“(Doy) 48 horas a los gobiernos del ‘cartel’ de Lima para que rectifiquen su política intervencionista y grosera, (si no) tomaremos las medidas más crudas y enérgicas que se pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales”, declaró Nicolás Maduro como respuesta a la abierta oposición del Grupo de Lima al próximo mandato que pretende asumir a pesar de que arrastró a la nación petrolera a una profunda crisis económica y social.
Este 10 de enero Nicolás Maduro toma, nuevamente, las riendas de Venezuela. El próximo período presidencial del chavista fue declarado “ilegítimo” por la coalición de países americanos que integran el Grupo de Lima y el Parlamento venezolano -de mayoría opositora- afirmó que no reconocerá su gobierno.
Así, Nicolás Maduro informó que el régimen de Venezuela entregó una nota de protesta a todos los países que integran el Grupo de Lima para exigir “una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas”.
Las airadas declaraciones de Maduro llegan después de que el Grupo de Lima -con el beneplácito de Estados Unidos- le pidiera no aferrarse a la Presidencia y que transfiriese el poder a la Asamblea Nacional, mientras se convoca a “elecciones democráticas”.
La oficialista Asamblea Constituyente, de poderes absolutos, ordenó el martes la apertura de una investigación por “traición a la patria” contra parlamentarios opositores que respaldaron la declaración del Grupo de Lima.
“Es pertinente, es justo y yo lo apoyo plenamente”, declaró Nicolás Maduro sobre la decisión de la Constituyente.
Maduro consideró que el llamamiento para que transfiera el poder al Parlamento, único poder controlado por la oposición, equivale a “ordenar el derrocamiento del Gobierno legítimo de Venezuela”.
El sucesor de Hugo Chávez, de 56 años, jurará este jueves 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y no frente al Congreso-, tras ser reelegido el 20 de mayo en unos comicios considerados fraudulentos, los mismos que no fueron reconocidos por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos.
