telecomunicaciones (botones de seguridad); una vez más la Presidencia de la República, decide desviar de sus funciones a elementos del Ejército Mexicano y Policías Federales, para que sean quienes asuman la protección de periodistas.
A lo largo de los últimos dos años, hemos reiterado que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas está mal planteado, ya que no puede ser una institución reactiva, que sólo participa cuando se ha presentado un ataque a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. No existen acciones o medidas preventivas que permitan evitar más ataques a periodistas y comunicadores.
Las autoridades de los tres niveles de Gobierno han solapado la impunidad en la impartición de justicia; si bien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha logrado resultados en el último año al analizar los mil 140 expedientes abiertos, solo en 87% de los casos, existe una sentencia condenatoria; del 2000 a la fecha son 141 periodistas asesinados, 24 desaparecidos, y miles de amenazas y agresiones contra periodistas.
A tres meses, las autoridades federales apenas han volteado a ver el problema, esperemos que las revisiones y auditorías no les lleven otros tres meses, ya que a la fecha el diálogo y acercamiento con el gremio periodístico ha sido nulo, pese a que desde hace varios años los periodistas nos hemos involucrado y hemos señalado la grave desigualdad en el marco legal para el ejercicio profesional del periodismo en nuestro país.
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