El gobierno de Venezuela anunció nuevamente el cierre de la frontera y la revisión de relaciones diplomáticas con Aruba, Bonaire y Curazao por servir de centro de acopio de ayuda humanitaria destinada a la nación petrolera.
La oposición está presionando por el ingreso de esa ayuda y su líder Juan Guaidó anunció el miércoles que el 23 de febrero habrá movilizaciones hacia cuarteles en distintos puntos del país, para “exigir” a los militares que permitan el paso de alimentos y medicinas desde naciones vecinas.
El hecho de que Curazao “haya decidido prestarse para estes how, que lo único que procura y pretende es la intervención de Venezuela, ante esa situación Venezuela ha adoptado no solamente la suspensión y cierre de nuestra frontera, sino también poner bajo revisión (…) las relaciones”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez a periodistas.
Más temprano el miércoles, el general Miguel Morales había confirmado la reapertura con las Antillas sin dar detalles sobre las razones y tampoco explicó las causas del cierre en lavíspera.
Curazao es uno de los tres puntos de acopio, junto con Colombia y Brasil, de alimentos y medicinas que la oposición venezolana quiere que ingresen al país para asistir a unas 250 mil personas, entre ellos niños, ancianos y mujer esembarazadas con desnutrición y enfermedades crónicas.
El gobierno de Nicolás Maduro rechaza que en Venezuela exista una crisis humanitaria, asegura que la comida y medicamentos de los que habla la oposición son “limosnas” y anunció para esta semana la llegada de 300 toneladas de insumos y asistencia desde Rusia.
“Nosotros no necesitamos ayuda de nadie”, dijo en un acto el miércoles Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente y segundo hombre del gobierno.
Julio Castro, de la ONG Médicos por la Salud, dijo en una conferencia de prensa que calcula se necesitan entre 800 a mil millones de dólares para recuperar los hospitales, cuyas unidades de emergencia carecen de la mitad de los medicamentos e implementos para atender a pacientes.
El profesional también dijo que cuerpos policiales y grupos armados afectos al gobierno algunas veces presionan a doctores y enfermeras que denuncian públicamente las carencias.
“No se me ocurre nada peor para un paciente que no te quiten el dolor. Es una tortura”, dijo Castro.
El gobierno de Maduro también es señalado por organizaciones de defensa de derechos humanos, que acusan a los cuerpos de seguridad de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales contra opositores.
Amnistía Internacional llamó el miércoles a aplicar la jurisdicción universal para garantizar los derechos humanos y denunció una escalada en la represión, en particular para castigar a residentes de barrios pobres que participaron en recientes protestas.
Desde Ginebra, Human Right Watch mostró también preocupación por la situación:
“Venezuela necesita apoyo internacional para restablecer la democracia y el estado de derecho, y poner fin a la brutal represión de Maduro contra la disidencia”.
