Hace días lo mencionamos: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad calificó a Juchitán de Zaragoza, como uno de los diez municipios más violentos del país. La disputa por la plaza entre los cárteles de la droga, está poniendo en serio riesgo las inversiones que ahí se han aventurado. Nadie, insistimos, en su sano juicio, habrá de arriesgar sus capitales en una zona de violencia y crimen; en un espacio geográfico que sin bien cuenta con un rico potencial, está en manos de grupos criminales, bandas comunes y organizaciones sociales que chantajean y extorsionan, con al falaz argumento de que cuidar y protegen la cultura y el territorio indígena. Ya es tiempo de que el gobernador Alejandro Murat más allá de la puesta en marcha del operativo “Juchitán Seguro”, deje de prestarle oídos a la tercia que tiene en las áreas de seguridad, que figuran ser más cómplices de la delincuencia que funcionarios al servicio de la sociedad oaxaqueña. Y en el ámbito del Pacto Federal, exigir apoyo efectivo de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, para salvaguardar la seguridad de los istmeños, que viven acotados no sólo por el abandono de los damnificados de los sismos del año pasado, sino de las tareas que le permitan a la ciudadanía vivir y trabajar en paz.
El viernes 1º. De junio por la madrugada se dio un hecho inusitado, pero que da cuenta del nivel de inseguridad que se vive en nuestra capital istmeña. Un comando armado penetró en la Terminal de Autobuses de Primera Clase, amagó y sometió a quienes estaban ahí, para retener una camioneta de redilas que circulaba por el lugar y utilizarla para arrancar dos cajeros automáticos. Ni Policía Estatal ni Policía Municipal hizo acto de presencia. Existe un temor cerval a enfrentar a estos grupos delictivos, capaces de cebarse sobre la misma sociedad y el gobierno. Sin embargo, lo que la ciudadanía observa es que no hay voluntad política para enfrentar a un grupo criminal que está haciendo de las suyas y masacrando a decenas de ciudadanos en diversas regiones del estado. Es inconcebible que en la primera semana de mayo se hayan dado 35 ejecuciones y 18 en la segunda. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Oaxaca de por sí enfrenta una realidad perniciosa: la pobreza. A ello hay que agregar ahora la inseguridad y la constante amenaza de los grupos criminales. Pero en lugar de tomar acciones enérgicas, el Estado simplemente se ha replegado.
Suspenden campañas
Desde el pasado sábado 2 de junio, luego del asesinato de tres personas, entre ellas Pamela Terán, candidata a síndica municipal en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, con los colores de la coalición “Todos por México”, los candidatos tanto a concejales como a las diputaciones locales y federales, se pronunciaron públicamente en suspender sus campañas de proselitismo en virtud de que no hay garantías para su seguridad. No es la primera vez que lo decimos. Al paso que vamos en breve Oaxaca será un remedo de lo que ocurre en Guerrero. Los candidatos a primeros concejales del ayuntamiento de esta capital istmeña decidieron arriar banderas. Se sabe además, que no solamente quienes buscan ser elegidos como legisladores federales o locales, además de concejales en todo el estado, están bajo amenaza. No hay que esperar el proceso electoral del primero de julio para darse cuenta de un entorno de inseguridad y desconfianza que existe en la política. Sin embargo, todo ello parece no mover la conciencia de los responsables de la seguridad pública en la administración de Alejandro Murat Hinojosa, enajenados en sólo dar cuenta de nimiedades, como es la consignación de alcohólicos detenidos en operativos o automóviles con reporte de robo que fueron recuperados.
La suspensión de las campañas fue nota nacional y una vez más nos puso a los oaxaqueños en el escaparate de la crítica nacional. Lo grave de todo ello es que puede ahuyentar las inversiones que el gobernador Murat Hinojosa tanto se ha empeñado en conseguir tanto en el país como en el extranjero. La violencia prohijada por grupos criminales en el Istmo de Tehuantepec –se diga lo que se diga en contrario- está creando el caldo de cultivo para convertir a ese rico filón de México en un refugio criminal, que desde esa zona estratégica a nivel mundial, pueda controlar el trasiego y tráfico de estupefacientes en Latinoamérica. Hay intereses muy poderosos. Seguir fingiendo demencia es hacerle al sordo y fallarle al pueblo oaxaqueño. Y de continuar las cosas sin ponerle la atención debida puede dejar al descubierto una complicidad peligrosa. Es menester exigir cuentas a quienes tienen a su cargo la delicada tarea de salvaguardar la seguridad pública. No hacerlo y dejar que las cosas sigan creciendo con el alto costo en vidas, es simplemente una irresponsabilidad.
