Ante el enorme descrédito que arrastra la clase política en nuestro país, es necesario implantar un código de ética, dignificar sus tareas y actividades para que no haya abusos. Y si bien los medios impresos como las redes sociales se han convertido en el mejor termómetro para conocer la irritación de los ciudadanos ante actos de presunta corrupción, la aplicación de la ley debe ser fundamental para erradicar corrupción e impunidad.
El presupuesto del Senado, la Cámara de Diputados, Presidencia y los partidos políticos, no es la mayor parte del dinero presupuestado, pero es ahí donde están quienes deciden los montos. Son ellos quienes prefieren asignarse un mayor presupuesto antes que atender prioridades de los oaxaqueños. Por ello, mientras muchos políticos y sus familiares se sigan exhibiendo en las redes sociales como los nuevos ricos, continuará en aumento el enojo y la irritación social.
Ante un escenario complejo, hoy la gente debe ser más aguerrida para salir a expresar su cansancio de esta situación, hartos de este comportamiento, porque cuando la gente decide callarse y no dice nada, el problema es que al final estos personajes logran sus objetivos.
Los oaxaqueños están cansados de los excesos cometidos por políticos y sus familiares exhibidos en las redes sociales, y ante el nuevo escenario político después de las elecciones del 1 de julio, ha llegado el momento de dignificar la carrera política y administrativa para evitar que el descrédito de todos ellos siga en aumento. La clase en el poder hace gala de sus excesos y exhiben una enorme rapiña por los recursos económicos de que gozan y los prolongan a sus familiares que deben ser sancionados por la ley.
Uno de los síntomas más preocupantes del estado actual es el creciente desprestigio de los políticos, a los que se les considera tan ineptos como corruptos. De poco sirve escudarse en que no todos los políticos son iguales, una obviedad manifiesta, ni advertir de las fatales consecuencias para la estabilidad del orden político establecido, una amenaza que al menos tiene la virtud de mostrar lo hondo que esta opinión ha calado.
Empero, lo más grave de la situación radica en que la clase política esté poco dispuesta y menos capacitada, no ya para enfrentarse, sino ni siquiera para detectar las causas de este desprestigio, cuyas perversas secuelas, por otro lado, a nadie se le ocultan.
Reforma indígena
Al margen de que nuestros pueblos indígenas enfrentan problemas de pobreza económica, marginación y exclusión social, las causas de esta problemática son múltiples e históricas, de ahí la necesidad de garantizar en todo momento el debido reconocimiento y la implementación de los derechos de todos ellos, en particular su derecho a la libre determinación y coadyuvar en su desarrollo integral y sostenible.
La importancia de que en Oaxaca sea posible concretar la reforma constitucional, como una forma efectiva para revertir la discriminación, la exclusión, la marginación y las injusticias que han vivido dichos pueblos, dejó de importar a los representantes populares. A pesar de que es necesario impulsar efectivamente el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo de una manera integral y sustentable.
Nunca como ahora urge que la actual administración siente las bases para enfrentar de manera integral la exclusión y marginación de los indígenas que han padecido desde hace muchos siglos. Crear las condiciones para que en los próximos años se vayan superando, ya que los pueblos indígenas son portadores de una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, en cuyos territorios yace una invaluable riqueza de recursos naturales.
Las poblaciones indígenas en México tienen una clara desventaja para el acceso a derechos sociales y bienestar económico, como lo muestran cifras aportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo y las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
Después de varios años postergada, hoy se abre la posibilidad de que la reforma indígena se convierta en realidad, que sea analizada y aprobada por los legisladores locales, con lo cual los anhelos por desterrar la exclusión y la marginación de todos ellos en el estado no siga siendo una realidad.
Si bien se llegó a pensar que la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca sería un gran avance para crear las condiciones básicas que permitan atender y resolver de fondo sus demandas, todo sigue igual, porque se han empeñado en postergar esta creciente demanda de las comunidades originarias.
