De acuerdo con documentos de una demanda, recuperados por The Huffington Post, el personal que trabaja para la Oficina de Instalación de Refugiados de Estados Unidos (ORR en inglés) droga rutinariamente con psicotrópicos a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres, informó El Universal.
Presionado por la ola de críticas en EU y el mundo por su política de separar a niños migrantes de sus familias en la frontera con México, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy un decreto para frenar esta práctica. Aún así, días antes, él y sus funcionarios insistían en que la medida era humanitaria y los menores retenidos recibían cuidados adecuados.
Sin embargo, una demanda contra el “acuerdo de Flores”, firmado en 1997 y que establece que los menores no acompañados detenidos en la frontera sólo pueden ser privados de libertad durante 20 días, busca frenar una larga lista de presuntas malas prácticas en las instalaciones de la ORR, que ya tienen numerosas denuncias. Entre las acusaciones más graves se señala que los menores migrantes son drogados sin su consentimiento, apunta el Huffington Post.
Un niño citado en la demanda consultada por ese diario dijo que llegó a tomar hasta nueve píldoras por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.
“La ORR administra rutinariamente a niños medicamentos psicotrópicos sin autorización legal”, se lee en un memorando presentado en la demanda el 16 de abril. “Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, la ORR los obliga. El organismo no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar al niño, ni busca la autoridad legal para consentir en nombre de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de ‘consentimiento’, ungiéndose a sí mismos con la ‘autoridad’ necesaria para administrar drogas psicotrópicas a niños retenidos”, señala el documento.
La mayoría de las denuncias acusan al Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso Flores, que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado entre los centros manejados por la ORR.
“No es específico de Shiloh”, dijo al Huffigton Post Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en este caso. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores migrantes, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.
Un niño, identificado en los registros judiciales como Julio Z., dijo que el personal de dicha instalación lo tiró al piso y lo obligó a tomar medicamentos. Además, vio al personal abrir la boca de otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio intentó rechazar el medicamento, el doctor sólo lo ignoró.
“Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme. Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las píldoras”, dijo Julio.
“A veces me ponen inyecciones a la fuerza. Uno o dos empleados sostienen mis brazos, y la enfermera me pone la inyección”, dijo una niña, identificada como Rosa L.
Los medicamentos a menudo vienen con efectos secundarios graves, señala el diario. Julio Z. informó que ganó 20 kilos en sólo dos meses. La madre de otra niña, identificada en los registros judiciales como Isabella M., dijo que los medicamentos eran tan fuertes que su hija se cayó repetidamente porque no podía caminar.
Ni el Shiloh Residential Treatment Center ni la ORR han hecho declaraciones al respecto de estas acusaciones.
Normalmente, ORR libera a menores no acompañados a un patrocinador después de hacerse cargo de ellos, generalmente un padre o pariente. Pero en cualquier momento dado en los últimos años, más de 200 de los niños permanecen bajo custodia federal, ya sea porque la ORR no pudo encontrar un patrocinador o porque la agencia elige colocar a los niños en instalaciones protegidas o en centros de tratamiento residencial.
Algunos de los niños a cargo de la ORR pueden terminar en centros residenciales de tratamiento debido a problemas de comportamiento o problemas de salud mental. Debido a su historial y contexto como migrantes y refugiados, algunos de ellos sufren traumas severos o trastornos psiquiátricos que requieren atención médica, incluidos el trastorno de estrés postraumático, en cuyo caso, los psicotrópicos pueden ser una vía válida, señala la demanda.
Sin embargo, señala la misma querella, suministrar medicamentos tan fuertes sin el consentimiento de los padres viola la ley estatal de Texas, los términos del acuerdo Flores y la “decencia común”. Por otro lado, las condiciones de detención probablemente agravan los problemas de salud mental que sufren los niños migrantes, dijo al HuffPost Luis Zayas, decano de la Universidad de Trabajo Social de Texas, quien entrevistó a docenas de niños en centros de detención familiar.
Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex, medicamentos utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones, fueron las pastillas identificadas por Zayas en las acusaciones.
Lorilei Williams, una abogada que trabajó con más de una docena de niños encerrados en Shiloh, dijo que sus clientes recibían constántemente medicamentos sin el consentimiento de sus padres y, a menudo, sin que los propios niños supieran porqué. Señaló que los niños con los que trabajaba a menudo parecían clamados y sufrían “un inmenso aumento de peso en un período muy corto de tiempo”.
Williams dijo al diario que sospechó que los niños “estaban siendo medicados para hacerlos más tranquilos y más controlados”.
El Centro de Tratamiento Residencial Shiloh ha sido criticado en el pasado por malas prácticas, incluida la medicación violenta y el uso injustificado de restricciones físicas, un problema que Williams dijo que los niños con los que habló también reportaron.
En 2011, el gobierno estatal cerró otro centro de tratamiento residencial de Clay Dean Hill, el empresario y presidente de Shiloh. La acción se detonó luego de que un niño muriera mientras estaba encerrado en un armario, según reveló una investigación de 2014 del Houston Chronicle.
Otros dos niños murieron en centros establecidos por Hill después de que fueron retenidos, según una investigación de Reveal. El informe encontró que los albergues contratados por ORR tenían registros serios de irregularidades, incluido el abuso sexual y físico. Sin embargo, en los últimos cuatro años, continuaron recibiendo un total de 1.5 mil millones de dólares del gobierno para alojar a niños migrantes.
De acuerdo el Texas Tribune, desde mayo de este año el centro Shiloh tiene al menos a 20 menores migrantes bajo su cuidado.
