Desde la semana pasada, las redes sociales han dado cuenta de los operativos que emprendió la Policía Vial, con el móvil de detectar automóviles con reporte de robo o con papeles falsos, aunque en realidad se trata de intimidar a aquellos que tratando de proteger su bolsillo tuvieron la idea de traerlos con placas de otras entidades del país, en donde el gobierno no cobra tenencia y los derechos vehiculares son relativamente más baratos que en Oaxaca. El sábado 26 de mayo aparecieron en las redes fotografías del aseguramiento de unidades a punta de pistola, lo cual despertó comentarios negativos habida cuenta que no solamente se consideran violatorios al libre tránsito y los derechos civiles consagrados en nuestra Carta Magna, sino además, con afán coercitivo. Esta situación no solamente ha crispado los ánimos de la ciudadanía, sino además, ha concitado la idea de muchos de recurrir al amparo de la Justicia de la Unión, dado que se está conculcado el derecho que le asume a cada propietario de solicitar las placas vehiculares donde mejor le parezca. Y es una de las exigencias de los elementos de la Policía Vial en los operativos es que de traer placas foráneas, los conductores deben acreditar con comprobantes de domicilio.
Esta situación, que es inédita, está generando una grave inconformidad que se da, justamente, cuando inician las movilizaciones del Cártel 22, en sí molestas para la ciudadanía. No se ha entendido que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos en vísperas de un proceso electoral que a todas luces se advierte competido y participativo. Si lo que la actual administración requiere no es publicidad por estar en veda electoral, en nada le beneficia tenerla de manera negativa. Hasta el momento, todos los medios de comunicación impresos y electrónicos han tratado el tema de los operativos viales, con el estigma de lo ilegal y la crítica ciudadana. Si lo que pretende la Secretaría de Finanzas es obtener más recursos por la vía del pago de tenencia o derechos vehiculares, el método no es el adecuado y terminará con una justificada crispación social. No tarda en que al automovilista circule con su amparo en la bolsa o la guantera y lo que inició con un propósito sano de procurar recursos para el gobierno, puede terminar como un rotundo fracaso ante la ciudadanía.
Membretes y más membretes
Es impresionante la proliferación de organizaciones y membretes. Algunos con nombres tan largos que es un reto a la memoria. Por ejemplo, la semana pasada realizaron protestas dos organismos que pocos conocen, pero que con la anuencia o complicidad del poder público han emergido de la nada: el Movimiento Social por la Tierra (MST) o la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Educación Pública Gratuita y los Derechos Humanos. El primero protestó frente a las oficinas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el segundo frente al palacio de gobierno. No hace falta ser un sabio para conocer sus peticiones: dinero y dinero. Muchos nos preguntamos: ¿en base a qué o con el respaldo de qué los dirigentes de dichos membretes exigen al gobierno la satisfacción de demandas de poco se sabe quiénes? La llamada lucha social ha devenido en Oaxaca en los últimos veinte años al menos, un gran negocio. La industria más rentable es el chantaje, la presión, la amenaza y la extorsión. Como se ha visto que con un bloqueo a cualquier vialidad u oficina pública la administración estatal dobla las manos y entrega dinero debajo de la mesa, no han faltado los vividores que con el ardid de luchar por los indígenas o la tierra o la cultura, hacen de dichas banderas un gran negocio.
No es fortuita nuestra insistencia en torno e este tema. Es impresionante que en Oaxaca, una entidad cuyo gobierno en estos momentos padece una notable recesión económica, haya más de cuatrocientas organizaciones sociales que pretenden vivir de las dádivas de ese gobierno indigente económicamente. Y conforme se acerca la temporada de la movilización magisterial, normalmente en mayo o junio, dichos dirigentes aprovechan para buscar la interlocución con el gobierno, que éste los siente en las mesas de negociación y de ahí salgan con las alforjas llenas. Sin tener representación legal alguna; sin que nadie los haya elegido en las comunidades, se asumen gestores de las mismas para lucrar con los apoyos que éstas puedan lograr del gobierno. Por ello es común que lleguen con un directorio enorme de peticiones y demandas, algunas de ellas maquilladas como proyectos productivos, que lo son, sí, pero para quienes manipulan o manejan a la gente. La Secretaría General de Gobierno, que es la responsable de tratar con este tipo de organizaciones y membretes debe poner un alto a la proliferación de las mismas.
