El lunes pasado la ciudadanía de la capital oaxaqueña y de los Valles Centrales vivió un infierno. Desde muy temprano, pobladores de varias comunidades de la Sierra Sur: Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza, San Lorenzo Texmelucan, Santa Cruz Zenzontepec y otras, arribaron a la capital con el insano propósito –cobarde, por supuesto- de agredir a la ciudadanía, tomar oficinas federales y estatales, cerrar colegios y bloquear vialidades. El argumento es que se han firmado minutas de trabajo para que les construyan carreteras y les den medicinas para un hospital, pero las dependencias no han cumplido en absoluto. Con el rostro cubierto, no obstante haber sido recibidos en la Secretaría General de Gobierno, los inconformes mantuvieron tomadas las oficinas del Centro SCT y las de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el consecuente “secuestro” de cerca de 200 personas, entre funcionarios, empleados, mujeres y niños, a los cuales mantuvieron retenidos en contra de su voluntad por más de 20 horas, dado que se les permitió salir entre 4 y 6 de la mañana de ayer martes. Es importante subrayar que durante ese período en que se encontraron privados de la libertad, no se les permitió tomar alimentos ni agua. Los rijosos de la Sierra Sur estaban totalmente embrutecidos por alcohol y posiblemente droga, según testigos.
Dirigidos por Inocencio Michel López, ampliamente conocido desde el 2006, como activista de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), aún en la tarde/noche del mismo lunes, los comuneros mencionados se dirigieron al Centro Histórico haciendo destrozos a su paso y generando un clima de terror con machetes, palos y resorteras. Lo anterior generó una gran indignación ciudadana, habida cuenta de que tal parece que el Estado ya no garantiza la seguridad ciudadana, mucho menos la tranquilidad y paz social. Se ha malentendido la libre expresión con la comisión de abusos y atrocidades. Oaxaca asemeja ser una ínsula de impunidad en la que todo mundo puede cometer abusos y bajezas, encubierto en una mal entendida protesta, sin recibir castigo. Ayer, sin más, los rijosos fueron recibidos por las autoridades de la Secretaría General de Gobierno y una vez más, sin recibir una muestra de la fuerza del gobierno, como representante legítimo del Estado, se van a sus comunidades impunes y sin mácula.
Investigación no simulación
El lunes fue asimismo trágico. A menos de una semana de la jornada electoral del primero de julio, fue asesinado en un paraje cercano a Yogana, Ejutla de Crespo, el candidato a diputado local por ése distrito, abanderado por la coalición “Juntos haremos historia”, Emigdio López Avendaño, cuando el vehículo en que viajaba junto con cuatro de sus colaboradores, fue emboscado por desconocidos. El citado vehículo recibió decenas de impactos de armas de grueso calibre. Trascendió que Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz y Florencio Ramírez, fallecieron en el acto, junto con Emigidio, quedando sus cuerpos esparcidos en el camino. Sin prejuzgar, es importante subrayar que sobre el fallecido candidato pesaban acusaciones de estar involucrado en los añejos conflictos agrarios y de tierras que mantienen algunas comunidades de la Sierra Sur. Es más, se le había señalado como el instigador de los abusos y atropellos de los comuneros de las poblaciones que llegaron a la capital a cometer una serie de bajezas. La información sobre este crimen múltiple, estuvo en los noticiarios nocturnos de la televisión poniendo a Oaxaca una vez más, en el escaparate de la crítica y la descalificación.
A nadie, absolutamente a nadie beneficia un escenario de violencia y muerte previa la jornada electoral. El Estado debe garantizar la seguridad de los candidatos, de los partidos políticos y de la sociedad en general. Oaxaca, ya lo hemos dicho, arrastra estándares gravísimos de inseguridad. No es el remanso de paz de los discursos oficiales y las presentaciones. Existe un ambiente de clara impunidad. Los crímenes que tienen que ver con grupos delictivos y mafias, jamás son investigados. Por ello, en este tema tan delicado, el Estado debe acelerar las investigaciones y, a la brevedad posible, dar una explicación al respecto, sin especulaciones ni ficciones. Se trata de cinco personas muertas en un atentado criminal que de ninguna manera debe quedarse como simple estadística, sino como la prueba fehaciente de que estas elecciones, calificadas como “las elecciones del terror y del narco”, muestra los grandes vacíos que aún tenemos en materia de seguridad. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo ésta última, deben ponerse las pilas antes de que la crítica y descalificación a este gobierno, sigan haciendo mella.
