Uno de los más grandes retos de Mandela al asumir la presidencia de Sudáfrica fue combatir el apartheid, segregación racial que hasta los 90 fue practicada en el país. Pero la segregación no fue un fenómeno meramente social, sino que implicaba también un gran reto económico para el nuevo gobierno al formarse en junio de 1994.
Como consecuencia del apartheid existía una gran inequidad en la distribución de la riqueza y la oferta de servicios en el país. De una población de 40 millones de personas, 23 millones no tenían servicio eléctrico ni drenaje, 12 millones no tenían acceso a agua potable, 2 millones de niños no asistían a la escuela y la tasa de analfabetismo alcanzaba un tercio de la población. La tasa de desempleo se encontraba en 33% y casi la mitad de la población vivía debajo de la línea de pobreza.
Además, el gobierno no contaba con ahorros y una quinta parte del presupuesto estaba atado al pago de deudas, por lo que la nueva administración se enfrentaba a grandes retos. Ante la incapacidad de usar fondos gubernamentales para la creación de empleos, el nuevo gobierno decidió apostar por la inversión extranjera, por lo que se adhirió al Consenso de Washington del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Este Consenso era un decálogo propuesto por los organismos internacionales enfocado en mejorar la situación fiscal de los países mediante reformas tributarias, apertura al comercio internacional, privatización de empresas estatales y desregulación de ciertos mercados. Su implementación fue posteriormente criticada, ya que se le considera el culpable de algunas crisis, como en el caso de México.
En cuanto a la disminución de la pobreza, el gobierno de Mandela elevó el gasto destinado a programas sociales en 37% a lo largo de sus cinco años de gobierno. Las ayudas a comunidades, personas con discapacidad, becas infantiles y pensiones, fueron equilibradas, las cuales se encontraban determinadas dependiendo del grupo racial al que se perteneciera.
Además, se introdujo en 1994 la gratuidad del sistema de salud para los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas, misma que se extendió a los usuarios de los servicios básicos de salud en 1996.
Para el final del mandato de Mandela, 3 millones de personas ganaron acceso a las líneas telefónicas, 1.5 millones de niños se integraron al sistema educativo, se construyeron o mejoraron 500 clínicas, 2 millones de personas se conectaron a la red eléctrica, el acceso al agua se extendió para 3 millones de personas y 750,000 casas fueron construidas, dando alojamiento a 3 millones de sudafricanos.
El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de la distribución del ingreso al interior de una país, mostró una reducción de 0.593 a 0.578 entre 1993 y 2000; donde 1 es una perfecta desigualdad.
