La disputa por la tierra sigue siendo una de las causas que más muerte provoca entre los oaxaqueños, a pesar de que muchos conflictos tienen décadas de estar vigentes, además, la irrupción de organizaciones sociales ha avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades donde existen conflictos agrarios.
Existen 356 conflictos agrarios activos, de los cuales 30 son de alto riesgo, 60 de medio riesgo y 266 están en vías de solución.
Aunque la mayoría está en litigio en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) o en conciliación con dependencias federales y estatales, Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en el país.
En los últimos dos años, ante el rezago en las resoluciones agrarias por parte de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario, las diferencias se acentuaron y provocaron que al menos 58 oaxaqueños fueran asesinados por presuntas reyertas por la disputa del territorio.
Según la Secretaría General de Gobierno, es la Sierra Sur donde más ataques y enfrentamientos entre poseedores de la tierra se han registrado, seguida de la Mixteca y la Cuenca del Papaloápam.
Se han contabilizado 25 hechos violentos entre enfrentamientos y emboscadas protagonizados por miembros de comunidades por disputas de tierra. Por estos sucesos, 60 personas resultaron con heridas de bala y más de mil han sido desplazadas por la violencia. 38 de las víctimas ocurrieron en 2017 y 20 en 2018. A los cuales se acumulan los registrados entre Zochiquilazala y San Martín Peras.
La dependencia también destacó que derivado de conflictos políticos entre grupos opositores, los tribunales electorales anularon 38 elecciones municipales, por lo que en esas localidades se nombraron comisionados municipales.
A pesar de ello, se avanza en el diálogo con autoridades municipales y agrarias para tratar de conciliar 11 problemas agrarios.
Ante este escenario de incertidumbre, llamó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) y a la Procuraduría Agraria (PA), para que se atiendan los conflictos agrarios que persisten en la entidad, y lograr una solución pacífica y definitiva.
“La violencia agraria tiene responsables, y éstos son los órganos jurisdiccionales en materia agraria que en la última década han dilatado la solución de los litigios agrarios, 32 de ellos de alta explosividad.
La ley y la Constitución General de la República es clara, y el Gobierno del Estado no tiene qué ver en la repartición de tierra, sino que esta encomienda al concluirse el reparto agrario en el año de 1995, la tienen los tribunales agrarios”.
