El gobierno de Estados Unidos anunció ayer la extradición desde México de Arturo Shows Urquidi, alias “Chous”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa sobre el que pesaba una orden de detención por tráfico de drogas.
La demanda, presentada en el año 2012, acusa formalmente a Urquidi de conspiración para el crimen organizado, posesión de drogas e intención de contrabando en Estados Unidos de más de cinco kilogramos de cocaína y mil kilogramos de mariguana.
El Departamento de Justicia de EU informó en un comunicado que tras su llegada al país, Shows Urquidi fue internado en un centro penitenciario de El Paso (Texas).
Entre los cargos que le atribuye el tribunal texano que lo ha procesado están también el de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero y posesión de armas de fuego.
“El Cártel de Sinaloa ha contrabandeado toneladas y toneladas de cocaína y heroína en nuestro país durante décadas, esta extradición ejemplifica la voluntad de la colaboración policial internacional para desarticular y desmantelar los poderosos cárteles mexicanos”, explicó el agente especial de la DEA Kyle W. Williamson.
El sospechoso, según la acusación, era el responsable de la descarga y carga de cocaína, otras drogas y armas de fuego en los almacenes del Cártel de Sinaloa en Juárez (México).
En abril de 2012, más de dos docenas de cabecillas de esta organización delictiva fueron acusados de cargos federales de extorsión y contrabando, entre los que se incluyó a los dos máximo responsable del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” e Ismael Zambada García alias “Mayo”.
Urquidi, de 47 años, fue presentado para que preste declaración por primera vez ante el tribunal de El Paso que lo procesa, y permanecerá detenido hasta la fecha de su juicio, programado para noviembre próximo. Si finalmente es declarado culpable, el detenido se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.
La semana pasada, en el marco de esta operación, Mario De La O López alias “Flaco”, ex agente de policía del estado mexicano de Chihuahua, fue sentenciado a 27 años de cárcel en relación a actividades directas con esta organización delictiva.
Otros tres acusados en 2012 -Gabino Salas-Valenciano, Jesús Rodrigo Fierro-Ramírez y Emigrio Martínez Jr.- han fallecido, mientras que los 21 cabecillas restantes fueron detenidos o permanecen procesados por las autoridades judiciales de EU.
La acusación se realiza bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (RICO, por sus siglas en inglés), promulgada en 1970 para perseguir a la mafia y que permite la persecución internacional y la sanción civil por actos delictivos cometidos en Estados Unidos.
