De algo podemos estar ciertos. Las elecciones del pasado domingo no sólo fueron las más competidas, como ya dijimos ayer, sino las más violentas e inseguras de los últimos tiempos. Los candidatos asesinados: Pamela Itzamaray Terán y Emigdio López Avendaño; los heridos: Raymundo Carmona Laredo; el correligionario que murió luego de haber resultado herido en el atentado contra el anterior: Heber Román; el funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Andrés Bernal, asesinado en Pinotepa Nacional o los funcionarios de los consejos distritales que prefirieron dejar el cargo ante las amenazas de muerte recibidas, forman un entorno de violencia, muerte e intimidación. Si a ello se agrega la quema de paquetería electoral, previa al asalto a los camiones que la transportaban, ello agrega un ingrediente más a nuestro complicado escenario en la víspera de las elecciones del domingo pasado. Desde luego que Oaxaca fue uno de los estados en donde la violencia política se enquistó en diversas regiones, como en ciertos estados del país, particularmente Guerrero. Ello motivó, como ya hemos dicho, los constantes llamados a la civilidad y la tolerancia. Empero, grupos delictivos se empecinaron en crear el caldo de cultivo del terror y la muerte.
Se sabe asimismo, que varios candidatos a diversos cargos de elección popular la dejaron, precisamente por las amenazas recibidas y la constante intimidación de grupos criminales y bandas locales. Aunque hay un gran hermetismo al respecto, y se entiende que es por seguridad, ciertas regiones de la entidad como la Cuenca del Papaloapan y el Istmo estuvieron bajo ese esquema. Es importante reconocer asimismo, que la presión y la amenaza se recrudeció con los candidatos (as) a las presidencias municipales. De esta suerte pues, Andrés Manuel López Obrador, que resultó electo presidente de la República, tiene tras de sí un panorama que por fortuna no ensombreció la jornada electoral del domingo, que se llevó a cabo con civilidad, pero que habrá que resolver. Un país deshecho entre la inseguridad y la impunidad; entre la violencia y el terror. Nada, absolutamente nada claro se advierte el panorama del futuro de México. Nuestro país y en consecuencia nuestro estado, está fracturado política y socialmente, pero además, con el terror y la inseguridad a cuestas. Si los optimistas piensan que salimos fortalecidos de este proceso, los del lado contrario opinan que estamos más polarizados aún. Urge pues un proceso de reconciliación nacional y de unidad.
Judicatura: ente oneroso e inútil
Abogados postulantes, colegios, barras y demás de abogados, han puesto sobre la mesa la necesaria desaparición del llamado Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por considerar que se trata de una mala copia del existente en otras entidades del país y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin justificar su existencia, dado que ha sido desde su creación en 2011, un instrumento que en lugar de agilizar el sistema de impartición de justicia, sólo lo ha obstaculizado. Ha trascendido que en estos días, la LXIII Legislatura del Estado aprobará la iniciativa para su desaparición y posterior liquidación de quienes figuran ahí como magistrados. Desde el inicio de la actual administración en el Poder Judicial, se detectaron algunas anomalías, particularmente las que tienen que ver con el manejo del Fondo de Administración de Justicia, que por supuesto no son justificables. Desde ahí inició una especie de tour de force con quienes forman parte del citado Consejo, dejando entrever que existe un abierto afán de obstaculizar la gestión de quienes hoy tienen a su cargo la delicada tarea de impartir justicia. Quienes saben del tema mencionan que el dictamen y decreto para la desaparición del referido órgano, que se creó a través del Decreto 397, el 15 de abril de 2011, está listo.
Uno de los argumentos para tomar dicha medida es que no es parte del equilibrio que se espera en el sistema de impartición de justicia, sino que asemeja ser un órgano que duplica las acciones del mismo Poder Judicial. Se dice, por ejemplo, que de los 819 millones de pesos que fueron aprobados por el Congreso para el ejercicio 2018, el Tribunal Superior de Justicia sólo dispone de 159 millones de pesos, en tanto que el Consejo de la Judicatura se chuta la no menos despreciable suma de más de 600. Es decir, éste es una especie de élite, que no se justifica en estos tiempos cuando el Presupuesto de Egresos está limitado al pago de amortizaciones y deuda que dejó la administración de Gabino Cué. La desaparición del referido órgano –se dice- habrá de fortalecer la impartición de justicia. Hace un par de semanas correspondió al presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, A.C., Miguel Ángel Varela Sánchez, calificar al citado Consejo de la Judicatura como “un elefante blanco (pues) no cumple con ninguna función”, en nuestra edición del pasado viernes, apareció una entrevista al presidente de la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca, Juan José Meixueiro, quien sostuvo que en efecto, el citado Consejo de la Judicatura resulta ser demasiado oneroso para el presupuesto oaxaqueño y sugirió la creación de salas regionales.
