La creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue recibida con reservas en el estado.
La consulta para crear la ley de este instituto, convocada por el abogado indígena Adelfo Regino Montes, próximo titular de la dependencia encargada de vincular al gobierno nacional con los 56 pueblos indígenas que coexisten en el país, sirvió como espacio de expresión para demandar un proyecto para una verdadera autonomía, sin tutelaje oficial ni limitantes legales.
La iniciativa de ley que se espera sea aprobada antes del 1 de diciembre en la Cámara de Diputados federal fue criticada porque creará una dependencia similar a las que le anteceden, el Instituto Nacional Indigenista y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que mantuvieron a los pueblos originarios en un orden de decisión subordinado al gobierno federal.
“Esta ley es una copia de cómo están las cosas en la CDI, es la misma estructura”, explica en entrevista Epifanio Díaz, asesor jurídico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que acusa que en el rango de decisión del consejo de pueblos indígenas y del propio director quedan supeditados a una junta de gobierno conformada por secretarios de Estado.
Asimismo apuntó que este instituto requiere autonomía, pues como está planteado será un organismo descentralizado de la Secretaría de Bienestar y tendrá límites tanto presupuestales como de ejecución. La propuesta del MULT es que el consejo de pueblos indígenas, que está colocado en una tercera instancia de decisión, esté por encima o al nivel de la junta de gobierno, “lo que buscamos es que se ponga de pie lo que está de cabeza, primero está la junta de gobierno, luego la dirección general y luego abajo el consejo de pueblos indígenas, queremos que se invierta ese papel”.
Por su parte, Aldo González Rojas, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), coincidió en que la demanda de los pueblos indígenas es la creación de una instancia autónoma del gobierno federal.
“Nos parece que sigue siendo un instituto como los que ha habido en gobiernos anteriores, como el Instituto Nacional Indigenista o CDI. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Lo que nosotros estamos planteando es una reforma constitucional en la que se establezca la creación de un organismo constitucional autónomo que pueda atender a los pueblos indígenas desde la perspectiva de los pueblos indígenas con un órgano de gobierno conformado por representantes indígenas, esa es la propuesta, no nos interesa una secretaría de Estado ni una subsecretaría porque sería depender de la Presidencia de la República, nos interesa la autonomía, los pueblos indígenas podemos tomar nuestras propias decisiones y determinaciones”, aseguró.
Rebasar el asistencialismo
Para el antropólogo Juan Carlos Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas permitirá superar la visión asistencialista que ha mantenido el Estado hacia las comunidades originarias y será un primer paso para analizar las propuestas de reforma constitucional encaminada a lograr la autonomía indígena.
“El instituto tendría otro enfoque y otras herramientas para impulsar que las comunidades generen su propia política pública, para que tengan mayor capacidad de defender sus territorios y sus recursos y también para que haya mejor coordinación con las instancias de gobierno.
“Se intenta quitar el foco de la idea de que los indígenas son pobres y marginados y hay que ayudarlos, debe haber una acción compensatoria porque hay una historia de despojo, de empobrecimiento y debe haber ciertos servicios o apoyos destinados al combate a la pobreza, pero el foco es la forma en la que van a salir de la pobreza, reconociéndoseles como culturas, como civilizaciones, como actores que tienen derecho a ejercer sus derechos políticos plenamente”, expresó.
Por su parte, Anabel Sánchez López, integrante del equipo organizador de los foros de consulta para elaborar la iniciativa de ley que cree el INPI, señaló que a pesar de que ahora no hay oportunidad para crear un organismo autónomo, esta nueva instancia de gobierno generará beneficios relevantes como el garantizar que los pueblos originarios sean reconocidos como sujetos de derecho público.
“No es momento para crear un organismo autónomo, porque el artículo segundo constitucional establece sí el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero no todavía como sujetos de derecho público, establece una instancia encargada de la política pública, no de vigilancia y seguimiento, el carácter con el cual se cuenta en la Constitución no da para ello”.
El instituto, agregó, tendrá capacidad normativa para acompañar procesos de consulta de los pueblos indígenas y para presentar reformas constitucionales, entre ellas la que otorgue plena autonomía para ejercer sus derechos a las comunidades indígenas.
