•Encuentro Social, el obstáculo para validar la elección presidencial.
•Mal primer semestre para sector energético.
Uno de los grandes pendientes en el servicio público en los últimos veinte años, ha sido la profesionalización y el servicio civil de carrera. Este será uno de los grandes retos para Andrés Manuel López Obrador y su administración; si bien se han anunciado medidas para eficientar la operación y atención en las oficinas públicas, el hacer cumplir jornadas de ocho horas, y contemplar labores de lunes a sábado, no son suficientes para dar resultados.
Desde hace varios años, la sociedad ha señalado su malestar por la falta de estudios, y la profesionalización de servidores públicos, así como de legisladores. Si bien un título profesional no es garantía de eficiencia y de mejor servicio, es indignante y vergonzoso descubrir que existen servidores públicos y legisladores, que ostentan títulos profesionales inexistentes, o quienes de plano tienen el cinismo de exhibirse con certificados y cédulas falsas; así como quienes acreditan estudios truncos de secundaria o preparatoria.
Por lo anterior, resulta necesario una revisión y un ajuste en los salarios de los servidores públicos, también sería conveniente incentivar la preparación y profesionalización de servidores y funcionarios, a través de compensaciones o bonos para quienes acrediten estudios de postgrado, y preparación en beneficio del servicio público. De igual forma, es necesario fomentar programas de capacitación y profesionalización, reconociendo con compensaciones o bonos, a quienes acaten sus responsabilidades y acrediten estudios al mismo tiempo, en beneficio del servicio que prestan a la ciudadanía.
Esta administración debe hacer cumplir los perfiles profesionales, y los requisitos que establece el marco legal, para el desempeño de funciones asignadas. De igual manera será necesario establecer requisitos, y un marco legal normativo para que los legisladores acrediten un mínimo de estudios, y presenten exámenes que validen mínimos conocimientos para ejercer un cargo.
Finalmente deberá procederse a sancionar a quienes se ostenten con títulos y certificados falsos, carentes de registro. Así como se realizan acciones contra los falsificadores, se debe sancionar a quienes hacen usos de estos documentos falsos, y se ostentan, indebidamente en los sectores público y privado, como licenciados, maestros, o doctores, en distintas disciplinas.
Tómelo con atención.- Pasada la jornada electoral del 1 de Julio, el Instituto Nacional Electoral, declaró ganador de la contienda a Andrés Manuel López Obrador; sin embargo el tribunal electoral, se enfrenta a un gran obstáculo para validar la elección y declararlo Presidente Electo.
El Partido Encuentro Social, pasó de ser aliado a convertirse en el principal obstáculo, para que las autoridades entreguen la constancia de mayoría a AMLO. En su último intento por salvar su registro, su líder Hugo Eric Flores Cervantes, ha impugnado incluso fuera de tiempo la elección presidencial, y eso ha impedido avanzar en muchas tareas al político tabasqueño.
Cabe destacar que Flores Cervantes ha sido señalado por varios líderes cristianos, por mal administrar al partido, lo que derivó en que varios grupos de cristianos emitieran sus votos en favor de Ricardo Anaya del Frente por México, y José Antonio Meade abanderado del PRI-Verde.
Sin duda los cristianos saben que tienen elementos para sacar adelante una organización política, pero se sienten usados por Hugo Eric, de quien saben tiene como antecedentes haber sido cesado e inhabilitado, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de Semarnat en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Tómelo con Interés.- Es claro que 2018 ha resultado uno de los peores años para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Ambas empresas públicas reportan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos, al reducirse los subsidios públicos y derivado de malas administraciones.
La Reforma Energética ha sido una de las grandes modificaciones que apuntaban a mejorar la administración y generación de ingresos públicos; sin embargo la ciudadanía lejos de observar mejores condiciones, ha sufrido constantes incrementos en gasolina, gas y electricidad, por lo que la nueva administración tendrá que ir a fondo en la revisión de contratos, y el uso de recursos públicos en ambas entidades, así como analizar si en verdad se debe seguir adelante, con las acciones que se contemplan en las modificaciones al marco legal en la materia.
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