Los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo, fueron ejecutados la noche de ayer en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, luego de denunciar amenazas por la disputa de tierra y agua en huertas manzaneras.
Ambos viajaban por el tramo carretero que conduce del campo menonita número 101 a la comunidad de Flores Magón, cuando a la altura del kilómetro 60 fueron interceptados por sujetos armados que les dispararon.
De acuerdo con los líderes barzonistas Eraclio Rodríguez –candidato a diputado federal por el Distrito 7– y Joaquín Solorio Urrutia, las víctimas pertenecían a El Barzón y habían recibido amenazas relacionadas con la pugna por el agua y la tierra, situación que denunciaron con tiempo al fiscal general César Augusto Peniche Espejel.
Padre e hijo se dirigían a su rancho en Namiquipa al momento de ser asesinados. A ese hecho se suma una serie de amenazas contra integrantes de El Barzón de la misma región noroeste, entre ellos Martín Solís y el mismo Eraclio Rodríguez, así como campañas de odio lanzadas en redes sociales, principalmente por parte del abogado de la familia LeBarón, Raúl Aragón, refirió Solorio.
A su vez, Rodríguez responsabilizó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a Peniche Espejel y a la Comisión Estatal de Seguridad, de ser omisos ante las denuncias que han presentado por amenazas, incluidas las que recibieron Hernández Nevárez y Hernández Andujo.
Con el asesinato de sus compañeros, abundó Joaquín Solorio, volvieron a revivir los homicidios de su hermano Ismael Solorio Urrutia y la esposa de éste, Martha Manuela Solís Contreras, ocurridos el 22 de octubre de 2012 en la carretera a Cuauhtémoc.
El matrimonio también lideraba la lucha por el agua en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura en la región noroeste, zona controlada durante más de una década por el grupo delictivo La Línea y ahora disputada por el cártel de Sinaloa.
“Los tres niveles de gobierno ya deben asumir su responsabilidad y dejar de politizar el problema de inseguridad que vivimos. Javier Corral ha utilizado la Fiscalía General del estado para la investigación de César Duarte (el exgobernador prófugo) y a las víctimas nos ha maltratado su gobierno. No hay interlocución con el fiscal general. Sigue la impunidad en todos los demás casos, sólo el de Duarte se atiende”, señaló a Apro Joaquín Solorio.
Añadió: “El estado tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación, porque es coincidente cómo, cuando el asesinato de Ismael y Manuelita, amenazaron de muerte a Martín Solís y a ‘Yaco’ (Eraclio Rodríguez). Luego, ahora vuelven a amenazar a Martín y a ‘Yaco’ y la agresión se da a otros compañeros que no son visibles”.
Según fuentes extraoficiales, Ramón Hernández tenía conflicto con su hermano José Evert Hernández Nevárez –capturado durante un operativo y posteriormente liberado–, presuntamente cercano al grupo delictivo que lideraba Carlos Arturo Quintana, “El 80”, detenido el mes pasado.
