En 2015, en Matías Romero, un joven, Alfredo Colmenero, fue secuestrado, asesinado y se dice que incinerado por una tríada de delincuentes. Dos siguen en prisión y esperan pronta sentencia por dicho ilícito. Sin embargo, uno de los procesados fue liberado la noche del miércoles 13 de junio, luego de la resolución emitida por los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento los cuales no encontraron los elementos suficientes para declararlo culpable. La terna de jueces conforme a las pruebas desahogadas en la Audiencia de Debate, determinó que no hay pruebas suficientes en contra de J.S.S., lo que derivó en su absolución. En su deliberación afirmaron que hay inconsistencias de la testigo, la cual hace señalamientos en contra del liberado por el dicho de una tercera persona, sin haberlo visto. Sin embargo, en protesta por dicha acción judicial, la familia de la víctima optó por las medidas de chantaje y presión que son tan comunes en nuestro medio: ha mantenido bloqueada la Carretera Transístmica, desde ese miércoles 13 hasta el momento, negándose a cualquier trato con las autoridades para liberar dicha vía, acción que hasta el momento ha generado pérdidas millonarias a transportistas, operadores del transporte y empresas, una de ellas Petróleos Mexicanos.
Manejados por ciertos actores políticos, que quieren aprovechar el momento electoral para llevar agua a su molino, los bloqueadores de la citada vía carretera han lanzado diatribas y denuestos en contra del presidente del Poder Judicial del Estado, con el avieso propósito de afectar a terceros. Y han persistido en su propósito de entorpecer la libre circulación en la zona del Istmo de Tehuantepec y el Golfo de México, sin reparar en que al ser una sentencia de primera instancia, los familiares de la víctima pueden impugnar a través del recurso correspondiente ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado o recurrir al amparo de la justicia federal. Existe la certeza de que dos de los imputados en el secuestro y asesinato del joven Colmenero, ocurrido en el 2015, conforme a las investigaciones, resultaron culpables del delito de secuestro agravado, por lo tanto, en los próximos días se procedería a la lectura de la sentencia y la pena correspondiente. Ello, por supuesto, mantiene sin cuidado a los responsables del bloqueo, que van con todo para afectar a personas que nada tienen que ver en el tema.
Nochixtlán: Efeméride y victimización
El magisterio leal a quienes manejan esa especie de Cártel que es el Comité Ejecutivo Seccional (CES), estarán hoy por las calles, asumiendo como siempre lo han hecho, el papel de víctimas del affaire Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016. Sería una infamia reconocer como un acierto los abusos de las fuerzas policiales tanto federales como estatales, sin embargo, tampoco se trata de llegar a los lugares comunes de validar la eterna victimización de los maestros, que se asumieron los golpeados, los reprimidos, cuando todo mundo los conoce de ser violentos y de doble moral. Según los datos disponibles, un grupo minoritario de mentores mantenía un bloqueo carretero a la altura de dicha comunidad, sin razón o demanda que ameritara dicha acción. Se procedió al desalojo del bloqueo, pero las corporaciones policiales lo hicieron sin un plan estratégico. Era día de tianguis dominical en Nochixtlán y por ello acuden miles de vecinos de las diversas comunidades. Además, cualquier movimiento que realiza el magisterio de inmediato se infiltra con organizaciones adláteres. Obvio, cuando las corporaciones intentaron quitar el bloqueo ya no eran unos pocos sino una multitud que respondió con acciones de extrema violencia.
Se usaron armas de fuego. El saldo fue de ocho muertos, pero ninguno de ellos era maestro. No obstante la Sección 22 se apropió materialmente de dicho evento y asumió –nada raro en el magisterio- el papel de víctima. Se hizo todo un show mediático. Los medios se volcaron en descalificar la acción policial, no obstante que hubo cerca de doscientos elementos que resultaron heridos. Muchos de ellos por arma de fuego. Pese a lo anterior, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y su titular, Arturo Peimbert, señalaron como principal responsable al gobierno de Gabino Cué y no obstante las evidencia que siempre se negaron a constatar por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), quien salió como víctima y a través del comité creado ex professo, COVIC, ha hecho de esta antes tranquila comunidad mixteca, un remanso de violencia, acoso al gobierno y coto de poder. La verdad torcida sobre Nochixtlán no sólo ha afectado a los mismos habitantes, que ya no son dueños ni vecinos de dicha comunidad, sino al pueblo de Oaxaca, que conoce la historia, pero otros más avezados en victimizarse, han cambiado la jugada.
