La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación.
“Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo responder.
La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.
El caso de la PGR
En la audiencia la PGR acusó a Duarte de “encabezar una organización criminal” que le permitió adueñarse de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos.
El origen del caso fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.
La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.
Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de empresas que solo existen en el papel), y que habrían recibido recursos públicos de la administración.
Las dudas
Luego de escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con precisión.
Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún, cayeron en contradicciones.
“Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia” dijo el juez.
Luego, la defensa insistió en que la Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
“¿Eso es todo?”, cuestionó el juez. La abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló que era claro que “los números no cuadraban”, pero que esto se vería a fondo en la audiencia de vinculación.
Las fallas siguieron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.
La Procuraduría tampoco pudo responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.
“Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando”, dijo el abogado Marco Antonio del Toro.
Fiscales poco preparados y una ausencia
En la audiencia inicial, la PGR estuvo representada por los agentes del MP: Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez.
Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte, señaló en la audiencia que dichos agentes “claramente no estaban preparados” para la misma, ante la dificultad que les representaba el encontrar los datos que se les solicitaban.
El juez Gerardo Moreno García no se expresó de la misma forma, pero advirtió que era la tercera vez que la PGR presentaba diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias relacionadas con esta causa penal. Cabe señalar que por este mismo caso el juez ya había vinculado a proceso y sentenciado a dos mujeres.
“Es la primera vez que yo los veo a ustedes. En este caso ya los conozco, pues también vinculé y sentencié a dos personas detenidas con anterioridad. La defensa ha hecho preguntas muy simples, y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”, dijo el juez.
Al seguir con sus críticas, el juez dijo que entendía que “posiblemente por cargas de trabajo” los fiscales no habían podido leer bien el caso, pero insistió en que esa no era responsabilidad de la defensa ni el presentado.
“No sé si es por la carga de trabajo que tienen y llevan varios casos, pero eso no es culpa del presentado ni sus abogados”, dijo el juez a los fiscales.
Cabe señalar que en la audiencia de vinculación a proceso de las hermanas Nadia y Eva Arzate Peralta estuvo presente un representante de la Unidad de inteligencia Financiera de Hacienda, pero en esta audiencia no fue así, o por lo menos no entre los representantes que podían intervenir en el caso.
Duarte, serio ante el juez
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lució con el rostro serio en la mayor parte de la audiencia, pero muy participativo. Por sí solo hizo más de 15 preguntas al juez sobre su caso, y mantuvo una charla casi permanente con su equipo de abogados.
En ningún momento se apreciaron sonrisas o gestos de burla, como ocurrió en Guatemala.
La audiencia inicial, programada para las 16:30 horas de ayer, se retrasó porque el exgobernador pidió un tiempo para comer tras haber llegado a México procedente de Guatemala. Ya en la audiencia, vestía la misma ropa que al llegar al país: pantalón de mezclilla y camisa con líneas guinda.
Duarte estuvo acompañado en todo momento por un equipo de cinco abogados, encabezado por Marco del Toro.
