Una de las primeras medidas que adoptó el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, luego de asumirse triunfador en la contienda, fue designar de manera apresurada a 32 Coordinadores Estatales de los Programas de la Presidencia de la República. Esta decisión se dio luego de manifestar que las famosas delegaciones estatales habrían de desaparecer, acusando excesivo burocratismo pero abriendo la puerta a otro. En Oaxaca, AMLO designó en dicho cargo a Nancy Ortiz Cabrera, quien es a su vez, presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido que llevó al tabasqueño a la presidencia, por lo que se ve que, más que por capacidad se trata de un pago de favores políticos. Hace unos días, la aludida designó a 15 delegados regionales, con el argumento de que serán quienes vigilen el destino de los recursos que se generan para los programas sociales, es decir, harán el papel similar a los delegados federales de los que el presidente ha dicho que son burócratas. Esta situación tiene en un dilema a los gobernadores de las 32 entidades federativas. No se explica la existencia de poderes meta constitucionales ni funcionarios con poderes extraordinarios, como es el caso de los famosos coordinadores.
Esta situación –inédita en la vida institucional del país- deja más dudas que certezas sobre las acciones que ha empezado a tomar el presidente electo. A juicio de juristas y conocedores de la Constitución, se trata de una incursión en la autonomía de los estados soberanos, pero además, nada de ello está estipulado ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni, mucho menos, tienen respaldo legal. Hay quienes advierten serios descalabros al régimen que iniciará funciones el próximo primero de diciembre. Por lo que se ha escuchado a la fecha, es que se preparan sendos amparos en contra de la figura aludida, además de que, vulnera el Pacto Federal, al concentrarse en un solo cargo facultades extraordinarias. En este entorno, la prudencia a la que se ha llamado al virtual gobierno federal, que aún no está en funciones, es justo lo que se requiere en estos momentos, pues en temas sustanciales como es el de la seguridad, poco se ha dicho. En una situación nunca vista en el país, un día y otro, AMLO hace gala de protagonismo para designar a sus colaboradores a diestra y siniestra, cuando aún no ha rendido protesta.
Zócalo: Sigue como estercolero
¿Será vulnerar los derechos humanos desalojar o imponer castigo a algunos indigentes que se han apropiado del zócalo de la capital oaxaqueña y de todo el Centro Histórico, y que lo utilizan como mingitorio y lugar para defecar? Uno de los argumentos que el gobierno de la ciudad ha esgrimido para evitar detener o desalojar a dichos indigentes y alcohólicos es que de inmediato, y ante cualquier acción punitiva, es la infalible presencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y sus recomendaciones. La crítica se ha volcado sobre la falta de acciones para evitar que el corazón de la ciudad se convierta en una letrina, situación que mantiene molesta a la ciudadanía en general, pero particularmente a quienes a través de las redes sociales han mostrado su indignación. Las fotografías están a diario en las redes. Hace dos semanas se difundió una, pero en los últimos días la situación se repite una y otra vez, sin que autoridad alguna intervenga para frenar este tipo de acciones que nos hacen ver como un pueblo sin ley ni autoridad. En este espacio hemos insistido en el espectáculo deprimente que dan los indigentes que han llegado a vivir y cohabitar al zócalo de la capital, con el consecuente daño a la imagen visual.
En otro contexto está la mendicidad que pulula por toda la ciudad. Un ejemplo de ello son los menores de edad que son explotados por vivales indígenas tzeltales y tzotziles de Chiapas. Pese a las denuncias ciudadanas y a la difusión en redes sociales de un caso abierto de trabajo infantil y trata, nada han hecho las autoridades ni estatales ni municipales. El argumento es el mismo: de proceder a retirar a los menores, de inmediato brincará la DDHPO, para argumentar violación a los derechos humanos o al libre tránsito. Se trata –de ser así- de una visión torcida de la realidad social. No pueden mantener los derechos de los explotados por encima de los intereses de quienes los explotan. Son dos casos graves en los que la autoridad es inhibida por una visión torcida de las garantías individuales. Al menos entre la sociedad, ya es común la idea de que dichos organismos tienen una visión sesgada de la realidad social y de los derechos humanos. En ambos casos las cuestiones deben ser vistas bajo el prisma de aplicación de la ley. No más. Y es lo que aquí hace falta. No más dudas y tanteos.
