Aunque Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Atzompa son considerados por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) dentro de los 10 con mayor incidencia de violencia contra la mujer, estos quedaron fuera de los 40 municipios con alerta de género.
En el dictamen que recibió el Grupo de Trabajo para atender la solicitud de alerta de género que envió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde el año pasado, la SSPO enlistó 10 municipios con mayor registro de esta problemática.
En primer lugar ubicó a Oaxaca de Juárez; le siguió Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán, Salina Cruz, Santa Lucía del Camino, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa María Atzompa, Huajuapan de León y San Antonio de la Cal.
Sin embargo, la alerta de género que declaró el Gobierno federal para 40 municipios del Estado, dejó fuera a Xoxocotlán y Atzompa, pese a que ahí también registra el mayor número de llamadas de emergencia por violencia contra la mujer.
De Valles Centrales, la alerta solo fue para ocho municipios: Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros, Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez.
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), fijó una serie de resolutivos para Oaxaca, con la declaratoria de la alerta de género.
Pidió que el estado presente a la brevedad un programa de trabajo integral que atienda a todo el territorio estatal, con las particularidades a las ocho regiones y establezca las bases de coordinación en la materia con los 570 municipios que le integran.
Con la alerta, el Gobierno estatal tendrá que elaborar un estudio para determinar la situación del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, que permita establecer un diálogo para que desde el respeto a su autonomía, se generen o fortalezcan los mecanismos existentes para garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas.
