El sábado pasado, 2 de junio, en la madrugada, un comando acribilló sin más, a la salida de un bar de Juchitán de Zaragoza, a la joven candidata a síndica municipal de dicha población, con los colores de la coalición “Todos por México”, Pamela Iztamaray Terán Pineda, quien se desempeñaba aún como regidora de Energía en el ayuntamiento municipal. Junto con la candidata fueron ejecutados de manera cobarde, el chofer de Pamela, quien era su primo y la joven comunicadora, María del Sol Cruz Jarquín, hija de nuestra compañera y durante muchos años colaboradora de esta casa editorial, Soledad Jarquín Edgar, que cumplía la labor de cubrir los eventos políticos de la campaña de Hageo Montero, candidato a la presidencia municipal y hermano del Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Alejandro Murat, Francisco Montero. María del Sol, cuyo crimen tensó la situación entre el gremio periodístico por la forma tan brutal en la que le segaron la vida, laboraba, justamente, en la dependencia citada, aunque habría sido comisionada en Juchitán. Más allá de buscar responsables, que los hay y son los criminales que segaron estas vidas jóvenes, existe preocupación por la endeble situación del periodismo en circunstancias como ésta, en la que alguien cumple con su tarea sin saber de vendettas, ajustes de cuentas o simples venganzas.
La ejecución –no se puede llamar de otra manera- de la compañera, que estuvo en el lugar y momento equivocados, nos lleva a exigirle a los mandos policiales al servicio de la actual administración, no más declaraciones burdas y torpes, sino acciones concretas. Juchitán ha sido catalogado por el Secretario del Sistema Nacional de Seguridad, como la novena ciudad más violenta del país. En ese sentido, no puede decirse que Oaxaca es un remanso de paz y paraíso de inversiones, cuando el mapa criminal se ha ido consolidando. Sólo en la primera semana de mayo se registraron 35 ejecuciones, cifra que se redujo a 18 en la segunda. Los muertos de manera violenta se cuentan por cientos desde que inició esta administración sin que la Secretaría de Seguridad Pública aplique los conocimientos de su titular para otorgarla a la ciudadanía. Es impresionante que el ejecutivo estatal les siga prestando oídos, cuando la realidad es que en la materia vamos muy mal. La triple ejecución del pasado sábado y particularmente la de María del Sol, nos habrá de ubicar de nueva cuenta en el escenario de ser un pueblo sin ley y sin autoridad.
Cártel 22: Otra vuelta de tuerca
Ayer lunes comenzó de nuevo la amenaza a nuestros derechos civiles. Un segmento de la Sección 22, identificado con el grupo denominado de Los Pozoleros es quien la ha emprendido en contra de la sociedad, en su insano propósito de obtener del gobierno de Alejandro Murat, dádivas y prebendas. No se trata de simples demandas de carácter laboral que, por si no fuera suficiente, el gobierno estatal se deslindó de resolverlas, habida cuenta que están en la cancha del gobierno federal, sino de cuestiones que en reuniones a puerta cerrada, los que hoy mueven los hilos de los bloqueos y el chantaje, pretenden negociar a nivel económico, para levantar el paro de labores y retornar a sus lugares de trabajo. Obvio, los que se esta forma tan ruin quieren seguir extorsionando al gobierno, están confrontados con las bases magisteriales, que el pasado viernes los exhibieron en su Asamblea Estatal Representativa. Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales, Secretario General y de Organización del llamado Cártel 22, además de uno de los operadores de los negocios que se hacen adentro y afuera del Comité Ejecutivo Seccional (CES), José Carlos López, están extralimitándose fuera de los acuerdos con la matriz: la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
En las bases magisteriales –como ya lo hemos dicho- el juego de los dirigentes está al descubierto. Se dice que el mismo Andrés Manuel López Obrador ha enviado a personas de su confianza para que convenzan a los dirigentes ya citados, a fin de que retornen a sus comunidades y permitan que el proceso electoral que se avecina transcurra en paz. Pero a la tríada que mencionamos les vale gorro. Ellos quieren seguir presionando al gobierno de Murat Hinojosa para obtener sumas millonarias que irán a dar a su bolsillo o cuentas millonarias. De esa forma gansteril y leonina ha operado el Cártel 22. Una revisión a la situación económica de sus dirigentes daría muchas sorpresas. Lamentablemente el gobierno estatal sigue cayendo en su juego perverso. Ojalá que aproveche el hartazgo, el cansancio y fastidio que existe ya en las bases, razón por la que una buena parte de la membresía ya no hace caso a sus dirigentes. O por lo menos, que la administración estatal aguante un poco más, obvio, con el sacrificio de la sociedad, para desinflar este desbalagado movimiento.
