Del 2012, cuando se tipificó en Oaxaca el delito de feminicidio a la fecha, se han cometido 593 casos que sí sustentan la declaratoria para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en esta entidad, dijeron voces de la sociedad civil. Esta estrategia, se trata de un mecanismo no sancionador, pero sí se vuelve una llamada de atención y pone en los ojos del mundo los vacíos de los gobiernos locales.
En este preámbulo del análisis del caso Oaxaca por el comité interdisciplinario, conformado por académicos y de representantes de los gobiernos federal y estatal, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) presentó el informe: “Implementación del tipo penal del feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 2014-2015”.
Entre las conclusiones logradas de este grupo se encuentra la petición a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que emita de manera urgente la alerta, misma que se acompañe con un presupuesto suficiente y medidas eficaces que permitan ser evaluadas a corto plazo.
Al respeto, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez, Iliana Hernández Gómez, explicó que “la alerta de género es un mecanismo implementado por la federación, a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y pretende hacer un análisis de los gobiernos de sus programas, así como evalúa que la normatividad de las entidades cumplan con su compromiso”.
La exfiscal la Atención de Delitos contra la Mujer por Cuestión de Género de la Fiscalía General, informó que quienes solicitan esta petición, como en este caso lo hizo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en el 2017, lo hacen sustentando qué municipios registran la más alta incidencia en feminicidios o violencia contra las mujeres.
Pero también pueden utilizar la justificante por el agravio comparado; es decir, una ley que está violentando alguna garantía de este sector para hacer la petición ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) quien coordina los trabajos previos.
Al ser sujeto a una declaratoria, el estado tiene que ofrecer las respuestas necesarias a los requerimientos, sin embargo, no será la varita mágica que cambie la situación, argumentó.
“La alerta no es una sentencia que obligue al estado, es un acto no-vinculatorio, no obligatorio y es como una llamada de atención, de sembrar los focos rojos para decir: ‘estado tienes muchas mujeres asesinadas’, decirle lo que le falta en capacitación o en política pública”.
Tampoco servirá para bajar recursos porque el mecanismo para mayor presupuesto se tendrá que buscar en diversas estrategias como en seguridad, mencionó.
“Con eso no vamos recibir una lluvia de recursos a partir de que dicten la alerta”.
No obstante, el estado tendrá que responder a los mecanismos porque estará en el ojo de organismos internacionales.
La alerta comenzó por el caso del “campo algodonero” en Ciudad Juárez cuando aparecieron tres cuerpos de mujeres asesinadas y ahora obliga a las autoridades a crear instituciones especializadas para la atención de violencia de mujeres, centros de justicia, institutos municipales, entre otros.
“En lo personal, pienso que no hemos visto grandes logros con la alerta”, dijo Iliana Hernández Gómez.
En caso de emitirse en Oaxaca, la entidad tendría 6 meses para enderezar el proceso, con diversas estrategias. Si la alerta solo se ve como un mecanismo de oportunidad para hacer eventos públicos y se ocultan las deficiencias, no tendrá ningún resultado. En los otros estados que se declaró alerta, no se ha comprobado la reducción de la violencia, en ninguno”, informó.
Hallan a la delincuencia organizada como principal victimario
Contraria a las declaraciones de las autoridades estatales, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ubicó a la delincuencia organizada como uno de los principales victimarios y no la familia ni la pareja como siempre se ha declarado.
En sus datos refieren que en un 61 por ciento de los casos, las víctimas no tenían relación con el o los agresores, quienes en su mayoría utilizaron armas de fuego.
Sin embargo, preocupa a las organizaciones de este observatorio que un 21% de los sucesos se quedan sin imputación porque la autoridad desconoce al agresor, convirtiéndose en tierra fértil para la impunidad.
Y en un 16% fue la pareja fue la victimaria, y en 2 % los familiares.
Se politiza la alerta en Oaxaca
“Toda muerte violenta de mujeres tiene que iniciarse como feminicidio, pero la actitud patriarcal, machista, no permite considerarla de esta manera”, indicó la representante de la asociación civil Consorcio Parlamentario por la Equidad, Jessica Sánchez Maya.
De acuerdo con los datos del Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) en su informe: “Implementación del tipo penal del feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 2014-2015, de 385 asesinatos de mujeres cometidos de enero de 2014 a junio de 2017, el 60% se investigó como feminicidio; es decir unos 256 casos.
Eso, frente a la complejidad de la violencia y la continuidad de la desaparición de mujeres y niñas en la entidad que dejó de diciembre de 2016 a la fecha 315 casos, según los datos de esta asociación.
De ese universo, fueron localizadas 17; 4 fueron víctimas del homicidio y del resto no hay información.
Mientras tanto, en este sexenio del gobernador Alejandro Murat son 210 las mujeres víctimas de esta violencia, siendo el rango de edad de más de 50 años las afectadas, seguidas de las de 31 a 40 años.
Esos hechos sí justifican la alerta, dijo Jéssica Sánchez Maya, sin embargo, observó otros intereses de los gobiernos.
“Los gobiernos de los estados, vieron a la alerta como la afectación de la imagen y los empezaron a politizar; mandaban el cabildeo a la Conavim, y es lo que pasa ahora con Oaxaca”.
Y por eso, en un principio, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) realizó una lista de participantes afines al gobierno para el análisis y no a las organizaciones que trabajan en el tema.
“No sé si el presidente Enrique Peña Nieto quiera golpear a Alejandro Murat con la alerta, por eso, yo pienso que si se niegan a reconocer la cantidad de feminicidios, están trabando el tema”, añadió.
Cabe mencionar que, desde mediados del 2017 se inició en el estado de Oaxaca el trámite para declarar la alerta, a través del Sistema de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
De acuerdo con cifras del INEGI y el Sistema Integrado de Estadísticas sobre la Violencia contra las Mujeres, ente el año 2010 y 2015 se registraron alrededor de 2 mil 484 muertes violentas de mujeres.
En Oaxaca, un grupo de trabajo se encuentra analizando la solicitud de alerta de género hecha por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO), teniendo como base las mil 279 muertes violentas de mujeres registradas en los últimos 18 años.
La comisión que analiza el caso Oaxaca, está integrada por dos académicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), una de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de México – Xochimilco, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres representantes de los gobiernos federal y estatal.
A nivel nacional, los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidios son: Guerrero, Chihuahua, Colima, y las Bajas Californias.
