El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
De inicio, ¿qué es una zona de veda? De acuerdo con el propio Gobierno federal son “áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.
Pero el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario mexicano firmó diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas y la acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, incluso hoy, un día después de que medios de comunicación nacionales dieran a conocer la noticia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
No obstante, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consultados por SinEmbargo coincidieron en que el sistema de vedas es un importante mecanismo de protección para las cuencas y al ser levantadas se vulnera al vital líquido a la privatización a través de las concesiones.
“La figura de la veda protege a los acuíferos de la sobreexplotación […] Nos quieren dorar la píldora como si fuera algo favorable a la ecología, cuando más bien lo que hace es dejar vulnerable al país a una profundización de la dinámica de privatización que ya se ha venido dando”, afirmó el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de dicha casa de estudios.
“Las empresas están buscando la seguridad jurídica de que el agua que se les ofrece no le sea retirada. Las corporaciones ven con mucha desconfianza las vedas y están exigiéndole al Gobierno mexicano que sean levantadas, como un mecanismo para proteger sus intereses a largo plazo. La urgencia de este régimen que ya va de salida, por abrir esto al mercado, tiene que ver con compromisos con los grandes consorcios extractivistas. Es una medida muy preocupante y por eso estamos exigiendo su abrogación”, añadió.
Además, tanto el investigador Moctezuma, como el maestro Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la misma universidad, cuestionaron que en los decretos que ponen fin a las vedas del Río Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, del Río Pánuco, del Río Papaloapan, del Río Actopan y Río Antigua, y Grijalva-Usumacinta, no se toma en cuenta el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Al respecto, Constantino Toto declaró que “detrás de una decisión aparentemente técnica y neutra, como esta, se violan preceptos constitucionales de derechos humanos. Asimismo, existen implicaciones económicas importantes e implicaciones de despojo”.
Por su parte, Moctezuma Barragán externó que una de sus preocupaciones radica en que los decretos establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales no sólo para fines doméstico y ambiental, sino también para público urbano, con lo que –advirtió– se abre la puerta a que los gobernadores de los distintos estados decidan asignar cualquier uso al agua, incluido el industrial.
“Los Gobernadores pueden asignar cualquier uso [al vital líquido], como un uso público urbano, incluso el uso industrial. Es un mecanismo muy abierto que no garantiza el derecho humano al agua. Se abre la concesión a asociaciones público privadas como ya han venido haciendo los gobernadores que han estado en dinámicas de privatización como Baja California, Coahuila, Puebla, Veracruz, etcétera”, dijo.
Las industrias de minería, inmobiliarias, fracking, además de las refresqueras y cerveceras y todas aquellas que requieren grandes volúmenes de agua para llevar a cabo sus tareas, señalaron, serían beneficiadas con la decena de decretos que dejan en la indefensión cuencas de todas partes de la República Mexicana.
Mientras tanto, la población mexicana en general -a mediano plazo– y las comunidades indígenas –en un futuro más cercano– se verían afectadas por la poca disponibilidad del vital líquido, indicaron los expertos. Asimismo, criticaron que la acción se ejecute cuando el sexenio se encuentra ya en su fase final, pues los efectos podrían notarse hasta la siguiente administración.
“El país no requiere un ingrediente adicional de tensión social como éste. Me da la impresión de que se hace en el último momento para que los costos que implique una decisión tan poco popular recaiga en la próxima administración”, vaticinó Constantino Toto.
Cabe señalar que de acuerdo con la Alianza contra el Fracking, la fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El portal interactivo Agua.org indica que en el caso de la minería, durante 2014 consumió alrededor de 437 millones de metros cúbicos del vital líquido.
Además, el estudio “Apropiación de agua, medio ambiente y obesidad. Los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que el conglomerado de títulos que sólo hasta 2012 servían a las diversas plantas embotelladoras de Coca Cola México, sumaron un volumen concesionado cercano a los 33.7 millones de metros cúbicos por año. Las cerveceras no se quedan atrás, por ejemplo, un caso reciente es el de Constellation Brands que requerirá 20 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
“Esta medida pone a los núcleos agrarios vulnerables al despojo de sus aguas y le da un gran poder a los negocios y a los gobernadores para que se establezcan concesiones como han hecho ya con empresas que son depredadoras y que buscan hacer del agua un mecanismo de lucro”, apuntaló Moctezuma Barragán.
En el mismo sentido, Constantino Toto remarcó que existe desigualdad al momento de tomar decisiones de este calibre, pues, las pequeñas comunidades agrarias no tienen el mismo poder que los grandes corporativos.
“Si se hace un uso desconsiderado en materia del patrimonio de la naturaleza, los perdedores inmediatos son las comunidades agrarias y las comunidades indígenas. En el mediano plazo, somos todos porque podría darse un uso faccioso de este tipo de instrumentos institucionales que atraerían corporaciones cuyo único objetivo es incrementar la rentabilidad de sus inversiones”. comentó.
Ante este panorama, Moctezuma Barragán hizo un llamado a que se discuta y apruebe una Ley General de Aguas que prevenga situaciones como la que actualmente ocurre. Por ello, recordó que desde la sociedad civil se promueve una iniciativa en la que se presentan propuestas para lograr que “se corrija la mala gestión del agua” en México, entre ellas:
–Incorporar la participación ciudadana.
–Poner freno a las malas prácticas, a la corrupción y a la impunidad.
–Implementar un plan rector en donde se garantice el derecho humano al agua como prioridad y que los planes rectores sean vinculantes.
–Elaborar decretos de protección en zonas de extremo estrés hídrico, a fin de proteger los cuerpos de agua de una explotación que vaya en contra del derecho humano.
